99 carros del Congreso habrían sido subastados irregularmente

“Se han encontrado posibles irregularidades en la contratación que se hizo en el Senado para la subasta de varios vehículos que ya se habían dado de baja”, anunció Carlos Fernando Guerrero, director Anticorrupción de la Fiscalía. El funcionario agregó que “99 vehículos estarían en situación de irregularidad”.

No es un simple lío administrativo. Hace menos de dos meses, el 5 de abril, detuvieron en una vía del norte de Bogotá a Luis Javier Rojas Morera, el hijo de la directora financiera y presupuestal del Senado, Magdalena Morera. Llevaba $613 millones en efectivo en un carro que había sido del Senado y que, se suponía, había sido subastado.

Luego vino la segunda alarma: el 19 de mayo fue arrestado el exparamilitar Jairo López Montero, alias Katrina, también mientras se movía en una camioneta que había sido del Senado y que, en teoría había sido rematada. Katrina, a diferencia de Luis Javier Rojas Morera, era buscado porque tenía órdenes de captura por delitos como extorsión, homicidio y concierto para delinquir.

Desde que Luis Javier Rojas Morera fue detenido, a raíz de que un informante le informó a la Policía que en ese carro se movía dinero de bandas criminales para ser lavado –hasta la DEA participó en el operativo-, en la Fiscalía se empezó a analizar cómo un carro del Congreso había terminado en manos de terceros.

Para subastar el lote de carros del Senado sobre el que hoy recaen las sospechas se había contratado a la empresa Comercializadora Nave Ltda., cuyo representante legal es Nazareno Conrado. Él, explicó el fiscal Carlos Fernando, fue llamado a interrogatorio. Es decir, fue citado a la Fiscalía para responder ciertos interrogantes, aunque puede no asistir si así lo desea y todavía no hay investigación formal abierta.

También fue llamado a interrogatorio Edgar Israel Molina, representante legal de Servicios Integrados Automotriz Ltda. Esa fue la empresa que Nave Ltda subcontrató para hacer la subasta de los carros que ahora están apareciendo en poder de particulares, pero con las tarjetas de propiedad a nombre del Senado

Los carros del Senado, por ejemplo, no pueden ser detenidos por la Policía. Por eso la Fiscalía cree que estarían siendo usados para cometer delitos.

Argemiro Bayona, actual jefe de bienes del Senado, también fue llamado a interrogatorio. El fiscal Guerrero señaló que a él podrían investigarlo por el delito de prevaricato por omisión (actuar contra las normas), “por no haber hecho control de los bienes que salen del Senado”. Guerrero advirtió también: “Es posible que en próximos días convoquemos a otras personas, funcionarios públicos”. Por ahora, el CTI seguirá haciendo sus pesquisas en el Senado.