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“A mí nadie me insinuó nada”

Con 36 años administrando justicia, Gilberto Lancheros sostiene que los únicos límites para un juez son los hechos y el Derecho.

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El 28 de julio de 1979, en su sexto año como juez de la República, el joven abogado Gilberto Lancheros Lancheros adoptó una de las decisiones más complejas de su promisoria carrera judicial: por el presunto delito de falsedad documental, derivado de la adulteración de microfilmes en el Banco Cafetero, dictó auto de detención contra el ex ministro de Justicia del gobierno López Michelsen, integrante de la Dirección Nacional Liberal y ex presidente de la Cámara de Representantes, Alberto Santofimio Botero.

El pasado martes, 29 años después de la decisión judicial que un mes después fue revocada por una jueza, el mismo abogado Gilberto Lancheros, ahora magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, por falta de pruebas y dudas para condenar, con el respaldo de dos de seis colegas, revocó la sentencia a 24 años de prisión contra el cuestionado dirigente político Alberto Santofimio Botero y lo absolvió de toda responsabilidad en el magnicidio del dirigente liberal Luis Carlos Galán.

Paradójico destino en el devenir profesional de un estudioso penalista que, ayer como hoy, frente al mismo procesado, terminó aplicando su lema personal en el ejercicio de impartir justicia: “Un juez no puede ser sugestionable por factores internos o externos, su única limitación son los hechos y las normas que regulan el Derecho. Nadie me insinuó nada, ni a mi familia comenté el caso, no tomo decisiones por presiones de opinión pública, propuse una sentencia y fue aceptada por unanimidad”.

Nacido en Ubaté (Cundinamarca), desde sus días de estudiante en el Instituto Bolívar, Gilberto Lancheros tuvo claro que quería ser penalista. Por eso, al concluir el colegio y ser nominado por Coltejer como uno de los mejores bachilleres en 1966, al año siguiente ingresó a la Universidad Nacional a cumplir su deseo. “Fue una época de mucho debate y yo fui un estudiante activo”, recuerda y luego refiere que en esos años también ofició como profesor de sociales en el colegio República Argentina.

Con la tesis “El Estado de Sitio y su abuso en los últimos años”, calificada como meritoria, se tituló de abogado en 1973 y, aunque su sueño era dedicarse al litigio, a los tres meses aceptó ser juez penal municipal en Girardot. Sólo duró 40 días, porque fue promovido al mismo estrado pero en Bogotá. A los dos años, después de dar ejemplo en la lucha contra la morosidad judicial, fue designado como juez de instrucción criminal, destino que le permitió conocer los verdaderos retos del derecho penal en Colombia.

Para la muestra, dos casos que lo sacaron del anonimato entre decenas de procesos de narcotráfico, secuestro o delincuencia común que le correspondió instruir. El segundo proceso contra el poderoso dirigente político Alberto Santofimio

Botero en 1979, y el primer expediente que se abrió contra el banquero e industrial Jaime Michelsen Uribe, dentro del sonado caso de la crisis financiera y las defraudaciones bancarias de principios de los años 80. Lancheros ordenó la detención de ambos personajes.

Le llovieron aplausos y vituperios, hasta un periódico le dedicó editorial calificándolo como el persecutor de la clase dirigente del país. No se inmutó por los elogios ni las críticas y, con su habitual serenidad, siguió adelante. Fueron siete años de intenso trabajo hasta agosto de 1982, cuando fue nombrado Juez 40 Penal del Circuito. Entonces le quedó tiempo para apoyar a su amigo, el juez 12 superior Jaime Pardo Leal, en un objetivo que encontró correspondiente a sus ideales: la consolidación de Asonal Judicial.

En 1983 fue su Vicepresidente y en 1988, tras el asesinato de Pardo Leal y el exilio de la jueza Nubia Serrano, ofició como su máximo dirigente. “Fueron años de mucha actividad, no sólo por reivindicaciones laborales, sino por defender el presupuesto suficiente, la cero corrupción y los ascensos y capacitación de funcionarios”, resalta Lancheros. En 1989 se abrió concurso para magistrados, él ocupó el primer puesto y se fue al Tribunal de Villavicencio. Al año siguiente repitió los máximos puntajes y pasó al Tribunal Superior de Cundinamarca.

Desde entonces su disciplina le ha permitido cumplir múltiples logros. Ha sido catedrático de las universidades Libre y Nacional, es orientador académico de la Fiscalía y lector consumado de Derecho, novelas universales y periódicos. Se levanta a las 4:30 de la mañana a trotar o a caminar por su barrio, a las seis ya está concentrado en su despacho, no trasnocha ni bebe mucho, pero le gusta la rumba y procura no perderse un solo noticiero de televisión porque le parece definitivo vivir actualizado.

Sabe que su decisión en el caso Santofimio fue polémica, pero está convencido de que obró honestamente. “Las apreciaciones de los hijos de Galán son respetables y tienen derecho a apelar la sentencia. El criterio del fiscal de la causa también es válido, pero él sabe que son los gajes de este oficio. Yo soy juez y eso me exige absoluta imparcialidad”, comenta mientras repasa en su memoria los días en que conoció a Galán y el dolor que le produjo saber que, como muchos de sus conocidos, había muerto asesinado.

La vida sigue y para el magistrado Lancheros lo esencial es que su conciencia está a salvo. Lo aprendió en su hogar paterno junto a sus tres hermanos, lo ha inculcado entre sus estudiantes con exigencia plena pero trato de madre, lo defiende entre sus auxiliares y colegas donde el oficio le obliga a ser más imparcial que todos, y cada día lo construye con tres mujeres que lo blindan: su esposa, psicóloga al servicio del Distrito, y sus dos aplicadas hijas, la mayor médica y pianista, y la segunda violinista y abogada.

Los líos judiciales de Alberto Santofimio Botero

En octubre de 1977, por los delitos de falsedad y peculado derivados de malos manejos en la presidencia de la Cámara, los abogados Antonio Cancino, Álvaro Cerón y Ramiro Bejarano denunciaron a Alberto Santofimio. Un mes después, el juez 27 de instrucción criminal Guillermo Martínez dictó auto de detención en su contra.

El caso provocó un enorme revuelo, pero meses después el dirigente político fue sobreseído por otro juez. Luego, en desarrollo de una querella de Santofimio contra el político Rafael Caicedo Espinosa, se denunció que Santofimio había adulterado microfilmes del Banco Cafetero para entorpecer la investigación.

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El caso llegó en 1979 al despacho del juez Gilberto Lancheros, quien ordenó la detención de Santofimio. Pero el auto se cayó semanas más tarde. Con el paso de los años, Santofimio llegó a ser precandidato a la Presidencia. En 1996 fue condenado en el proceso 8.000. La Corte dirá si participó en el crimen de Galán Sarmiento.

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