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El primero fungía como rector de la Universidad de Cartagena en la época de los hechos; la segunda, como gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital de Cartagena (Corvivienda); y el tercero, como director del Establecimiento Público Ambiental (EPA).
El organismo comenzó la investigación por un informe que presentaron agentes del DAS, quienes detectaron irregularidades en unos convenios interadministrativos. Por la construcción de unas obras civiles, el centro educativo y el EPA firmaron un contrato por $1.200 millones, y por la realización de viviendas de interés social, la universidad pactó con Corvivienda un contrato por más de $3.000 millones.
La Fiscalía consideró que las instituciones debieron haber abierto una licitación y que la institución educativa debió haber presentado una propuesta entre varios competidores, para hacer de este un proceso transparente. Dijo la Fiscalía que la universidad, el EPA y Corvivienda desconocieron los principios de contratación estatal, como lo son la selección objetiva y la planeación.
Hernández, Álvarez y Mateus también fueron investigados por peculado, pero la Fiscalía concluyó que tal delito no se había cometido. En su defensa, el ex rector explicó que había recurrido a tales proyectos porque la universidad, con un déficit de $8.000 millones, no estaba recibiendo fondos del departamento.
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