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El ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y el actual titular de esa cartera, Andrés Fernández deberán ser sometidos a una investigación penal por el escándalo de la asignación de los recursos de Agro Ingreso Seguro.
La decisión se produjo sólo dos días después de que el ministerio público hubiera abierto una investigación disciplinaria en contra de Arias y Fernández, por las supuestas irregularidades que se presentaron en el manejo de esa plataforma.
Recientemente, el mismo ente acusador e investigador empezó a tomar la declaración de varios de los beneficiados con auxilios no reembolsables, en el bunker de ese organismo, en el occidente de la capital de la República.
Ya habían sido alrededor de 45 los funcionarios que habrían rendido su versión en la Fiscalía General de la Nación, que intentaba establecer la responsabilidad de funcionarios estatales en las irregularidades que se presentaron alrededor del proyecto.
Más de 100 mil millones de pesos habrían ido a parar a las arcas de algunas de las más prestantes familias y empresarios del país, cuando era una iniciativa que se había anunciado como un respiro para campesinos, en el propósito de incentivar el retorno a las tierras que habían abandonado, huyéndole al hambre y la violencia.
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