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Con el llamado a juicio de siete ex funcionarios del DAS, la Fiscalía empieza resolver el oscuro capítulo del bochornoso espionaje a magistrados, miembros de la oposición, periodistas e integrantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Uno de los cobijados con la decisión fue el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez, también investigado en los procesos por los asesinatos de Jaime Garzón, el ex congresista de la UP Manuel Cepeda Vargas y el secuestro de Piedad Córdoba.
En la decisión, que fue adoptada por la Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema, se ordenó además compulsar copias para que se investigue a “funcionarios del Gobierno Nacional que conocían los ilícitos que se realizaban por servidores del DAS en relación con personas y organizaciones opositoras”, al igual que a otros ex funcionarios de la cuestionada entidad. Hay que recordar que el capitán (r) Jorge Lagos, quien fue subdirector de contrainteligencia del DAS, declaró que después de recibir información de la Unidad de Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda en relación con el viaje (caso paseo) que hicieron los magistrados de la Corte Suprema en junio de 2006 a Neiva, fue a la Casa de Nariño y por orden de la ex directora del organismo de inteligencia, María del Pilar Hurtado, le entregó un reporte al secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, en una reunión en la que estuvo el ex consejero presidencial José Obdulio Gaviria.
Lagos admitió además que hubo una segunda reunión en Palacio, con Hurtado y Fernando Tabárez, en la que estuvieron Bernardo Moreno, José Obdulio Gaviria y Jorge Mario Eastman. La idea era constatar si existía una fotografía de la presencia del controvertido empresario Ascencio Reyes en la posesión del fiscal Iguarán.
En la determinación adoptada ayer además fueron afectados Marta Inés Leal, Enrique Alberto Ariza (quien se encuentra prófugo), Jackeline Sandoval Salazar, Hugo Daney Ortiz, Jorge Armando Rubiano y José Alexánder Velásquez. La investigación se relaciona con la presunta concertación de los acusados, entre los años 2004 y 2005, a través del grupo de inteligencia conocido como G-3, para organizar y promover “interceptación de comunicaciones telefónicas, móviles y electrónicas de las víctimas, para lo que utilizaron los equipos de la entidad” y “seguimientos igualmente arbitrarios”. El ente acusador también anunció que informará a varias organizaciones de derechos humanos, políticos de oposición e integrantes de ONG extranjeras sobre su eventual calidad de víctimas.
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