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Jaime Pardo Leal fue un pionero en muchos ámbitos. Fue el primer candidato presidencial del primer partido abiertamente de izquierda en Colombia: la Unión Patriótica. Siendo su asesor legal, había impulsado la creación de una de las primeras centrales de sindicatos, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Él mismo, como juez, fue uno de los fundadores del primer sindicato de trabajadores de la rama judicial, Asonal. Hasta que lo asesinaron, hoy hace 35 años, en un crimen por el que solo resultaron condenados los sicarios.
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En los ochenta, la Unión Patriótica había nacido como una expresión política de la exguerrilla de las Farc de cara a un proceso de paz con el gobierno de Belisario Betancur. Pero Pardo Leal fue crítico de la lucha armada. “No está bien matar. Los que más sufren son indudablemente los guerrilleros. Es un sacrificio inmenso para el país y para ellos. Nadie quiere morir, ni menos recurrir a la violencia”, dijo en una entrevista con Yamid Amat en 1986. Y su asesinato fue lo que le puso punto final a cualquier atisbo de negociación.
“El 11 de octubre de 1987 sicarios al servicio de Gonzalo Rodríguez Gacha y la alianza paramilitar que, podría decirse, tenían también su ‘república independiente’ en el Magdalena Medio, asesinaron a Jaime Pardo Leal. Al día siguiente, las FARC-EP anunciaron conjuntamente el fin de la tregua y la inminencia de la unidad de las guerrillas”, asegura la Comisión de la Verdad en su volumen No Matarás. El año anterior, Pardo había conseguido el 10% de los votos en las elecciones que le dieron la Presidencia a Virgilio Barco, lo que lo había llevado al tercer puesto. Toda una hazaña para un candidato de izquierda en medio del sistema político bipartidista de entonces.
Su nombre ya sonaba para ser candidato a las elecciones siguientes, en las que se perfilaba como favorito el líder del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán. Pero a Pardo Leal lo asesinaron antes de que los colombianos pudieran ir a las urnas. Luego, asesinaron a Bernardo Jaramillo Ossa, el siguiente candidato que ungió la Unión Patriótica. También fueron baleados Galán y el excomandante de la recién desmovilizada guerrilla del M-19, Carlos Pizarro Leongómez. Cuatro magnicidios en una sola elección que, a juicio de la Comisión de la Verdad, “conllevó el cierre de las posibilidades políticas de la alternancia democrática por parte de grupos de oposición”.
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Según la Corporación Reiniciar, que documenta y defiende a las víctimas del exterminio de la UP, hay varios elementos claves en el contexto del homicidio de Pardo Leal en 1987. Por ejemplo, que para ese tiempo había denunciado los vínculos y alianzas de narcotraficantes, paramilitares, terratenientes y miembros de la Fuerza Pública. También había denunciado en el Congreso el rol de altos mandos del Ejército en la arremetida violenta de desapariciones y asesinatos contra miembros de la Unión Patriótica. En medio de esto, además, Pardo había recibido amenazas.
Hasta que el 11 de octubre de 1987, cuando regresaba de una finca que tenía con su familia en La Mesa (Cundinamarca), y sicarios lo ultimaron. “Esto mostró cómo el narcotráfico se metió en la lucha contrainsurgente y de ataque a la apertura democrática y al proceso de diálogos para la paz que suponía la UP”, aseguró en su Informe Final la Comisión de la Verdad. La justicia solo persiguió a los cuatro sicarios que participaron directamente del homicidio, tres de los cuales fueron asesinados después. Gonzalo Rodríguez Gacha luego murió y hasta ahí llegaron las pesquisas.
Terminó siendo víctima de algo que él mismo había denunciado: la inoperancia de la justicia para investigar las agresiones contra miembros de la UP. Cuando lo hacía, hablaba con la autoridad moral de un hombre que pasó buena parte de su vida profesional en la rama judicial. Fue juez penal y luego magistrado del Tribunal de Bogotá. Nunca escondió sus posturas políticas, lo que le costó que no lo eligieran magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de contar con creces con las credenciales, y que tampoco lo reeligieran en el Tribunal, en 1985.
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Molestos con tremenda injusticia, miembros de Asonal lo despidieron de la ram en un acto de desagravio en el que Pardo Leal dijo: “Cómo me duele irme de la rama jurisdiccional; siento que me han desprendido algo epicentral de mi alma, donde estuve siempre, dictando providencias a nombre de la República, sustentadas en el derecho interpretado creadoramente, donde no recuerdo jamás, siendo un marxista convencido, que hubiese puesto la prevaricación por encima de mis decisiones de juez. No tengo por qué decir que he sido honesto, porque he sido siempre un revolucionario y no hay persona más honesta que nosotros los revolucionarios”.
El asesinato de Pardo Leal está enmarcado en lo que, a juicio de la Comisión de la Verdad, fue un genocidio. En el volumen Hasta la guerra tiene límites, dice: “La violencia se orientó contra liderazgos de la organización que dinamizaban la vida política del grupo. En esa medida, el ataque tenía la intención de destruir al grupo político, un elemento central que permite calificar este crimen como un genocidio”. Según la Comisión, Pardo fue incluido en actas de consejos de ministros en la época del Estatuto de Seguridad, en circunstancias sin esclarecer. Otros líderes de izquierda incluidos en esos documentos sufrieron también atentados, como Aida Avella o José Antequera.
El homicidio ahora es investigado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dentro del macrocaso 06, centrado en el exterminio de la UP y que calcula que hubo 5.733 víctimas ente militantes y no militantes. Pardo Leal también hace parte de los miles de víctimas que esperan un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está próxima a emitir una sentencia que determinará si el Estado colombiano fue responsable de la aniquilación de la Unión Patriótica.
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