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Por su presunta responsabilidad en el desvío de miles de millones de pesos del sector salud cinco de los primeros exfuncionarios del Ministerio de la Protección Social detenidos dentro del escándalo de corrupción fueron acusados formalmente por un fiscal, ante el Juzgado Cuarto Penal Especializado de Bogotá.
Al parecer, integraban una red dedicada a adulterar los procesos de solicitud de recobro, con el fin de quedarse con parte o la totalidad de los dineros exigidas por las Empresas Preomotoras de Salud, EPS, frente a los servicios que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS, y que, por tanto, deben ser financiados por el Fondo de Solidaridad y Garantías, Fosyga.
Aparentemente, se utilizaba la información contenida en fallidos procesos judiciales para asegurar el recobro de manera irregular, siempre procurando que el giro fuera superior a la necesidad de cubrir el procedimiento o la entrega de medicamentos, para poder desviar parte de los pagos.
Según la investigación fueron casi 11 mil recobros irregularmente tramitados de los póco más de 14 mil que fueron analizados de los registros existentes en el Ministerio y las distintas entidades inmersas en estos proceso entre 2006 y 2011.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó cargos a los indiciados por peculado por apropiación, cohecho propio, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y prevaricato por acción.
La media afecta a Claudia Patricia Rojas Puerta, coordinadora de cobros y reclamaciones del Ministerio; Luis Andrés Ruiz Martínez, encargado de las bases de datos de la cartera; Héctor Mauricio Durán Poveda, subgerente de cartera de la EPS Sánitas; y los particulares Édgar Isaías Medina Millán y John Carlos Lemus Rodríguez, quienes asesoraban a las EPS en los recobros.