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Este lunes, la Comisión de la Verdad vuelve a escuchar a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Luego de que los dispositivos que usaron para entrevistarlo fueran robados, la ONU, la OEA e instituciones creadas con el Acuerdo de Paz, como la Unidad de Búsqueda y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidieron investigaciones y garantías para el trabajo de la entidad. Alejandro Valencia, comisionado a cargo de esta tarea, regresará a las instalaciones de la Dijín, en Bogotá, donde está recluido el jefe del Clan del Golfo, con la intención de entrevistarlo toda la mañana, en medio de un ambiente tenso.
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Al menos eso pretenden Valencia y su equipo, pues ya el pasado 17 de febrero, luego de una atropellada entrada a la Dijín, la Policía les ordenó suspender la entrevista a Otoniel cuando apenas llevaban alrededor de cuarenta minutos escuchándolo. Al día siguiente, el líder del Clan del Golfo, que duró más de 35 años en la ilegalidad en los que además fue guerrillero del Epl y pasó por las Autodefensas Unidas de Colombia, pidió entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El sábado, el investigador que ha acompañado al comisionado Valencia en las entrevistas se despertó y encontró su casa revolcada. Faltaban las grabadoras digitales y el computador que habían usado en la diligencia.
De inmediato pusieron la denuncia y un equipo de la Fiscalía continúa en los llamados actos urgentes para determinar qué ocurrió. Mientras llegan respuestas, la comunidad internacional expresó su rechazo al hurto, que ha sido visto como un acto de intimidación al trabajo de la Comisión de la Verdad. Por su parte, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU pidió medidas concretas, que incluyan “la investigación eficaz, el esclarecimiento de los hechos denunciados por la Comisión, la determinación de los responsables y la protección de sus funcionarios y de la información que recaben en el desarrollo de su mandato”.
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En un comunicado, la Comisión de la Verdad dijo que “necesita escuchar la verdad del señor Úsuga sobre hechos cruciales para entender la dinámica del conflicto armado y su persistencia”. Una justificación similar dio la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, que ya lo ha venido escuchando desde diciembre de 2021 y este martes 22 de febrero tiene una nueva sesión con el jefe del Clan del Golfo. El objetivo es desentrañar lo que sabe de la guerra en una región que conoce como pocos: el Urabá. La información entrará a engrosar el macrocaso 04, donde la justicia especial investiga la situación territorial de esta zona del país.
Ya en diciembre pasado, le dio a la JEP una extensa versión sobre su trasegar por la guerrilla y los paramilitares. Algunos de los puntos de su versión fueron controversiales, como cuando aseguró que no fue capturado, sino que buscó entregarse; que el Clan del Golfo quiere desmovilizarse y que no ha dado orden alguna de asesinar a líderes sociales. Desde entonces, se avizoraba que no sería su único testimonio. “De pronto sí puedo servir algo para ayudar. Como fui tanto tiempo miembro de la guerra, si puedo ayudar un poquito a la paz sería muy bueno (…) Esclarecer las verdades a las víctimas”, dijo en su momento.
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Ahora busca entrar a la JEP en calidad de tercero, pues asegura que “altos mandos militares” fueron sus cómplices y que fue promotor y financiador de grupos paramilitares. En la solicitud de sometimiento de 35 páginas que envió a la Jurisdicción ya dio algunos nombres, como el de general Leonardo Barrero Gordillo, excomandante de las Fuerzas Militares, quien sería un aliado de alias Matamba, líder del Clan del Golfo en el suroccidente del país. Aunque los testimonios de Otoniel deben ser corroborados por la justicia, lo que ya ha dicho ha levantado ampolla. Ya una entrevista fue interrumpida abruptamente, hay material robado y el Gobierno guarda silencio.
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