Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Por orden del Consejo de Estado, la Policía y la Armada deberán realizar una ceremonia en el corregimiento de Pichilín (Sucre) en la que “ofrezcan disculpas públicas a las víctimas y a la comunidad en general” por no haber hecho nada e incluso haber propiciado la masacre perpetrada en ese lugar el 4 de diciembre de 1996 por paramilitares, quienes asesinaron a por lo menos 14 personas.
El alto tribunal les ordenó a estas dos entidades “la instalación de una placa en la plaza central del corregimiento de Pichilín. Toda vez que frente a crímenes de esta naturaleza, el remordimiento por la muerte pertenece a la memoria colectiva de una sociedad para que hechos como esos no se repitan jamás”.
Igualmente, le ordenó a la Unidad de Víctimas incluir a los demandantes y a la comunidad del corregimiento de Pichilín en sus programas de reparación colectiva, y a la Unidad de Restitución de Tierras que determine si en el mismo existe alguna anomalía relacionada con el fenómeno de despojo de tierras.
Por otra parte, al Centro de Memoria Histórica le ordenó la preservación de la sentencia y la realización de una investigación sobre la masacre.
De acuerdo con el Consejo de Estado, “la ayuda suministrada por los uniformados fue determinante para llevar a cabo el macabro plan de ‘limpieza’ de las Auc y se colige sin dificultades que tanto la Policía como la Armada fueron cómplices de la masacre”. Y agregó que “está probado que tanto el capitán de la Policía Jorge Javier Muñoz Suárez, como el mayor de la (Policía) Luis Guillermo Parra Niño, conocían con antelación que se iba a llevar a cabo tan execrable conducta y no sólo guardaron silencio al respecto y no hicieron nada por evitarla, sino que además, lo que resulta más reprochable, estuvieron de acuerdo con la misma”. Aun así, los dos hombres nunca fueron condenados por estos hechos.
Conoce más