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Cuando el país apenas arrancaba a entender los alcances y el poder de un hombre llamado Diego Marín Buitrago en febrero de 2025, el presidente Gustavo Petro autorizó una misión especial al jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus: que hiciera todo lo que estuviera a su alcance para lograr que ese hombre, conocido en el mundo criminal como “Papá Pitufo”, volviera a Colombia para que le contara a la justicia cómo habría consolidado una de las redes de corrupción más grandes de los últimos años y sus vínculos con políticos y agentes de la fuerza pública. Mientras tanto, el país no hablaba de otra cosa: la entrada de dinero de ese zar del contrabando a la campaña de Petro Presidente y cómo el propio jefe de Estado dio la orden de devolverle todo el dinero a Marín.
En ese contexto, y en su papel de ser uno de los hombres de mayor confianza del jefe de Estado, Lemus cumplió con la tarea y se reunió el 26 de febrero de 2025 con Luis Felipe Ramírez, abogado de “Papá Pitufo”. Así lo revelaron audios publicados por Noticias Caracol en los que, más allá de esa petición presidencial, quedó sobre la mesa un asunto que generó polémica: el ofrecimiento de beneficios jurídicos a Diego Marín Buitrago, a cambio de su regreso a Colombia. Un asunto que para Lemus ocurrió bajo todos los parámetros de la ley o por “ligerezas” suyas, pero que para expertos y la propia Constitución Política constituyen una extralimitación de poderes. La primera reunión ocurrió 18 días después de que la revista Cambio publicara la historia sobre el aporte de COP 500 millones a la campaña política.
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Esa revelación puso en el mapa político y judicial a Marín. Una semana después de ese primer encuentro, el 6 de marzo, ocurrió la segunda reunión entre Lemus y el abogado Ramírez. Ambos encuentros fueron grabados y en ese registro de lo que ocurrió quedó claro que el enviado del presidente le preguntó qué necesitaban para que “Papá Pitufo” regresara de inmediato al país. Lemus expresó: “¿Qué necesita? De parte nuestra como presidente de Estado, pues, porque como te digo, en la cuestión ya de Fiscalía, eso lo negocian con ellos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos de pronto hablar algo dentro de la Fiscalía que lo favorezca, eso es otra cosa”. Luego, el abogado Ramírez le dejó claro que estaban preocupados por una posible extradición de su cliente a Estados Unidos.
Lemus le contestó: “Pero hasta ahora no han dicho nada. Y entre más pronto resuelva esto, lo traen. Entre más pronto lo resuelvan mejor para él. Es más, si ya está aquí metido en el cuento, el presidente así como con la gente que está metida en la vaina de la paz (total), avanzado ya en la negociación que, si es que es negociación que se haga, por ejemplo, en el caso de los guerrilleros y los grupos armados, hay una ley que nos permite eso. Que entre más avanzada la negociación, pues hermano, la extradición ya no es igual…”. En diálogo con este diario, el exdirector de la DNI explicó que la mención sobre la Paz Total “fue un mal entendido” y que quizás cometió “una ligereza” al mencionar esa política del gobierno Petro que sí ha permitido frenar la extradición de grandes jefes criminales.
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Lo mismo contestó a la pregunta de por qué le dijo al abogado Ramírez que conocía a Diego Marín y que era, incluso, cercano al zar del contrabando. “Fue una ligereza mía, la verdad. Lo dije por acercarme a él”, agregó Lemus. Sobre esas reuniones entre el gobierno y el procesado, la fiscal Luz Adriana Camargo dijo en diciembre pasado que no conocían ni habían sido informados de esos contactos. “Es un abuso de función, es decir, están usurpando funciones”, sostuvo la fiscal. Lemus le confirmó a El Espectador que en la noche del pasado viernes le envió al ente investigador un documento con las conclusiones de su acercamiento con “Papá Pitufo”. Aunque aseguró que se trató de una coincidencia, ese informe llegó a la Fiscalía justamente después de las revelaciones de Noticias Caracol.
Las voces expertas
Aunque Lemus se ha escudado en la premisa de que las reuniones a puerta cerrada y todo lo que habló con el abogado del zar del contrabando fue para acercarlo y traerlo a Colombia, en realidad expertos coinciden en que el fin no justifica los medios. El asunto, señalan, se centra en una clara extralimitación de sus funciones y una desviación de los objetivos del DNI. La exfiscal y exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, le dijo a El Espectador que el ofrecimiento de su entrada a la paz total, a través de la Ley 2272, no es legítimo. “Es un ofrecimiento ilícito, en ejercicio extraordinario y excediéndose en su función. La DNI es una dirección que reemplazó al DAS por la corrupción y por los manejos no solamente opacos, sino ilícitos que tenía, y se esperaba que la DNI trabajara dentro de concepciones legales”, señaló la abogada.
Si bien Lemus le explicó a este diario que los acercamientos con Marín también fueron en el marco de su trabajo de inteligencia, para Buitrago es claro que en esa función existen límites. “No se trata de ir a hablar con los presuntos responsables de delitos, ni de ir a solucionarles el problema jurídico a personas que incluso han sido imputadas y acusadas por la Fiscalía. No solamente es un exceso en la atribución de funciones, sino que esto lleva también complejidades que en lo jurídico terminan siendo conversaciones no santas. Eso se llama constreñimiento, incluso, frente a un eventual testigo de la Fiscalía. El funcionario público solo puede hacer lo que le está permitido por ley. Lo demás que se haga es extralimitación de sus funciones”, añadió la exministra.
En eso coincide el profesor y director del Observatorio de Políticas, Ejecución y Resultados de la Administración Pública de la Universidad Externado, Andrés Macías, quien señaló que no solo se trató de una extralimitación, sino de un desvío de las capacidades de inteligencia de las entidades encargadas. “La DNI no debería estar negociando beneficios judiciales, menos aún con un actor que posiblemente interfirió con recursos ilegales la pasada campaña presidencial. La DNI no es el canal para acercamientos de cara a posibles sometimientos a la justicia, eso sería utilizar canales informales o paralelos. Lo que está en juego es la credibilidad del Estado. Hay que determinar si se negocia y se realizan acercamientos dentro del marco de la ley o si se permiten zonas grises que terminan favoreciendo al crimen”, dijo.
Al respecto, Lemus aseguró en entrevista con este diario que todo lo que hizo está permitido por la ley. Que lo que hizo fueron “acercamientos de caracterización de un presunto delincuente (…) Nosotros simplemente, como inteligencia, tenemos un criterio orientador y le informamos a la Fiscalía. Es un criterio orientador. Ellos deciden si lo llaman o no lo llaman para que hable o no hable. Y esa era la idea”. Lemus insistió en que todos sus acercamientos fueron avalados por Petro y que su salida de la DNI no fue por este caso. Eso sí, aseguró que siente que lo sacaron por la puerta de atrás. “Yo me he portado muy bien y he trabajado igual. He sido muy leal, transparente e integral. Lo que pasa es que hay personas que quieren aferrarse al poder y entonces esto es por la envidia y la codicia de ellos”, concluyó.
Sin embargo, para la exministra, todo se resume en que las buenas intenciones no cuentan cuando los trámites están por fuera de la ley o simplemente no son de su competencia. “Ningún funcionario, por mejores intenciones que tenga, puede intervenir. No puede estar prometiendo interferencias en la Fiscalía, ni negociaciones a través de leyes que ni siquiera se concibieron para eso. El tema particular es que los acercamientos con una persona que tiene orden de captura internacional tampoco tiene justificación desde el punto de vista de la Constitución y la ley para los funcionarios públicos. No pueden evitar decisiones ni interferir en acciones de otro órgano como la Fiscalía”, agregó Buitrago, quien resaltó que tampoco puede ser una excusa que el mismo jefe de Estado haya avalado esos acercamientos.
“El presidente no puede cambiar las leyes. Las leyes están descritas en la Constitución y en los códigos que rigen cada una de las instituciones. Y lo que puede hacer un funcionario público es decir: ‘No es mi competencia, no lo puedo hacer’. Pero si el funcionario público a través de esa petición decide actuar, es consciente de que está actuando contra la ley. Y desde ese punto de vista no hay exoneración de ninguna índole. Una petición de cualquier presidente de la República de cualquier país significa que primero pasa por la Constitución y la ley. Los funcionarios públicos deben tener claro cuáles son sus funciones. Cualquier caso en donde ellos se extralimiten a tomar acciones no legales deben ser investigados”, concluyó la exministra Buitrago.
El presidente Petro señaló a través de una comunicación escrita que “todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”. Sin dar nombres ni más detalles, agregó que sabía que varios agentes de inteligencia aprovecharon acercamientos con “Papá Pitufo” para pedir dinero a cambio de beneficios y que, incluso, “existió un pacto entre la Fiscalía y los directores de DNI para no traer a Marín a Colombia”. Este diario le preguntó a Lemus si conocía los detalles de ese señalamiento, pues solo tiene dos predecesores en la entidad, Carlos Ramón González, prófugo de la justicia, y Manuel Casanova. El exfuncionario concluyó que no sabe a quién se refiere el presidente.
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