A ponerse pilas con el fútbol

La adopción de medidas urgentes para que los jugadores de fútbolprofesional puedan concertar un acuerdo definitivo, eficaz y justo en defensa de sus derechos laborales; las evidentes fallas o irregularidades en el control de Coldeportes para vigilar los aspectos contables y accionarios de los clubes profesionales, las ligas departamentales y el manejo de los recursos de la Federación Colombiana de Fútbol; y la ausencia de una regulación legal que no permite un adecuado funcionamiento del rentado profesional, son las  principales conclusiones de un exhaustivo informe elaborado por el procurador Edgardo Maya, el pasado 2 de septiembre.

El documento, conocido por El Espectador, detalla el nebuloso panorama del fútbol profesional colombiano y sobre todo hace un análisis de las difíciles condiciones laborales de los jugadores de la Primera A,  la Primera B y de la situación del fútbol aficionado. Luego de varias visitas de funcionarios del Ministerio Público a entidades como el Ministerio de Protección Social, Coldeportes y la Superintendencia de Sociedades, Maya estableció, en primer lugar que, en cumplimiento de las obligaciones contraídas con la comunidad internacional, el Ministerio de Protección Social debe diseñar acciones urgentes para que los jugadores accedan a unos derechos laborales que garanticen su supervivencia.

El Procurador sostiene que los resultados del ejercicio de vigilancia de los clubes deportivos y las ligas departamentales por parte de Coldeportes dejan mucho que desear. Por ejemplo, menciona que aunque el instituto ha expedido reglamentación sobre las obligaciones de las entidades deportivas, “los resultados no se ciñen a los lineamientos legales y reglamentarios, como tampoco los indicadores o cifras señaladas reflejan una gestión apropiada”. Dicho de otro modo, el jefe del Ministerio Público asegura que la normatividad expedida por Coldeportes se la pasan por la faja distintos clubes y ligas deportivas de todo el país.

El informe del Ministerio Público precisa varias particularidades en relación a las ineficaces investigaciones y sanciones adelantadas por Coldeportes. Entre 2004 y 2008 no se efectuó una sola investigación en contra de ligas de fútbol y clubes profesionales, a excepción de la efectuada en contra del Club Deportivo Los Millonarios porque no inscribió las decisiones tomadas en asamblea general del 31 de mayo de 2004. Y es curioso porque los investigadores que colaboraron en la realización de este informe, en una inspección muy general en los últimos meses, hallaron innumerables anomalías en elfútbol profesional y aficionado del país.

“Otro aspecto que refleja la manera tardía en asumir con la propiedad que los mandatos legales y reglamentarios le señalan a Coldeportes, en la competencia que le asiste sobre la vigilancia y control de los clubes deportivos profesionales, lo constituye el hecho, muy singular por cierto de que precisamente el día que inició la visita la comisión de la Procuraduría, el 3 de julio de 2008, el instituto expidió una circular mediante la cual dispuso el procedimiento de cumplimiento de las obligaciones establecidas por parte de los clubes profesionales”, advierte el procurador Edgardo Maya.

Y va más allá cuando afirma que no entiende porqué si eran tan evidentes las fallas y las irregularidades en las que incurrieron algunas ligas deportivas, Coldeportes les seguía manteniendo su reconocimiento deportivo. Y las anomalías encontradas por el Ministerio Público no son de poca monta: se hallaron clubes que no realizaban asambleas ordinarias, o que éstas no se hacían de acuerdo a los estatutos y equipos con poco claros manejos de su contabilidad y que no presentaron con rigor sus estados financieros. Y como si fuera poco se evidenció que algunos clubes adeudaban a las ligas cuotas de inscripciones y de sostenimiento, pero aún así participaban sin mayores apuros en los torneos programados.

El Procurador también le jaló las orejas a la Federación Colombiana de Fútbol, de la que dijo que existen irregularidades “como que las actas del órgano de administración y asamblea se encontraron en libros sin registro ante Coldeportes, ningún club de la Primera B se encontraba a paz y salvo con la Dimayor”, entre muchas otras fallas que evidencian el mal manejo de dineros y aspectos contables, pero que no condujeron para la época de los hechos (2006), a la toma de medidas como de la misma suspensión del reconocimiento deportivo.

De igual manera, el informe encontró que sigue existiendo una desorganización interna contable en los clubes deportivos que redunda en vacíos administrativos que causan suspicacias. Por ejemplo, el documento señala que en algunos equipos no es clara la identificación de accionistas, afiliados o aportantes, los valores de sus aportes y el porcentaje de participación que tienen, “información que obligatoriamente deben rendir los clubes con deportistas profesionales”. A lo anterior se suma la conclusión de la Superintendencia de Sociedades, que manifestó sobre la situación financiera y contable de los equipos de la Primera A y B que “en la mayoría de éstos hay una serie de irregularidades” manifiestas.

Por último, señala el informe que a la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro ,  no le  han sido desconocidos sus derechos por el Estado, aunque aclaró que sí se vulneraron algunos, como el  derecho de negociación colectiva, porque el Ministerio de Protección Social aceptó el inicio de conversaciones entre los futbolistas y la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor, cuando estas dos entidades no ostentaban la calidad de empleadores de los deportistas.

El revelador informe de la Procuraduría concluyó asegurando que le pedirá a la Fiscalía un reporte detallado de las actuaciones desplegadas por esa entidad en las investigaciones que relacionan clubes deportivos de fútbol con operaciones sospechosas de lavado de activos, información que ha sido puesta en conocimiento en los últimos meses por la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. Sin duda, el panorama del fútbol colombiano no puede ser más cenagoso, y serán las entidades de control las que deberán ponerle punto final a las irregularidades que siguen apareciendo en este entorno deportivo y que terminar por mermar la ya menguada calidad del fútbol colombiano.

Conceptos

CARLOS GONZÁLEZ director ejecutivo de Acolfutpro

“La Procuraduría les está dando la razón a los jugadores asociados, porque continúan presentándose situaciones como los contratos dobles, las cláusulas ilegales en las obligaciones y el no pago de la seguridad social. Coldeportes, conociendo esta situación, no debió permitir que los equipos que vulneran las normas puedan competir. No deberían tener el reconocimiento deportivo. El Gobierno, en 60 años, nunca ha garantizado el derecho de los jugadores colombianos y está vulnerando el derecho de negociación colectiva. Antes que jugadores, los futbolistas son trabajadores que tienen derechos más allá de los resultados deportivos. Por luchar por los derechos de sus colegas se estigmatizó a jugadores como Iván Ramiro Córdoba, Mario Yepes o Juan Pablo Ángel, que hoy le faltan a la selección de mayores, donde se nota que no hay liderazgo”.

RAMÓN JESURÚN presidente de la Dimayor

“Los clubes y las organizaciones deportivas tienen la obligación de respetar el Código Laboral colombiano. Quien no lo haga tiene que responder a los juzgados de despacho como cualquier otra empresa. Aquí hay quienes creen que el fútbol se diferencia de las demás actividades, pero no es así. Cuando no se cumplen esas obligaciones, Coldeportes aplica las sanciones del caso. Esto ha permitido que el fútbol sea una organización eficaz. Además, el Estatuto del Jugador ya existe y cumple con las reglamentaciones que exige la Fifa. El Gobierno Nacional no puede intervenir en eso. Lo que pasa es que se les da crédito a organizaciones que buscan afectar al fútbol”, afirmó Jesurún. Consultado por El Espectador sobre si conocía el informe de la Procuraduría, el dirigente del fútbol manifestó que no estaba al tanto del mismo.