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Ocho días después de su captura, la juez quinta de garantías cobijó con medida de aseguramiento en contra de seis funcionarios investigados por la venta irregular de predios en Cartagena, que en un principio estaban destinados a la reparación de un grupo de personas que resultaron afectadas por la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca.
En la decisión judicial, se señaló que los funcionarios podrían obstruir la justicia, hecho por el cual fueron enviados a la cárcel La Picota y Buen Pastor de Bogotá.
Durante la diligencia judicial, el fiscal 13 de la Unidad Especializada de delitos contra la administración pública fue claro en manifestar que este predio de 51.4 hectáreas ubicado en la vía que une al Mamonal con Cartagena fueron vendidos de manera irregular con la complicidad de un juez de la capital de Bolívar, con la aprobación de un notario, una registradora y un grupo de abogados, afectando los intereses de Corelca y de las personas que iban a ser reubicadas.
Sin embargo, la gravedad de este asunto aumenta, puesto que desde 2009, cuando directivas de la Corporación Eléctrica hicieron las primeras denuncias sobre irregularidades procesales para que estas 64 personas fueran reparadas materialmente después de sufrir las consecuencias de la instalación de un cable de alta tensión cerca de sus casas.
Pero el juez, los investigadores y los registradores que fueron designados para adelantar este cargo no cumplieron con sus funciones, y mediante artimañas y omisiones evitaron que la investigación por estas irregularidades continuase su curso.
En este sentido se señala que el entonces juez promiscuo de Mompox, Orlando Luis Puello, incurrió en diversas irregularidades pues omitió resolver a tiempo recursos legales y jurídicos interpuestos por Corelca con el fin de destrabar la entrega de los predios, dictando para ello providencias abiertamente en contra de la ley.
Estas decisiones le dieron vía libre a los otros funcionarios para que de manera irregular se realizara la venta de tierras, muy apetecidas dentro del mercado local de bienes, con un valor estimado en 14 mil millones de pesos.
Entre otra de las propiedades objeto de la investigación se encuentra una isla de 12 hectáreas, la cual hace parte de una reserva forestal, sin embargo esto no evitó que fuera vendida por parte de este grupo de personas.
“Tenían el interés mancomunado de beneficiarse con ese bien y perjudicar a Corelca, la cual fue despojada y por ende no se le permitió cumplir con sus obligaciones con 13 condenas que habían en su contra”, señaló la fiscal haciendo referencia a que todas las sentencias judiciales que favorecían a las consideradas víctimas fueron omitidas y se evitó su obligatorio cumplimento mientras el terreno era vendido.
Entre las personas capturadas el pasado viernes en Cartagena se encuentran el notario décimo de Barranquilla, Álvaro Ariza; la registradora de Instrumento Públicos de Cartagena, Emilia Fadul; el juez primero promiscuo de Monpox, Orlando Puello; el particular, Luis Alberto Ballesteros; el abogado Argemiro Lafont Díaz y el exgerente de Corelca, Julio Alberto Mendoza.
Estas personas tendrá que responder por los delitos de concierto para delinquir,falsedad del documento público, prevaricato por acción, peculado por apropiación.
El caso
De acuerdo con los hechos la Corelca en 1988 amplió sus redes eléctricas, en Bolívar en varios municipios entre los que se destaca Mompox, por tal razón se impuso una servidumbre legal consistente en la conducción de energía eléctrica de alta tensión, sobre predios de personas particulares, sin acudir a los procesos judiciales necesarios, ni indemnizando a los dueños y poseedores o tenedores de predios.
El juzgado 1° Promiscuo de Mompox, en 2009 falló 13 procesos en los que 63 personas en calidad de dueños de los predios demandaron a Corelca. El valor de las condenas asciendió a 14 mil millones de pesos aproximadamente, la empresa ofreció en pago un lote de terreno que había sido embargado en estos procesos, denominado Mamonal, ubicado en el sector de Cospique de Cartagena, cuyo valor catastral para el 2009, era de 18 mil millones de pesos.
Al parecer, tanto el juez, como el abogado, el notario, el exgerente de Corelca, los particulares y la Registradora de Instrumentos Públicos se concertaron para apropiarse del bien, e incurrieron en prevaricato, falsedade en documento público , y estafas a los campesinos beneficiarios de las condenas de la empresa
A la fecha, el predio que tiene una extensión de 51 hectáreas está avaluado en 270 mil millones, aproximadamente.
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