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El abogado Federmán Ocampo aseguró que pese a la declaración de su cliente sobre los hechos que rodearon la muerte del patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá, Jairo Díaz, registrada a principios de este año, la Fiscalía no la ha tenido en cuenta para el desarrollo de la investigación.
Ante esto indicó que Guerrero Parada no seguirá colaborando con las autoridades hasta tanto no le garanticen su seguridad, puesto que con esta declaración puso en riesgo su integridad física y la de su familia, las autoridades no han hecho nada al respecto. (Ver Policías estarían involucrados en la muerte del patrullero Jairo Díaz)
“Se cerraron las puertas, pareciera que a la justicia no le interesa la muerte del patrullero Díaz”, precisó el jurista quien indicó que su cliente renunció a su derecho constitucional a guardar silencio, preacuerdo con la Fiscalía. Presentó una información que es muy importante de cómo se presentaron los hechos”, precisó.
Igualmente indicó que su cliente no ha recibido ningún tipo de beneficio jurídico pese a la información detallada que entregó sobre la extraña desaparición y muerte del patrullero en el marco de un operativo en el barrio Villa Nivia, localidad de Usaquén en el norte de Bogotá. (Ver «Pascuales» ayudarían a esclarecer muerte de patrullero)
El otro crimen
Ante un juez de conocimiento, Orlando Parada Díaz aceptó su responsabilidad en la muerte de su primo Luis Alberto Guerrero, registrado a principios de este mismo año, por lo que el próximo 3 de diciembre será condenado.
En la audiencia pública, uno de los considerados jefes de la llamada banda delincuencial de ‘Los Pascuales’ aceptó su responsabilidad en el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas.
El jurista negó que estos hechos se hubieran presentado por una pelea por el territorio o por el tráfico de drogas en el sector, como se indicó en su momento, sino que todo estuvo rodeado por un problema y una disputa familiar.
“Todo esto ha sido un entorno familiar (…) Aquí no se trata de que de pronto hayan estado intercambiado las rutas del narcotráfico o el expendio de estupefacientes, aquí hay un problema sentimental, al parecer la esposa de una de las hijas de Pascual Guerrero tuvo amenazas”, precisó.
El abogado indicó que su cliente podría pagar una pena entre los 23 y 24 años de prisión, pese a que firmó un preacuerdo con el ente investigador y acusador.
Por su parte Pascual Guerrero, quien es señalado de ser el jefe de “Los Pascuales”, se defenderá en juicio, puesto que su defensa considera que existen pruebas suficientes para demostrar que el día de los hechos (el 6 de enero) no se encontraba en la zona sino en una finca en un municipio de Boyacá.