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Una iniciativa que podría alterar la forma en que hoy están organizados los equipos de fútbol en Colombia está a punto de ser estudiada en el Congreso. Con el objetivo de reducir costos, sacar de la quiebra a los clubes y promover reglas de juego equitativas, la Dimayor y la Superintendencia de Sociedades impulsan la creación de las sociedades por acciones simplificadas deportivas (SASD). Una propuesta que ya tiene un fuerte contradictor. En criterio de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), se trata de una medida que significaría el regreso a los días oscuros del fútbol colombiano, con dineros de dudosa procedencia y la figura del único dueño, o el patrón.
“Esta posible ley es explícitamente una afrenta contra la democratización de los clubes y promueve la existencia de la sociedad unipersonal. Con esta situación, a diferencia de la sociedad anónima, que exige un número mínimo de socios, se podría beneficiar a reconocidas figuras del fútbol colombiano que siempre han buscado ser propietarios únicos de los clubes. Tampoco exige un capital mínimo de constitución y patrimonio líquido permanente, una figura que les ha garantizado a los trabajadores y jugadores de clubes profesionales el cumplimiento de sus obligaciones salariales, parafiscales y pagos de seguridad social”, indicó Carlos González Puche, director de Acolfutpro.
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El proyecto de ley 036 de 2018, “por medio del cual se crean las SASD”, surgió con la idea de extender los beneficios de las sociedades por acciones simplificadas a las empresas dedicadas a cualquier actividad deportiva, más allá del fútbol. Lo que se quiere es que los tenistas, los golfistas o cualquier deportista de alto rendimiento pueda ingresar al mundo empresarial, crear su propia marca y no tener que registrar sus ingresos por medio de un modelo obsoleto como el de las asociaciones o sociedades sin ánimo de lucro. Es más, en la creación de esta ley para intervenir en el deporte se tomaron como referencia los modelos de países como España, Italia, Francia y Portugal.
En contraste con la postura de Acolfutpro, uno de los principales defensores del proyecto es el exsuperintendente de Sociedades Francisco Reyes, creador de la ley. Reyes aseguró que la nueva legislación trae grandes ventajas, pues aumentaría la transparencia, permitiría crear un gobierno corporativo y facilitaría procesos administrativos como los trámites de constitución, procesos de insolvencia o su liquidación. Además, insistió, el proyecto da la posibilidad de que las sociedades sean unipersonales o pluripersonales, facilitando su capitalización a través de la emisión de distintos tipos de acciones y reduciendo costos transaccionales.
“De nada sirve tener la actividad deportiva mimetizada bajo la falsa idea de que son actividades sin ánimo de lucro, cuando en realidad es un multimillonario negocio que deja enormes rendimientos a la economía, crea empleo y genera riqueza a los accionistas que inviertan en este tipo de emprendimientos, como los equipos de fútbol. La boletería, la mercancía que se vende, los patrocinios y todo lo relacionado con la promoción del deporte son temas de naturaleza mercantil, por lo que las reglas de las actividades sin ánimo de lucro hoy son obsoletas. Además, limitan la responsabilidad administrativa de los accionistas”, indicó Francisco Reyes, exsuperintendente de Sociedades.
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Si bien es una ley pensada para impulsar la creación de empresa en el mundo del deporte —que en el caso del fútbol tiene en la Dimayor uno de sus principales defensores—, para la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales es un riesgo que se llegue a abrir paso este modelo societario para los clubes nacionales. El director de Acolfutpro hizo un análisis del proyecto y encontró que el mismo texto remite a artículos inexistentes dentro de la ley —el proyecto tiene 71 artículos y hace referencia a numerales como 130 y 131—, y que afecta gravemente la democratización de los equipos, elimina la exigencia de un capital mínimo o patrimonio permanente y permite el regreso de la figura del patrón al fútbol.
Según González Puche, el proyecto reconoce los avances de la Ley 445 de 2011, que permitió la conversión de clubes deportivos de sociedades sin ánimo de lucro en sociedades anónimas, pues se aumentó la transparencia, se acogieron estándares de gobierno corporativo, se exigió un capital mínimo y patrimonio permanente, y se permitió la democratización del fútbol. Manifestó que, si bien existe una disparidad con los clubes que no han hecho el proceso de conversión y el nuevo proyecto busca equidad reduciendo los costos de la transformación a una sociedad mercantil, la solución adecuada no es imponer ahora el modelo de las SAS, pues la realidad es que el 88,8 % de los equipos actualmente son sociedades anónimas.
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Otra de las preocupaciones de Acolfutpro es que el proyecto de ley desconoce la historia de lo que ha sido el fútbol colombiano, porque no recuerda, de manera reiterada, que los clubes no cumplían con las obligaciones fiscales y laborales. “La exigencia de un patrimonio permanente fue una garantía que consiguieron los jugadores de fútbol en su lucha histórica por garantizar el pago de su salario y de la seguridad social”, enfatizó Puche. Añadió que en el pasado los equipos fueron controlados por personas y capitales de dudosa procedencia, por lo que el retorno de la figura del único dueño es un riesgo para el fútbol y sus controles para evitar dineros del narcotráfico.
Frente a estas críticas, Francisco Reyes explicó que imponer estructuras de democratización en la práctica no funciona: “En muchos clubes deportivos la mayoría de las acciones la tiene una sola persona o un grupo familiar. La nueva iniciativa no impide que se dé una emisión pública de acciones y que se tenga infinidad de accionistas. Si es un problema de interpretación del proyecto, se puede aclarar en los debates parlamentarios, porque el texto no es inmodificable”. También explicó que este modelo prevé la necesidad de que se sigan cumpliendo los controles contra el lavado de activos, por lo que no entiende la crítica. “Si quieren se puede crear un artículo en la norma para que quede más explícito”, agregó.
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Francisco Reyes también rechazó los reparos que piden mantener un mecanismo de patrimonio permanente y sobre la limitación de responsabilidad de los accionistas. “En la práctica, esos requisitos no han dado grandes resultados. Hoy, organizaciones como el Banco Mundial y otras especializadas en derecho mercantil internacional desechan por completo la idea de que ese modelo proteja a los acreedores. Además, actualmente hay cinco equipos profesionales en proceso de reorganización por la imposibilidad de pagar deudas. Todo depende de los flujos, y si la idea es crear límites de capitalización en ciertos deportes, eso desmotiva a ciertos empresarios por los excesivos requisitos que deberían cumplir para invertir”.
Entre las observaciones que hace Acolfutpro hay una contra las facultades que la ley otorga a Coldeportes para resolver conflictos societarios. Para González Puche sería un error que a una entidad creada para la promoción del deporte se le asignen funciones de la Supersociedades que, para él, ha tenido un rol de importante en el control de los clubes profesionales. Además recalcó que el proyecto vuelve facultativas y no obligatorias las tareas de verificación de los equipos de fútbol. Por su parte, Francisco Reyes explicó que la idea surgió porque Coldeportes es el mismo organismo que otorga la ficha, por lo que se intentó darle competencia para resolver temas jurídicos y no congestionar el foro de otras entidades.
El tema entrará en discusión en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes en los próximos días. Sin embargo, ya fue radicada una ponencia negativa por parte de los siete congresistas escogidos para estudiar el proyecto. Aun así, las cartas todavía no están destapadas y la ley podría no hundirse. Acolfutpro sostiene que, si bien puede beneficiar la actividad comercial en muchos deportes, en el fútbol sería un modelo totalmente nefasto, pues en más de 100 años de historia se ha observado cómo los dineros de la mafia, los intereses particulares y la violación de derechos de jugadores ha sido una constante cuando se otorgan beneficios y se reducen los controles.
Una foto histórica
En octubre de 1981 se publicó una foto histórica que se convirtió en la primera evidencia de que los dineros del narcotráfico estaban tocando las puertas del fútbol profesional colombiano. El protagonista de la imagen era Hernán Botero Moreno, presidente de Atlético Nacional, quien posteriormente se convirtió en el primer colombiano en ser extraditado a Estados Unidos.
La foto, tomada por el reportero gráfico de El Espectador Alfonso Benavides, se dio en medio de una airada protesta de Botero y el entonces comisario internacional de automovilismo, Gilberto Molina, con el árbitro que pitaba el clásico paisa. La acción del presidente de Atlético Nacional se dio luego de que el juez Orlando Sánchez pitara un penal en contra y expulsara a dos jugadores.
Al término del partido, que terminó 4-3 a favor de Independiente Medellín, Hernán Botero dijo que “el pito se había dejado comprar”. Más allá de un simple reclamo arbitral, la foto se convirtió en un emblema de lo que fue el narcotráfico y el fútbol en los 80.
*Puede contactarse con la Unidad de Investigación a través del correo investigacionee@elespectador.com
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