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El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ya había mencionado que el gobierno de Juan Manuel Santos estaba interesado en concertar con la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional “una nueva legislación que abra las puertas para futuros procesos (de desmovilización)”.
Los magistrados, el presidente y varios de sus ministros discutieron alrededor de los problemas que ha tenido la implementación de Justicia y Paz e intercambiaron opiniones con el ánimo de construir mecanismos de justicia transicional para una sociedad en paz.
Al respecto, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, aseguró que “hay una serie de inconvenientes, problemas y preocupaciones que se tienen respecto al estado de la ley de Justicia y Paz en el marco de la justicia transicional”.
Y agregó que “todos queremos acertar en la mejor ley para mejorar Justicia y Paz, porque tenemos un diagnóstico muy crudo y frío de cómo estamos”.
Uno de los temas neurálgicos fue la necesidad de reformas que le permitan al Gobierno solucionar la situación jurídica de por lo menos 35 mil desmovilizados..
La Corte Suprema ha mencionado que uno de los mayores inconvenientes que este programa ha tenido ha sido la falta de suficientes fiscales delegados para las diferentes investigaciones.
El Gobierno tiene presupuestado reunirse con el Congreso de la República para tratar este mismo tema.
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