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La Fiscalía General acusó a Francis Alberto Bretton Badel, funcionario de Cemex; al representante legal de la Asociación Colombiana de Productores de Concreto (Asocreto), José Miguel Paz Riveros; y al ingeniero de la misma entidad Diego Antonio Jaramillo Porto, por las presuntas irregularidades que se presentaron en la construcción de la Fase I de TransMilenio por la Avenida Caracas. (Lea: De las losas de Transmilenio a ampliar la Autonorte)
En la resolución el ente investigador consieró que estas tres personas incurrieron en una actividad ilícita al determinar a funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para modificar los diseños de la obra. En este sentido, se expone que se avaló el uso del denominado “relleno fluido” en los carriles exclusivos cuando en los diseños se había previsto ese material únicamente para las bermas y los paraderos.
Según la investigación, los funcionarios de Cemex y Asocreto tendrían responsabilidad por haber inducido a funcionarios del IDU para que reemplazaran la base asfáltica por relleno fluido, que no era el material apto para las necesidades del Distrito y el uso del Transmilenio, como se contempló en los diseños iniciales.
Pero, advierte la Fiscalía, este material no solamente fue utilizado donde se debía extender una base asfáltica, sino que además se empleó una mezcla que resistía 30 kilogramos por metro cuadrado, es decir, la mitad de la resistencia establecida en los diseños. (Ver )
Estas variaciones – se concluye en la acusación- en los diseños precipitaron el rompimiento de las losas de concreto en el tramo de la Avenida Caracas pues se afectó la calidad de las obras, según los expertos, en razón de «la erodabilidad» del material utilizado para la primera línea del sistema masivo de transporte en la capital de la República.
La investigación concluyó que pese a que se debían emplear 6.627 metros cúbicos de relleno fluido en la troncal de la Caracas, al finalizar se pagaron 16.382.65 metros cúbicos. Esta acción, significó un incremento del 247 por ciento en la cantidad del material utilizado para las vías principales. Lo que ocasionó que las mismas se fracutaran pocos meses después de su instalación.
En la resolución se aclara que el proceso que se adelantó contra el exdirector del IDU, Andrés Camargo Ardila prescribió por el delito de contrato sin cumplimeinto de requisitos legales puesto que los hechos materia de investigación se registraron hace 17 años (23 de febrero de 2000). Sin embargo, el exfuncionario de la primera administración de Enrique Peñalosa fue condenado a cinco años por otras irregularidades dentro de este contrato.
Camargo Ardula fue hallado responsable por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por no haber tomado las medidas para que no se presentaran las fallas en las losas, y por haber permitido el cambio en los diseños y en la utilización de relleno fluido en zonas distintas a las estipuladas y sin cumplir con la resistencia determinada previamente.