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En 1984, los hermanos Jaime, Juan Camilo y Diego Felipe Arboleda Holguín* compraron una finca en el municipio de Maceo, Antioquia (Magdalena Medio), que pensaban usar para sus vacaciones familiares. Con el tiempo, se enteraron de que estaban parados en un tesoro: en el subsuelo de su predio, Monterrey, hay yacimientos de mármol, yeso y piedra caliza, con los que se pueden fabricar hasta dos millones de toneladas de cemento al año. Lo que aventuraba ser la oportunidad de sus vidas si encontraban un socio que pudiera explotarlos y convertirlos en una de las minas más importantes de Latinoamérica, se convirtió en una historia de mafia, engaño, estafas y hasta corrupción corporativa del más alto nivel.
Hoy sus expectativas están puestas en una tutela que estudia la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con la que buscan recuperar la finca que la Fiscalía les quitó en 2012, en medio de un dudoso proceso de extinción de dominio. Los Arboleda Holguín, que heredaron una ferretería de su padre en Bello (Antioquia) pero que, por el auge de los almacenes de grandes superficies, vieron perecer su negocio familiar, ahora insisten que ni ellos ni su tierra en Maceo tienen que ver con los escándalos en los que se han visto envueltos sus socios: un millonario desfalco a la DIAN por falsas devoluciones del IVA y pagos irregulares de la cementera Cemex en Latinoamérica.
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La decisión de la Corte Suprema de Justicia es crucial para el desenlace de esta historia. Y en el expediente que tiene en su despacho el magistrado ponente José Francisco Acuña, se advierten los detalles de cada hecho que hoy tiene a estos hermanos antioqueños peleando con el gigante cementero, Bancolombia, la Fiscalía y hasta con la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Aunque el escándalo por los pagos irregulares de Cemex estalló en el año 2016, las peripecias judiciales del predio de los Arboleda Holguín comenzaron mucho antes, cuando apareció en su camino un personaje, famoso por sus andanzas en el negocio de la chatarrería: Aldemar Moncada.
Episodio 1: Los Arboleda y Aldemar Moncada
Aunque Moncada se les presentó a los Arboleda Holguín como un reputado hombre de negocios en Antioquia, con empresas, carros lujosos y altísima capacidad crediticia (por cerca de $20 mil millones), fueron esos mismos movimientos y negocios los que años más tarde lo llevaron a la cárcel. Lo cierto es que los hermanos dueños de la finca Monterrey necesitaban un préstamo que los sacara de una hipoteca que no podían pagar y Moncada les entregó $300 millones en 2007. Sin embargo, al año siguiente pidió un cambio en las reglas de juego, al advertir el potencial económico que tenía la mina. Así que decidieron crear la empresa CI Calizas y Minerales del Nordeste en junio de 2008. Los Arboleda se quedaron con el 74 % y su nuevo socio con el 26 % restante.
Moncada entró a la empresa con todo tipo de promesas. Quería capitalizarla, ponerla a funcionar y debutar en el negocio de la minería. Todo en un plazo de tres años. Pero el tiempo fue pasando y sus mentiras empezaron a ser evidentes para los hermanos Arboleda. Ni capitalizó la empresa, como dijo que lo había hecho en un acta de socios, ni compró las máquinas para la extracción. En cambio, sí compró unas para sus negocios de chatarrería. Años después, cuando la verdadera identidad de Moncada quedó en evidencia, salieron a relucir sus intenciones: necesitaba aumentar su capacidad de endeudamiento para consolidar el entramado ilegal con el que defraudó a la DIAN por $36.000 millones.
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En 2010, cuando se cumplieron los tres años en los que Moncada había prometido poner a producir la mina, los hermanos Arboleda lo encararon. No llegaron a ningún acuerdo para seguir como socios o que Moncada respondiera por las deudas en las que metió a la empresa, así que, al final, Moncada les cedió todas sus acciones. No solo las de CI Calizas y Minerales del Nordeste, sino también las que tenía en la zona franca que él mismo creó en la finca Monterrey en enero de 2019. El 27 de septiembre de 2010 se firmó el acta oficial en la que Aldemar Moncada dejó oficialmente en manos de los hermanos Arboleda toda su participación en la mina ubicada en el municipio de Maceo, incluyendo las deudas.
Episodio 2: Los Arboleda y Eugenio Correa
La salida del controvertido Aldemar Moncada de la sociedad de los hermanos Arboleda Holguín resultó, paradójicamente, un lío para la familia. No solo porque no lograron poner a funcionar la preciada mina, sino porque quedaron con todo tipo de deudas, incluidas algunas con Bancolombia. Según un expediente que reposa en el Tribunal de Pereira, el banco demandó a los hermanos por un leasing que le fue otorgado a Moncada para la compra de una máquina (para su negocio de chatarra) que nunca pagó. Aunque en primera instancia la jueza les dio la razón a los Arboleda de que esa máquina no se compró, la entidad bancaria insiste en que los hermanos deben pagar una deuda de un poco más de $1.537 millones.
En síntesis, la salida de Aldemar de todo lo que tuviera que ver con la finca Monterrey no resolvió las dificultades de los Arboleda Restrepo, sino que les generó un sinnúmero de problemas. Meses después de que Moncada les dejó sus acciones, apareció un hombre que, al igual que él, aparentó ser un exitoso hombre de negocios: Eugenio Correa. El empresario se dedicaba a las actividades inmobiliarias a través de su empresa Profit Margin. Además, era miembro de la junta directiva de la empresa Biolodos del Caribe, frecuente viajero a Europa y Asia, propietario de vehículos, casas y fincas, y del criadero San Marcos Rozo, dedicado al levante de equinos para galope y trote. Correa se presentó a los Arboleda como el hombre que podía poner a producir la mina.
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Los hermanos dueños de la tierra se encargaron de revisar el pasado de Correa para evitar que les pasara lo mismo que con Moncada. Nada en su hoja de vida ni en sus antecedentes les llamó la atención. No había nada que les hiciera dudar de sus buenas intenciones. Además, sus conexiones con la cementera mexicana Cemex les dieron algo de tranquilidad, pues se trataba de una multinacional de altísima reputación, cuyos negocios en Colombia y otros países de la región estaban en auge. En consecuencia, Correa persuadió a los Arboleda para que le dieran a él el control total y, de paso, venderle a Cemex la empresa familiar y la mina en Maceo. En noviembre de 2011 se concretó esa designación, a través de un mandato con representación.
Para ese momento, Eugenio Correa ya tenía el visto bueno de la multinacional, con la que firmó un memorando de entendimiento para la compra de CI Calizas y Minerales, sus activos, el predio de la finca Monterrey, la licencia minera, la licencia ambiental y la zona franca. Lo que vino después, hace parte del escándalo judicial en el que ahora están envueltos varios exejecutivos de la cementera y, por supuesto, el hábil Correa. Lo que la Fiscalía ha logrado establecer es que la atractiva mediación de Correa siempre estuvo “envenenada”, pues él y varias personas más, entre ellas el mismo Moncada, planearon toda una telaraña de movidas ilegales para quedarse con el dinero que invirtió Cemex para comprar la mina y así quedarse con ella.
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En esas andanzas ilegales habrían participado Correa, Édgar Ramírez, exvicepresidente de Planeación de Cemex Colombia, y Camilo González, exvicepresidente jurídico de la multinacional en el país. Aunque todos están vinculados a investigaciones penales, solo González ha sido condenado, pues confesó que abusó de las funciones de su cargo para comprar el predio. Cemex alcanzó a invertir más de $42.000 millones para concretar un negocio que, desde su nacimiento, estaba “envenenado” por el turbio pasado de Moncada. Aunque los altos directivos han insistido en que no sabían nada esos antecedentes, lo cierto es que la Fiscalía asegura que, por lo menos González, sí lo sabía.
El negocio entró en crisis el 25 de septiembre de 2012, cuando Moncada fue condenado. Lo que reveló la investigación en su contra es que el Chatarrero, como también ha sido identificado en el expediente judicial, a través de un entramado ilegal, se quedó con más de $36.000 millones a través de devoluciones fraudulentas del IVA. Moncada colaboró con la Fiscalía y a los investigadores les reveló cómo fue que se consumó el millonario desfalco a la DIAN, a través de sus negocios de exportación de chatarra. Solo cinco días después de la decisión que lo encontró culpable de los delitos de fraude procesal, peculado, lavado de activos y concierto para delinquir, Cemex hizo un importante desembolso para quedarse con la mina de los Arboleda.
En paralelo, la Fiscalía siguió su investigación contra Moncada. Después de la condena en su contra, vino la incautación de sus bienes y, mientras que Cemex empezaba a pagar por la adquisición de la mina, los investigadores del CTI dieron con las acciones que tenía Moncada en la finca Monterrey. El 7 de diciembre de 2012, dos meses después de la condena de Moncada y de los primeros desembolsos de Cemex, la Fiscalía inició el proceso de extinción de dominio a los terrenos en el área rural de Maceo. Aunque en los documentos que estudió el ente investigador estaba claro que el predio tenía varios dueños, entre ellos los Arboleda, y varios de sus familiares, la fiscal del caso consideró que la tierra realmente le pertenecía a Moncada.
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Los Arboleda Holguín han intentado explicar a los funcionarios de la Fiscalía que el Chatarrero les cedió todas las acciones de su empresa en 2010, mucho antes de su condena, y que para 2012 Moncada nada tenía que ver con su finca. Además, han insistido en que, en cualquier caso, si la intención del ente investigador es incautarle los bienes a este hombre condenado, debería hacerlo solo sobre el pedazo que le pertenecía de la finca Monterrey. Es decir, que solo extinga el dominio del 26 % de su finca y el 30 % de la zona franca, los porcentajes de las acciones que tuvo Aldemar Moncada hasta 2010. Pero sus intentos han sido en vano.
Episodio 3: Los Arboleda, Cemex y la Sociedad de Activos Especiales (SAE)
Con el escándalo todavía vivo, Cemex continuó la explotación de la mina en Maceo, casi ininterrumpidamente. Lo ha hecho gracias a un contrato gestionado por Camilo González, exvicepresidente jurídico de la multinacional, ya vinculado a las investigaciones penales. Como señaló la Fiscalía, en el llamado a juicio contra Eugenio Correa, “a pesar del conocimiento de la existencia del proceso de extinción de dominio, la empresa decide construir la planta, ya no con base en los memorandos de entendimiento celebrados con CI Calizas, sino sobre la base de recibir dichos predios (finca Monterrey) en arrendamiento y con un contrato de mandato para administración de la mina”. Este arrendamiento se firmó en 2013 con la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
El exvicepresidente Camilo González, además, logró meter otro gol a favor de Cemex: la compañía pagaría solo $1 millón mensuales por el terreno. El predio, para ese momento, estaba en manos del Estado, así que la cementera Cemex firmó el contrato con el funcionario encargado: el depositario que había nombrado la DNE, Yesid Ramírez. Así, a pesar de que se conocía del valor de la mina, se terminó dando en arriendo por un precio insignificante, mientras la cementera sacaba millones de toneladas de sus materias primas. Por años, la compañía explotó el predio de esta manera, extendiendo el contrato con otrosíes, hasta que en 2016 estalló el escándalo por los pagos irregulares que involucran a Édgar Ramírez y Camilo González.
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Cuando el contrato de arrendamiento por la irrisoria cifra de $1 millón se hizo público, la SAE inició “un proceso de negociación con el propósito de obtener un contrato de operación minera con Cemex que reconociera los valores de explotación correspondiente a un estudio técnico de mercado”, le dijo la entidad a este diario. Las negociaciones se concretaron en 2019, con las siguientes condiciones, según dijo Cemex: se fijó el canon de arrendamiento en $49 millones anuales (uno $4,1 millones mensuales); se pagaría ese arriendo de manera retroactiva desde 2013; además de $1.000 millones por lo que CI Calizas dejó de percibir mientras negociaban; un pago retroactivo sobre la caliza ya extraída y el 1% de las ventas.
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La SAE le confirmó a este diario los conceptos por los que Cemex aceptó pagarle a CI Calizas, pero no se refirió a los montos, “ya que dicha información sólo se puede revelar a los entes de control o a las autoridades judiciales”, pues incluyeron una cláusula de confidencialidad al respecto en el contrato, que recibió el visto bueno de la Procuraduría en una conciliación. No obstante, la entidad reconoció: “De no haberse celebrado el contrato de operación minera en dichos términos, probablemente a la fecha CI Calizas y Minerales, se encontraría en un estado de liquidación inminente y sin expectativa alguna de explotación de dicho predio junto con la unidad minera”.
La entidad también se refirió sobre las investigaciones que rodean a Cemex: “Para la fecha de suscripción del contrato de operación minera, Cemex como persona jurídica, no tenía ningún tipo de investigación, vinculación o condena judicial derivada de los hechos, siendo las únicas investigaciones que se encontraban en curso las promovidas contra los ejecutivos que laboraron para Cemex. Sin embargo, en el contrato de operación minera (de 2019) se estipularon cláusulas que dan indemnidad a CI Calizas y Minerales de terminar el contrato en el evento en que Cemex resultare responsable como persona jurídica de actividades de hechos de corrupción relacionadas con la explotación del predio”.
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La Contraloría ya inició una fiscalización a este contrato. En un informe de 46 páginas conocido por este diario, reprochó precisamente esa cláusula, entre otros aspectos de la negociación pactada entre la SAE, Cemex y la Corporación Cementera Latinoamericana. La cláusula dice que el contrato podrá terminarse si se emite sentencia condenatoria, en los Estados Unidos, contra alguna de las empresas. Pero a renglón seguido agrega que la terminación no procede si se llega a un acuerdo con las autoridades judiciales. Para el ente de control, esto “permitiría que aun existiendo hechos de corrupción en los que se encuentre involucrada Cemex el contrato continúe en vigor”.
Para la Contraloría, además, la cláusula tal y como quedó redactada podría ir en contra de varias normas de contratación estatal y del ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, pidió a la Procuraduría investigar al depositario, Néstor Garrido. Uno de los hallazgos tiene que ver con que la zona franca que hace parte de las propiedades de los Arboleda Holguín desde 2015 pidió una serie de créditos por más de US$70 millones que no ha pagado juiciosamente, con lo cual la deuda sólo se incrementa. El hecho está siendo indagado por el ente fiscal, pues la SAE no logró justificarse a cabalidad.
Pese a que en 2015 el propio Moncada aclaró que nada tenía que ver con la finca o con los Arboleda, la Fiscalía no ha modificado su decisión de considerar a los hermanos como terceros de buena fe. Por eso, los Arboleda Holguín recurrieron a otras instancias judiciales para exponer su caso. La tutela que estudia la Corte Suprema es clave, pues allí quieren probar que son terceros de buena fe. Y mientras los Arboleda no han podido ni regresar ni explotar su tierra, la historia del gigante del cemento, Cemex, es bien diferente. El Espectador trató de contactar a la cementera a través de su representante legal, pero la respuesta fue que no podía referirse a este tema, pues las investigaciones judiciales avanzan.
*Los nombres de los personajes de esta historia fueron cambiados por su seguridad.
Los peros al contrato de confidencialidad de la SAE y Cemex
Jesús Albeiro Yepes, abogado de los hermanos Arboleda Holguín, quienes tienen la titularidad del predio en Maceo, reprochó que la SAE haya accedido a firmar un contrato confidencial, siendo una entidad pública y tratándose de bienes bajo tutela del Estado. “Estamos frente a un caso patético de despojo a unos campesinos humildes de la riqueza de minas de caliza más grandes que hoy existen en América Latina”, explicó el jurista, quien añadió que le parece extraño que, tratándose de una entidad que administra bienes, que son resultado de acciones para defender la moralidad pública, sus funcionarios “puedan tener acuerdos ocultos con empresas privadas”.
Yepes señaló, además, que el contrato de arrendamiento que renegoció la SAE en 2019 es “ficción”. Y explicó: “Estamos frente a cualquier cosa, pero pno frente a un contrato de arrendamiento. Solo es ver la magnitud de la riqueza, el potencial de la mina, y ver que el precio es $4 millones mensuales y 0,9 % del valor de producción. Eso es una mentira”. El representante de la familia Arboleda no ocultó su frustración por cómo ha avanzado el caso en el sistema judicial pues, asegura, todas las decisiones han estado dirigidas a entregar esa riqueza, propiedad en parte los campesinos que defiende, a una multinacional “a precio de nada o a precio de huevo”.
“Esta familia se ha visto arrastrada, primero, por la necesidad. Han sido víctimas como de una cascada: pobreza, Moncada, de los acuerdos, los intereses financieros de unos bancos y, ahora, del accionar del Estado. La peor tragedia de un ciudadano es saber que las instituciones encargadas de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, se conviertan en el persecutor de ellos mismos. Por eso pedimos a otras entidades que puedan contrarrestar ese poder. Confiamos en los jueces y en que la Fiscalía puede darse cuenta de las injusticias en este caso”, concluyó
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