Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En la zona marino-costera de San Antero, Córdoba, crecen cinco tipos de manglares, reconocidos como los mejor conservados del Caribe colombiano por los expertos en la materia. Allí se encuentra la Bahía de Cispatá, una joya ubicada en el Golfo de Morrosquillo, que es el escenario de una controversia en los estrados judiciales por cuenta de una acción popular que busca proteger el medio ambiente y frenar cualquier posibilidad de hacer actividades portuarias en la zona. Además, pide que se declare a la bahía como sujeto de derechos, tal como la justicia ha hecho con la Amazonia o el río Atrato.
La acción popular, admitida el pasado 9 de julio por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se enfrenta a dos proyectos que existen para hacer dos puertos multipropósito en la zona comprendida entre Punta Bello y Punta Bolívar, al norte del municipio, en límites con Coveñas, Sucre. Uno lo concibió la Sociedad Portuaria Graneles del Golfo S.A., cuya licencia ambiental está suspendida y demandada, y otro la Sociedad Portuaria de San Antero S.A., que está en fase de consulta con las comunidades, uno de los pasos previos para solicitar licencia ante la autoridad ambiental.
Aunque ningún puerto está en obra, la acción popular asegura que los dos proyectos —en caso de ser realizados— generarían un grave daño al ecosistema, que se debería evitar. El recurso lo firman cuatro líderes de la región y el abogado ambientalista Rodrigo Negrete, acompañado de 200 firmas de habitantes de la zona, cuya forma de vida se relaciona con el manglar, zona declarada protegida por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) en julio de 2006 a través del Distrito de Manejo Integrado (DMI) de la Bahía de Cispatá-La Balsa-Tinajones y sectores aledaños al delta estuarino del río Sinú.
(En contexto: El puerto que quieren construir en los manglares mejor conservados del Caribe colombiano)
Ese DMI de Cispatá incluyó 27.171 hectáreas ubicadas en San Antero (31,7 %), San Bernardo del Viento (46,2 %) y Santa Cruz de Lorica (17,8 %). Y cuenta con un Plan Integral de Manejo que dice, en su página 98, que está prohibida cualquier obra de infraestructura de alto impacto “como puertos, carreteras, instalaciones de telecomunicaciones y oleoductos, entre otras”. Entre los elementos controversiales de este asunto está que, en diciembre de 2014, la misma CVS que otorgó la protección a la zona aprobó la licencia ambiental que solicitó la Sociedad Portuaria Graneles del Golfo S.A. para el puerto.
En febrero de 2015, la entidad confirmó la licencia, pero luego, en 2016, la misma CVS revocó esa licencia temporalmente en junio para “amparar el interés general y el derecho fundamental a la consulta previa y la autodeterminación de los pueblos de las etnias asentadas en la zona de influencia del proyecto”. Y aunque esa decisión parecía el fin de la discusión, la misma Corporación, en noviembre de 2016, la revocó y, al final de cuentas, decidió suspender la licencia ambiental hasta que se haga ese proceso de consulta que, a la fecha, no se ha iniciado.
En respuesta a este diario, la CVS señaló que acudió ante el Consejo de Estado para que sean anuladas las resoluciones en donde se consigna la licencia otorgada. Lo mismo hicieron el abogado Negrete y el alcalde de San Antero, Denys Chica, en demanda que fue admitida el 3 de mayo de 2019 por el despacho del magistrado Roberto Serrato, de la Sección Primera. Según la acción popular, este puerto y el otro, que pretende ser de gran calado, podrían afectar el ecosistema de manera irreversible, tanto en su fase de construcción como de operación. El Espectador consultó a la Sociedad Portuaria Graneles del Golfo, quienes indicaron que no harían pronunciamiento público sobre este caso.
(Le puede interesar: Nuevo puerto marítimo de carga pone en riesgo a la bahía de Cispatá)
El otro puerto, en veremos
En el caso de la Sociedad Portuaria de San Antero S.A., la idea es hacer un puerto multipropósito de contenedores en aguas profundas del Golfo de Morrosquillo en dicho municipio. Aquí, la empresa solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) un concepto sobre tres alternativas para su posible construcción. Consultada por El Espectador, la entidad señaló que todas las posibilidades “generaban un impacto al manglar, así como a otros ecosistemas como el de corales, el cual también exige una especial protección”. Y que se eligió una de ellas por ser la que generaría menor impacto en el manglar y la zona de corales.
La ANLA, en la respuesta de 2016, señaló que como una de las franjas de manglar está en zona del DMI, se debían adelantar los mecanismos necesarios para sustraer de ese Distrito esa zona. Este punto es clave porque, según las leyes vigentes, a pesar de que existe la zona protegida, es posible (según el decreto 1076 de 2015) sustraer de ella un área determinada para hacer proyectos por razones de “utilidad pública”, mediante un procedimiento. Y que, para este caso, fue establecido por la CVS en el acuerdo 312 del 6 de diciembre de 2016.
De acuerdo con el abogado Negrete, es preocupante que la autoridad ambiental, “en lugar de propender por la conservación de un área protegida, sugiera que se sustraiga la misma y desaparezcan las restricciones existentes en torno al DMI”. Fuentes oficiales explicaron que como esta posibilidad está en la ley no se podría desconocer esta posibilidad, que cabe solo para Distritos de Manejo Integrado y Reservas Forestales, pues la Corte Constitucional prohibió hacerlo en Parques Nacionales Naturales. Esta sustracción implica además que se compense la afectación ambiental que se provocaría.
(Le puede interesar: Apple se asocia con comunidades colombianas para proteger los manglares del Caribe)
La ANLA explicó que ahora la Sociedad deberá hacer un estudio de impacto ambiental y hacer una propuesta de medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir o compensar esos posibles impactos, como requisito necesario para solicitar la licencia ambiental. “A partir de un proceso basado en el rigor técnico de expertos de las distintas áreas de los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos que forman parte del equipo de colaboradores de la ANLA, partiendo de una visita técnica al área del proyecto, se realiza la evaluación para decidir si se otorga o se niega la licencia ambiental para el proyecto”. El Espectador consultó a la empresa pero no obtuvo respuesta.
El abogado Negrete explicó que acudieron a la justicia luego de considerar que no hay otra herramienta efectiva para proteger los derechos colectivos de las comunidades y el medio ambiente, entre otros, por esa posibilidad de sustraer áreas protegidas. En su criterio, ambos puertos generarían cambios drásticos en el uso del suelo, incidirían negativamente en el cambio climático y afectarían el manglar, los pastos marinos y los bajos coralinos, entre otros ecosistemas. “La CVS otorgó licencia ambiental para la construcción de un puerto marítimo en la vereda La Parrilla entre Punta Bello y Pinta Bolívar (…) que intervendría de manera directa 7,5 hectáreas del DMI, sin haber efectuado la sustracción del mismo, con lo cual desconoció lo dispuesto en los artículos del Decreto 1076 de 2015 y su propio Plan Integrado de Manejo”, dice la acción popular.
“Lo que queremos es que no se materialice esa amenaza, que hagan puertos en otro lado. ¿Por qué en esos ecosistemas tan importantes? No se pueden ubicar puertos en todos lados porque generan una grave afectación, un grave riesgo. La licencia ambiental que se otorgó está suspendida, no se ha iniciado obra. Y la otra está en trámite”, dijo Negrete. La acción popular pide, como medida cautelar, suspender las actividades portuarias y, de fondo, que estas se prohíban.
(Le puede interesar: La selva ignorada de Colombia que puede frenar el cambio climático)
La acción popular enfatiza en que en la Bahía de Cispatá habitan muchas especies de la biodiversidad, como el caimán aguja, que hoy es conservado por antiguos cazadores y la comunidad en general. Se reseñan 28 especies de anfibios, 72 de reptiles, 232 de aves y 67 de mamíferos. Además, se insiste en el recurso en que las playas de San Antero tendrían que ser sometidas a un dragado constante para conseguir el calado requerido para que los buques puedan llegar a la zona.
Para los dos puertos, aseguran los demandantes, se dragarían cuatro millones de metros cúbicos del lecho marino, se construirían dos muelles, patios de acopio para carbón, carreteras de acceso y líneas de transmisión eléctrica; se afectarían cuatro bajos coralinos y praderas de pastos marinos, al menos 16 sitios de pesca intervendrían cauces de quebradas y se haría tala de varias hectáreas de mangle, entre otros posibles impactos. Por eso, además, solicitaron que la Bahía sea declarada sujeto de derechos y que se ordene a las autoridades correspondientes tomar medidas para su conservación.
“Que no se autoricen actividades portuarias, ni de otra naturaleza que vayan en contravía con los objetivos de conservación, que se respeten los derechos bioculturales existentes con las comunidades aledañas, de manera que puedan continuar con el desarrollo de actividades de conservación y uso sostenible del manglar”, enfatiza la petición. Incluso, se señala que el municipio expidió en diciembre de 2017 un acuerdo en defensa del patrimonio ecológico y cultural prohibiendo los puertos marítimos en el municipio, contra el cual pesan dos demandas. La justicia tiene la palabra.
Conoce más