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Es día de El Espectador le explica. Como muy bien lo dijeron dos de nuestros compañeros en la redacción: “Se vienen dos semanas cruciales en la Corte Constitucional para definir el futuro del aborto en Colombia”. Un tema que, antes de emitir juicios, necesita toda una exposición de argumentos en donde se pueda exhibir el abanico más amplio de opiniones que nos ayuden a entender mejor el por qué estamos hablando de un hecho histórico. Entonces le pedimos ayuda a nuestros colegas de la sección de Salud, también a quienes trabajan en Investigación y a las personas que escriben a diario en Judicial para reunir, en este boletín, todos los textos con los que hemos informado sobre el aborto y que nos sirven para hablar de derechos de las mujeres, de la protección de las niñas en un país tan violento como el nuestro, de salud pública, de medicamentos, del papel de los profesionales de la salud, de condenas, de lo que ya pasó en Argentina y en México y de la historia misma que se está escribiendo en Colombia. Así que como en todos nuestros boletines, les pedimos entrar a cada uno de los links que dejaremos a continuación para poder ir al fondo de cada una de las aristas. Comencemos:
En Colombia la interrupción del embarazo es legal en tres causales hace 16 años: “si el embarazo representa un peligro para la vida o la salud de la mujer —incluida la salud mental—, si existe una grave malformación del feto que haga inviable su vida y si el embarazo es resultado de una violación”. Por eso la relevancia de este texto del 22 de octubre de 2019, escrito por Helena Calle, periodista de la sección Vivir, quien nos contaba para ese momento que a pesar de que la interrupción del embarazo era legal en las tres causales ya citadas, existían 1.129 procesos judiciales contra mujeres por casos de aborto. ¿Por qué? “Si una mujer aborta o alguien la ayuda, ambos podrían recibir de uno a tres años de prisión. Las únicas excepciones son las tres causales contempladas por la Corte Constitucional. Y, precisamente, cada centro de salud interpreta el causal de riesgo a la salud para la madre o el feto de manera muy diferente”. Ese es, para ser exactos, uno de los temas difíciles: la interpretación. Nos recordó el mensaje de Fidel Morales, uno de los médicos generales de Profamilia, en Bogotá, quien dijo: “La Corte Constitucional ha dicho, las trece veces que se ha pronunciado al respecto, que el Estado no puede obligar a parir a una mujer contra su voluntad, y que el concepto de salud incluye la salud mental”.
El mismo Ministerio de Salud asegura que se estima que cada año un total de 132.000 mujeres sufren complicaciones debido al aborto inducido practicado en condiciones clandestinas y probablemente inseguras.
Buscamos al director de Derecho Penal de la Universidad de los Andes, Ricardo Posada, quien había enviado un concepto técnico al alto tribunal en el que sugería la despenalización total de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12. En aquella entrevista, Posada se refirió al hecho desde la base del derecho: “Aclaro que todo mi concepto es jurídico y pueden haber discrepancias con los términos que utiliza la medicina. En derecho, particularmente en el derecho penal, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido muy clara afirmando que los no nacidos (los fetos) no tienen los mismos derechos que las personas. Estamos de acuerdo en que se protege la vida humana, en general. El aborto protege la vida, pero es una vida dependiente de la mujer. Mientras que, a las personas nacidas se les concede el derecho a la vida como seres independientes. Lo que hemos venido viendo en las discusiones es que al feto lo llaman niño o se equipara un aborto cercano al nacimiento con un asesinato, cuando jurídicamente eso no es cierto, es un sofisma”. La entrevista completa aparece en este link.
¿Qué decía la otra parte de la sociedad que, alegando derechos básicos, también esgrimía sus argumentos de peso? “Los sectores más conservadores han alegado ante la Corte Constitucional que, si se despenaliza el aborto totalmente en las primeras semanas, las mujeres podrían volverlo su método anticonceptivo”, nos contaban nuestros colegas de la sección Judicial. “Quien diga que abortar puede volverse un método anticonceptivo es porque nunca ha abortado”, nos decía en su relato una mujer que decidió contar su caso porque también quería ser escuchada.
Siete meses después, el 16 de septiembre del 2020, el movimiento Causa Justa, que reúne a más de 90 organizaciones defensores de los derechos de la mujer, interpuso una nueva demanda “conjunta pidiendo a la Corte Constitucional de Colombia que elimine el delito de aborto del Código Penal por vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres y del personal de salud”. En palabras más detalladas: “El estigma del aborto es una de las principales barreras para las mujeres que buscan interrumpir un embarazo no deseado, un estigma que no distingue lo que está permitido o no por la ley, sino que lo permea todo, afectando la ejecución de lo que es legal”. ¿Qué decía esa demanda, punto a punto? Aquí está todo el compilado de argumentos que explicó la abogada Mariana Ardila, abogada de Women’s Link, y que fueron aceptados por la Corte Constitucional para estudiarlos.
La discusión jurídica quedó en manos del alto tribunal, entretanto el tema se mantenía vigente en otros escenarios de debate, como por ejemplo la encuesta de la firma Cifras y conceptos para saber qué opinaban las y los colombianos en las calles; también les contamos el papel de denuncia que ejercían muchos médicos en los 5.580 casos relacionados con el aborto investigados por Fiscalía; la dura situación a la que se tuvo que enfrentar una mujer venezolana en su condición de migrante en Colombia con un embarazo de alto riesgo y el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. También relatamos una terrible realidad: las condenas por aborto contra menores de edad.
Actualidad
Solo el 20% estaría de acuerdo con que las mujeres que aborten vayan a la cárcel
Investigation
El personal médico es el principal denunciante de abortos en Colombia
Investigación
Forzada a migrar y parir: la tragedia de una venezolana en Colombia
Salud
Una cuarta parte de las condenadas por aborto son menores de edad
Colombia
Persecución, estigma y transformación: relatos médicos sobre el aborto
Tres meses atrás, en septiembre de este año, Fernanda Torres Tovar, de la sección Judicial, nos trajo de nuevo al escenario jurídico y nos contó los detalles del nuevo round del aborto en la Corte Constitucional: “Dos demandas que piden eliminar el delito de aborto del Código Penal reposan en los despachos de los magistrados Alberto Rojas Ríos y Antonio José Lizarazo, quienes trabajan a contrarreloj para presentar sus ponencias. Una carrera de ‘photofinish’, pues el primero en hacerlo tendrá la ventaja”. La que está en manos de Lizarazo tiene unas 600 intervenciones y con ella se busca que el aborto sea una abiertamente legal. El plazo para resolverse: hasta el 17 de noviembre de este año. En la segunda, la que tiene Rojas, se pide exactamente lo mismo: que se elimine el delito de aborto del Código Penal. Ya, en un salvamento de voto en una pasada discusión, este último había dejado clara su posición: “Cabe anotar que la mujer debe ser capaz de decidir, pues es su cuerpo el que enfrenta los cambios, riesgos y afectaciones que pueden derivarse de la gestación”. Fernanda nos explicaba sobre grupos católicos y cristianos, por ejemplo, que “han defendido el derecho a la vida desde su concepción, de ahí que en más de una ocasión le hayan solicitado a la Corte que no le toque ni una coma a la norma que permite el aborto en las tres causales y reitere que, en otras situaciones, ese procedimiento está prohibido. Desde la arista médica, varios conceptos que reposan en el alto tribunal dan cuenta que la vida empieza semanas después desde la concepción, por lo que han estimado pertinente solicitarle al alto tribunal que mantenga la norma tal y como está desde 2006″.
La redacción de Salud, el 25 de septiembre, tomando la información que acababa de publicar el Dane, reveló que en Colombia aumentaron los casos de nacimientos en niñas menores de 14 años. Una tragedia. En “el segundo trimestre de 2021 hubo un incremento de 22,2% en comparación al mismo período de 2020″. Dice la OMS que las muertes prenatales son 50% superiores para los bebés que tienen madres menores de 20 años que para aquellos cuyas mamás tienen entre 20 y 39 años. También es mayor el número de partos prematuros, malformaciones o complicaciones cardio-respiratorias. ¿Qué dice el ICBF? Que “el embarazo en adolescentes también ocasiona múltiples problemas sociales, tales como: conflictos familiares, deserción escolar, cambio de proyectos de vida, discriminación, matrimonio servil o a temprana edad, reducción de ingresos y pobreza, al tiempo que desestimula la productividad y el crecimiento económico de una sociedad”.
“Cuando les preguntaban si el último hijo que tuvo lo querían tener, la mitad dijo que no. De esas, la mitad decía que lo pensaba tener en dos o tres años en el futuro, y de la otra mitad, una cuarta parte decía que no quería haberlos tenido nunca. Estas fueron mujeres que no tuvieron acceso a IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), aun estando en las causales. Tuvieron barreras de acceso a este derecho, y no son solo las particularidades de la pandemia. También temían ser estigmatizadas”: Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia.
Dos días después, tras conocerse un nuevo informe del ICBF, el país se enteró de que durante la pandemia “una de cada cinco personas dejó de recibir servicios de anticoncepción y más de 70.000 embarazos no deseados no pudieron evitarse”,contaba Helena Calle justo en el día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe y la defensa del derecho al aborto libre. La misma Marta Royo, directora general de Profamilia, recordó una realidad que a veces se nos olvida: “En la pandemia… muchas niñas y mujeres quedaron encerradas en sus casas con sus abusadores, es de los peores efectos que ha dejado esta pandemia. Recordemos que el 90 % de los abusadores son personas cercanas. Y esto es porque no hay información sobre un acceso oportuno a anticonceptivos o a IVE”.
¿Y qué pasa con el capítulo de los medicamentos en todo este debate? ¿Qué hay por decir sobre Cytotec? ¿Cuál es la relación de estos productos con los abortos seguros? Además, revelamos la ponencia que circulaba a inicios de octubre en la Corte donde se planteaba la discriminación como un actor fundamental en medio de la discusión del aborto. También hablamos de “las fallas y obstáculos que el sistema de salud impuso a dos bogotanas que decidieron abortar” y de los argumentos que estudia el alto tribunal en la otra demanda presentada por el abogado Andrés Mateo Sánchez:
Salud
Tenemos que hablar de medicamentos para abortar
Judicial
Ponencia plantea que el aborto no sea delito porque se discrimina a las mujeres
Salud
Ni en Bogotá el sistema de salud colombiano garantiza abortos legales
Judicial
‘Hay una confusión enorme porque el aborto es derecho y delito’: demandante
El 13 de octubre pasado fue la firma IPSOS su más reciente medición “Puntos de Vista Globales sobre el Aborto 2021″, hecha en 28 países y con la participación de 20.003 personas entre los 16 y los 74 años de edad. ¿Cuál fue la conclusión? “El 26% de los colombianos está de acuerdo con la legalización total del aborto, por debajo del promedio mundial (que está sobre el 50%). En Colombia, el 36% de los encuestados apoyan la legalización del aborto en determinadas circunstancias, por ejemplo, si una mujer ha sido víctima de violencia sexual y decide terminar con ese embarazo; el 20% asegura que el aborto no debe permitirse bajo ninguna circunstancia, excepto cuando la vida de la mujer esté en peligro y un 9% de los colombianos encuestados considera que, sin importar las circunstancias, el aborto nunca debería permitirse. El restante 9% no sabe, no responde”, contaba la sección de Salud tras chequear el documento.
Las mismas colegas de esta sección nos hicieron una pregunta directa: ¿Quién protege a las niñas colombianas de embarazos forzados? “Según la Fiscalía General de la Nación (FGN), en la primera mitad de 2020, un total de 2.451 niños, niñas o adolescentes sufrieron violencia sexual, lo que se traduce en un promedio de 27,2 abusos sexuales cada día contra menores de edad”. Vayamos a un concepto médico: Laura Gil, ginecoobstetra y miembro de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog), explica que el embarazo requiere una cantidad de ajustes fisiológicos en el cuerpo de la madre, desde la función cardíaca o renal hasta el tamaño del útero. Para una niña en crecimiento esto se traduce en mayores complicaciones obstétricas. Estamos hablando de violencia, de abuso, estamos hablando de un problema social de salud pública.
“A partir de los seis meses hay mayor riesgo de preeclampsia, que es la principal causa de muerte materna en Colombia y el mundo, porque implica que los vasos sanguíneos se adapten, y cuando la mujer es muy joven aumenta el riesgo de sufrirla. Si llegan con desventajas nutricionales (como puede ser el caso de niñas en condiciones de pobreza) tienen más riesgos de anemia, y súmale que a veces se dan cuenta de los embarazos ya muy avanzados, o los quieren ocultar, pues los controles prenatales son muy escasos”: Laura Gil, ginecoobstetra y miembro de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog).
Mientras tanto el país sigue a la expectativa de la discusión en la Corte Constitucional. El pasado 3 de noviembre contamos que la discusión está tomando forma en la Sala Plena, que “los magistrados ponentes no descartan unir esfuerzo”, que ya los nueve togados tienen las dos ponencias y que se incluyó en el orden del día para iniciar el debate jurídico. “Varias fuentes del alto tribunal le confirmaron a este diario que Rojas Ríos y Lizarazo pactaron un acuerdo para lograr ir al mismo compás”, nos contaba la sección Judicial. ¿Cómo están las cuentas? Jorge Enrique Ibáñez, Cristina Pardo, Paola Meneses y Gloria Stella Ortiz pretenden que la jurisprudencia sentada en 2006 se mantenga igual, con las tres causales ya conocidas. Alejandro Linares, José Reyes, Lizarazo, Rojas se irían por el pensamiento más liberal con la modificación. Eso se traduce en que, por ahora, el voto decisivo estaría en manos de la magistrada Diana Fajardo.
El domingo pasado revelamos el contenido de la segunda ponencia, la del magistrado Antonio José Lizarazo. ¿Cuál es el resumen de las 192 páginas? “En palabras sencillas, el jurista Lizarazo expone la tesis de que el delito del aborto ni funciona como política criminal, ni protege la vida en gestación y tampoco respeta la Constitución Política. Por el contrario, asegura que con la persecución criminal a quienes buscan abortar, se violan varios derechos fundamentales”, escribieron María José Medellín y Juan David Laverde, de la sección Judicial de este diario. El magistrado tuvo en cuenta argumentos del ministerio de Salud, de la Fiscalía, de ONG internacionales, entre otros. Su propuesta: despenalizar el aborto por completo. “La decisión de procrear o de no hacerlo, es un asunto personalísimo, individual e intransferible y nadie, ni siquiera el Estado, debe intervenir”, expuso el magistrado.
¿Y qué ha dicho Médicos sin Fronteras? “Como Médicos Sin Fronteras esperamos que desde el Estado se garantice el acceso seguro a la interrupción del embarazo a todas las mujeres del país. Y si la despenalización del aborto va a ser un punto importante en la garantía de este servicio con calidad y seguro a las mujeres, esperamos que se despenalice y salga del Código Penal. De esta forma habrá un impacto muy alto en la salud de las mujeres y sobre todo en las tasas de mortalidad, en una causa evitable como lo es el aborto inseguro”.
El aborto legal ya entró en vigor en Argentina, en México se sentó precedente en el estado de Coahuila y le envió un mensaje al resto del país y ahora en Colombia la Corte debe tomar decisión antes del 17 de noviembre. Ya se conocieron los detalles de las dos ponencias, están los votos cantados y todos los reflectores apuntan al alto tribunal y, por supuesto, a la magistrada que podría poner su voto en este fallo histórico en un país que sigue siendo muy conservador y a donde, a pesar de ser declarado y entendido como un estado laico, la voz y posición de la iglesia católica siempre termina siendo tenida en cuenta en muchas decisiones, empezando por las políticas. Se cree que el voto de la magistrada Ortiz, tras el debate jurídico, se podría inclinar hacia el sí. De todas formas si todo se mantiene como hasta ahora ha sido registrado, la decisión final está en manos de una mujer justo en un tema donde las implicadas directas son niñas, adolescentes, mujeres. Un cambio histórico en la jurisprudencia del país que busca poner primero los derechos de todas ustedes y su libre decisión.
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Edwin Bohórquez Aya, periodista, gerente digital de El Espectador
Por Edwin Bohórquez Aya
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