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En el marco de la investigación por la caída de la torre 6 del edificio Space, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a dos excuradores de Medellín como presuntos responsables de prevaricato por acción.
Se trata de Carlos Alberto Ruiz Arango y Eliney Esther Francis Llanos, quienes habrían violado alrededor de 78 normas de sismo resistencia tras la expedición de licencias y modificación de los criterios establecidos por la ley.
Según el ente investigador, Ruiz habría incurrido en el delito de prevaricato por acción en nueve ocasiones, mientras que Eliney Francis Llanos lo habría hecho cuatro veces.
“Esa normas hacen relación a que, de haberse verificado, hubieran impedido el licenciamiento irregular en la obra conocida como urbanización Space”, manifestó durante la audiencia el fiscal 56 de la Unidad de Delitos contra la Administración Municipal.
En desarrollo de la diligencia, el juez le otorgó el carácter de víctima a la Alcaldía de Medellín, con el propósito de blindarla ante una posible avalancha de demandas.
La Fiscalía contó con los testimonios de 35 personas y anexó más de 60 evidencias físicas para la audiencia de formulación de cargos. Durante la audiencia de acusación en la que la Fiscalía ofreció a las partes el descubrimiento del acervo probatorio recolectado, el fallador le reconoció al municipio de Medellín la calidad de víctima en el proceso.
El próximo 20 de octubre el ente acusador solicitará la preclusión de la investigación por 11 homicidios culposos en favor de Pablo Villegas Mesa, representante legal de la compañía Lérida CDO; de María Cecilia Posada Grisales, directora de obras de la misma empresa y del ingeniero calculista Jorge Aristizábal Ochoa.
La solicitud se fundamenta en el acuerdo de indemnización al que llegaron los familiares de 11 de las 12 víctimas fatales que causó el desplome de la edificación ocurrida la noche del 12 de octubre de 2013.
Mientras que el próximo 11 de diciembre, ante el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín, la Fiscalía acusará formalmente a Villegas Mesa, Posada Grisales y Aristizábal Ochoa, por el homicidio culposo del joven Juan Esteban Cantor, cuyos famliares no han sido indemnizados por la empresa constructora.
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