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A tres semanas de las elecciones presidenciales no se inicia lo que debió comenzar a la semana siguiente de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo: una auditoría internacional que garantice que ninguno de los candidatos argumente el fraude como la razón de su derrota. Fueron tan protuberantes los errores del 13 de marzo que, en carta dirigida al Ministerio de Hacienda fechada el 21 de abril, la propia Registraduría lo resaltó como hecho sobreviniente para justificar la solicitud de contratar esa auditoría con premura. El pasado lunes, 2 de mayo, el Gobierno autorizó $3.277 millones.
En un proceso electoral que tiene al país con los nervios de punta, “cualquier medida que dé garantías y confianza a la sociedad vale la pena”, comentó Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), quien reconoció que la actual administración de la Registraduría hizo un cambio y limitó la participación activa de las organizaciones y el acceso a información. “Sigue faltando información clara y precisa y eso nos llevó a este punto de desconfianza en el que estamos”.
Mucho más con los antecedentes recientes que comprometen a la organización electoral y con la atmósfera de dudas que prevalece en el actual proceso político. “No existe la posibilidad de un fraude electoral”, dice con insistencia el registrador Alexánder Vega. Pero después del 13 de marzo, los ojos del país están puestos sobre un proceso electoral en entredicho.
La Registraduría depositó su confianza en dos empresas. En un proceso de selección abreviada con un proponente, en septiembre de 2021, concertó un contrato por $1,2 billones con la Unión Temporal Disproel, liderada por la firma Thomas Greg & Sons, con experiencia en otros procesos electorales. El propósito principal fue el desarrollo de un software para información de escrutinios zonales y departamentales. Pero, además, en un proceso súbito, en diciembre del mismo año, contrató también a la empresa española Indra la adquisición de un software para escrutinio nacional.
“Cualquier medida que dé garantías y confianza a la sociedad vale la pena”
, comentó Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), sobre la auditoría internacional a los “softwares” de las elecciones que se abrió camino esta semana.
En desarrollo del contrato con Disproel, del 22 de octubre al 2 de noviembre de 2021, se realizó una auditoría con la firma JAHV MacGregor, cuyos resultados conoce la Registraduría. Sin embargo, de acuerdo con su solicitud presupuestal, ahora requiere una nueva auditoría, pues admitió que, el pasado abril, “la casuística de los hechos suscitados durante el desarrollo de las elecciones legislativas sugiere la existencia de problemas técnicos en los sistemas informáticos y apuros para finalizar a tiempo la constitución del sistema de escrutinio a nivel nacional”.
La alarma la encendió el Consejo Nacional Electoral, cuyo magistrado Luis Guillermo Pérez viene documentando el atraso del Estado para salir al paso a esta coyuntura. “Después de las elecciones legislativas, el registrador manifestó su compromiso de que el software de los escrutinios del proceso esté a cargo de la organización electoral. Eso se cumple parcialmente, porque el grueso del manejo a nivel municipal, distrital, departamental y de la votación en el exterior se hace a través de Disproel, el consorcio que dirige Thomas Greg & Sons, encargado de los procesos electorales de los últimos lustros”, dijo el magistrado Pérez y aclaró que él siempre le pidió al Consejo Nacional Electoral obtener una auditoría independiente y que, de hecho, el registrador firmó un otrosí con la firma MacGregor para auditar el software de Indra.
“Sin embargo, insistí en nuestra propia auditoría, porque somos el máximo órgano de inspección, control y vigilancia del proceso electoral. Finalmente, mis colegas lo aceptaron después de las irregularidades del 13 de marzo, que se presentaron en distintos asuntos, como el software de inscripción de cédulas de manera digital, el de selección de testigos electorales, jurados, Infovotantes y preconteo. Por eso esperamos que, a más tardar la semana próxima, pueda iniciarse esta auditoría independiente. En la actualidad, la lucha es contra el tiempo. Toda la ciudadanía requiere tranquilidad”, señaló Pérez.
El Consejo Nacional Electoral ya solicitó al registrador que les envíe copia a todos los magistrados sobre los resultados de la auditoría que realizó la firma MacGregor. En cualquier caso, el consenso es que las evidentes inconsistencias entre la información de los formularios E14 de los jurados y los E24 de los escrutadores no se pueden repetir. Además, en el pasado reciente existen antecedentes que prueban el mismo patrón para defraudar a la democracia. En 2018, por ejemplo, el Consejo de Estado tuvo que restituir tres curules al Movimiento Mira que había ganado legítimamente en 2014.
En esa sentencia, se constató el mismo vacío en las actas de escrutinio de jurados y escrutadores. Por eso, la Registraduría insiste en reforzar el control preventivo, con un objetivo adicional: evitar riesgos de orden público, porque “las fallas técnicas suelen señalarse como actuaciones irregulares o fraudulentas”. Como afirmó Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, “el que pierda va a tener el comodín del fraude” y, en esa medida, toda sombra de hacker o de injerencia extranjera cuenta en un proceso electoral de extremas suspicacias.
Botero aclaró que la Registraduría siempre ha contratado una auditoría interna, pero nunca se ha conocido su informe y además siempre dice que todo está bien. En el caso actual, “la auditoría que la Registraduría había contratado fue solo para el software del consorcio Disproel. La contratación que se hizo con la firma Indra no incluyó una auditoría; pero, a raíz de las discusiones que se presentaron, el organismo le hizo un otrosí a MacGregor para que revisara este software”. Ahora el dilema a la vista es el tiempo que falta, apenas tres semanas.
“Insistí en nuestra propia auditoría, porque somos el máximo órgano de inspección, control y vigilancia del proceso electoral. Finalmente, mis colegas lo aceptaron después de las irregularidades del 13 de marzo, que se presentaron en distintos asuntos, como el software de inscripción de cédulas de manera digital, el de selección de testigos electorales, jurados, Infovotantes y preconteo”,
aseguró el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez.
En criterio de Catalina Botero, una auditoría usualmente se debe hacer mínimo seis meses antes de las elecciones, para hacer pruebas y ajustes. Por eso, “lo que va a servir es para que el Consejo Nacional Electoral entienda en qué situación está. El problema de fondo es que se siguen incorporando tecnologías sin la capacidad de entenderlas. En el caso del movimiento Mira, el software que se usó fue vulnerable y no permitió trazabilidad en la suma de votos. Ahora, no hay información disponible ni auditoría independiente que haga pruebas y eso genera desconfianza”.
Por su parte, la firma española Indra aseguró que su software “está dentro de los estándares más novedosos y seguros a nivel mundial, garantizando la auditoría y seguridad del proceso electoral” y que el software de escrutinio contará con una infraestructura ubicada en un centro de datos (data center) en Colombia “con las máximas medidas de seguridad”.
Sin embargo, el clima ha estado enrarecido e incluso se han sumado las declaraciones que hizo Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, en febrero de 2022, durante una visita al país: “Nuestro deseo es que Colombia tenga elecciones libres y justas, y nosotros los debemos salvaguardar de actores externos interesados en manipularlas, tal como lo han intentado hacer en otras partes del mundo”. El presidente Duque añadió la necesidad de “compartir información donde se pueda identificar cualquier injerencia o intento de influencia extranjera”.
Ni la diplomática estadounidense ni el presidente Duque apuntaron sus advertencias a la manipulación del software o al caos en las actas de los jurados y los escrutadores. Sus dudas se extendieron más hacia el escenario de las ciberamenazas; es decir, la presencia de posibles delincuentes en los sistemas informáticos para extraer datos o montar estrategias de comunicación artificial, como sucedió en Estados Unidos durante las elecciones que le dieron la victoria a Donald Trump.
En síntesis, a 21 días de la primera vuelta para escoger al mandatario que deberá gobernar a Colombia hasta 2026, además de la disputa por los votos en las plazas públicas, los medios de comunicación o las redes sociales, los colombianos tienen centrado el foco en la Registraduría. El 13 de marzo cerca de 18.034.781 de colombianos salieron a votar, de un total de 38.819.901 que estaban habilitados para los comicios. El próximo 29 de mayo, la cifra puede ser igual o superior, pero, a pesar de que sigue siendo corta en términos de participación electoral, toda Colombia requiere un sistema de información confiable que defina oportunamente quién es el ganador.
Al cierre de esta edición, los interesados en el proceso electoral seguían pendientes de la elección de la firma que tendrá escasos días para realizar la auditoría internacional que le dé al proceso el último blindaje de independencia. Las empresas Ultratech, CGTS y Datasys están en el abanico de posibilidades. Una de ellas, tendrá la responsabilidad no solo de revisar los softwares, los procesos de cedulación y toda la confidencialidad y trazabilidad de la transmisión de datos, sino de garantizar que no se pierdan los sufragios en las mesas de votación, como ocurrió el 13 de marzo.
Entre tanto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las medidas cautelares que solicitó un abogado para suspender al registrador Alexánder Vega, al argumentar que no le corresponde decidir sobre la suspensión del funcionario, dado que la Procuraduría es la entidad que debe hacerse cargo de las denuncias. Desde el 13 de marzo, se presentaron más de 1.600 quejas, de las cuales 33 resultaron en apertura de expedientes. Eso sí, mientras la Procuraduría toma cartas en el asunto, el Tribunal de Cundinamarca se comprometió a realizar seguimiento a las elecciones presidenciales.
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