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Esta semana se cumplen los primeros 100 días de la histórica decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24. Esta decisión representa un avance en la garantía de los derechos de las mujeres en Colombia. Tras casi dos años de deliberación, los magistrados ampliaron las semanas de gestación y mantuvieron las tres causales, pero a pesar de esto todavía hay dificultades.
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La decisión se tomó luego de que la Corte estudiara dos demandas que permitieron analizar la situación vulnerable en la que se encuentran las mujeres en materia de derechos reproductivos. Fueron los magistrados José Fernando Reyes, Antonio José Lizarazo, Alberto Rojas Ríos, el conjuez Julio Andrés Ossa y la magistrada Diana Fajardo, quienes tomaron la decisión.
Después del fallo de la Corte, Profamilia acogió la decisión en todas las clínicas en las que tienen presencia a nivel nacional. Esta organización es la que más abortos realiza en el país.
A pesar de que la ampliación de las semanas para acceder al aborto haya aumentado, la mayoría de los abortos se hacen dentro de los tres primeros meses de gestación. Solo un 16.3% de los abortos corresponden a las semanas siguientes, esto se da por “la desinformación, las dilaciones en los tiempos de atención, el estigma y las dificultades para acceder a centros médicos por razones socioeconómicas”. Según Profamilia, estas situaciones presentan una barrera para el acceso al aborto.
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Dentro del informe que entregó Profamilia sobre estos primeros 100 días de la decisión, hay un balance en el que se evalúa lo positivo y lo negativo de esta implementación. Entre lo positivo, se resalta la unidad de voces que coinciden en apoyar e implementar programas de Educación Integral en Sexualidad y que varias EPS están exigiendo a sus Ips la garantía de que se cumplan con los 5 días calendario que estableció la Corte para atender una solicitud de aborto.
A pesar de los recuentos positivos, Profamilia señala que aún la población más vulnerable sigue siendo afectada por las barreras de acceso, entre ellas, resaltan las personas no afiliadas al sistema de salud como migrantes o quienes están en situación de pobreza. Además, esta organización alerta que aún hay casos en los que las empresas aseguradoras siguen cobran copagos y que profesionales de la salud siguen exigiendo alguna causal para aprobar abortos en pacientes con menos de las 24 semanas de gestación.
Al final, Profamilia entrega varias recomendaciones para fortalecer la aplicación de este derecho. Entre estas se encuentra asegurarse que los hospitales públicos cuenten con capacitación permanente, de manera que siempre haya profesionales formados en servicios de aborto. Fortalecer y ampliar el conocimiento de la Sentencia C-055 de 2022 en todos los funcionarios del Sistema de Salud involucrados en la ruta de atención de aborto, incluyendo el personal administrativo
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