“A veces la vida nos pone en jaque”

En ese municipio caqueteño, Gabriel —quien ejercía como docente y auxiliar de enfermería— y los suyos fueron expulsados por la guerrilla de las Farc, quienes lo acusaron de ser informante del Ejército. “La confusión se originó porque yo estuve vinculado al ejército como enfermero. Mi trabajo se limitaba a eso, nada más”, dice con lamento este hombre de 36 años, estatura mediana y figura menuda.

Ante los ofrecimientos de algún comandante de frente para que se vinculara a la guerrilla, y  la negativa de Gabriel a aceptarlos, las amenazas no se hicieron esperar y para salvar su vida y la de los suyos, prefirió tomar los pasos del éxodo, que los llevaron en junio de 2007 hasta Fusagasugá.

Allí fue incluido en el sistema de desplazados y durante tres meses recibió un auxilio oficial para pagar los tres primeros meses de arriendo. Después quedó en el limbo, circunstancia que lo obligó a tomarse dos viviendas de interés social localizadas en el barrio Prados de Altagracia pertenecientes al municipio, que hacía 12 años estaban abandonadas, sin baños ni puertas internas, con los vidrios rotos. Situación que los llevó a realizarles reparaciones y mejoras de emergencia para hacerlas habitables.

A partir de esta desesperada determinación, Gabriel, su esposa, sus cinco hijos —con edades de entre 1 y 8 años, con problemas severos de desnutrición— y un abuelo de 80 años, estuvieron expuestos a otro tipo de violencia: la incomprensión de los funcionarios de escritorio que sin mayores miramientos toman decisiones con ojos cerrados y oídos sordos.

Primero, por orden de las Alcaldía de Fusagasugá, la empresa de acueducto local les cortó el agua en las viviendas que llegaron a ocupar. “Nos sentimos muy mal. Eso fue humillante porque apenas ocupamos las viviendas, yo envié cartas a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Policía, el Ejército, al colectivo de abogados José Alvear Restrepo y hasta a la Presidencia de la República para comunicarles que obligados por el destino estábamos ocupando las dos viviendas; pero nadie nos respondió”, explica Gabriel.

La crítica situación humanitaria que afrontaba, hizo que este hombre  se armara de valor para emprender una ardua batalla legal y evitar que el propio Estado aplastara, como un victimario más, las escasas esperanzas que tenía de sobrevivir con alguna dignidad.

Y la justicia de los hombres comenzaba a darle la razón. Gracias a una tutela fallada a su favor, el líquido vital volvió a salir por los grifos. Con otra tutela, Acción Social tuvo que comenzar a girarle recursos, aunque —dice Gabriel— lo han hecho a regañadientes, razón por la cual ha tenido que interponer varios desacatos para obligar a esa entidad a hacer los giros. “El último pago, por $1’380.000 lo recibí el 9 de marzo, después de más de seis meses sin recibir ni un solo peso”, afirma. Mensualmente, Acción Social debe girarle a esta familia $430.000.

Pero la Alcaldía de Fusagasugá no detuvo sus acciones contra Gabriel y su familia. A la estrategia de suspenderles el servicio de agua, como forma de presión para que abandonaran las dos viviendas, sumó otro ataque jurídico: le ordenó a la Policía local desalojarlos.

Y fue con otra tutela que este campesino se defendió como un león herido. Sin embargo, en primera instancia la juez Tercero Civil Municipal negó la tutela argumentando: “Los tutelantes no probaron su condición de desplazados e incurrieron en una ‘ocupación de hecho’ contraria al orden jurídico”. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá, el 20 de marzo de 2009, confirmó la sentencia de primera instancia.

Pero, al final, otra vez la justicia de los hombres intervino a su favor. El 4 de febrero de este año, la Corte Constitucional dejó sin efecto las dos sentencias precedentes.

En el fallo, el alto tribunal protegió los derechos fundamentales de esta familia a tener “una  vivienda digna en conexión con la vida, la salud, la unidad familiar, a la integridad física, psicológica y moral, a la igualdad, al debido proceso, a la protección de todos los derechos de los niños menores de un año, en situación de desplazamiento, a los derechos de la mujer indígena embarazada cabeza de familia, a los de los ancianos, al libre desarrollo, al trabajo digno y a todos los demás que resulten vulnerados por las autoridades municipales de Fusagasugá, al no haber atendido debidamente las necesidades de esta familia desplazada por los violentos, ni haber tomado las previsiones necesarias para garantizarle su acceso a una vivienda digna, y, al contrario, haber agravado su situación al ordenar la querella policiaca para lanzarla por ocupación de hecho de sus viviendas actuales”.

Por esa justicia de los hombres, Gabriel y su familia seguirán ocupando las dos casas mientras las autoridades locales no  ejecuten las medidas encaminadas a solucionarles su problema de vivienda.

“La vida a veces lo pone a uno como en jaque. Estoy feliz por el fallo de la Corte, se está haciendo justicia”, dijo Gabriel.