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“Como me dijo un soldado, ‘no se lo podemos entregar porque nosotros tenemos que dar resultados’. Para ellos era un resultado, para mí era todo en la vida”. Ese encuentro fue el último en el que la esposa de Luis Albeiro Avendaño vio a su pareja con vida, el 5 de mayo de 2005. Ella le contó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que, ese día, uniformados entraron a su casa en Sonsón (Antioquia) y se lo llevaron, lo golpearon, lo amarraron y lo asesinaron. Ese cruento relato se suma a los de cientos de familiares de víctimas y al menos ocho sobrevivientes de ejecuciones extrajudiciales entre 2004 y 2007 en Antioquia perpetrados por la Cuarta Brigada del Ejército. La JEP imputó a cuatro exgenerales de esa unidad militar por crímenes de guerra y lesa humanidad, por su participación en al menos 442 casos de ejecuciones extrajudiciales.
Los generales en retiro Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, fueron señalados como máximos responsables por haber promovido una política de “conteo de cuerpos” al interior de sus tropas. Bajo su comandancia se instauró esta figura, incluso pidiendo que los reportes de bajas fueran diarios y, en algunos casos, creando competencias para garantizar un alto número de supuestos muertos en enfrentamientos. Según detalló la JEP, esta estrategia consistía en priorizar la cantidad de muertes reportadas como bajas en combate, lo que derivó en un patrón macrocriminal que incluyó asesinatos y desapariciones forzadas. Todo a cambio de premios, nominaciones, ascensos y hasta vacaciones. Entre las víctimas hay 26 menores de edad y es la primera vez que la justicia especial logra probar 41 casos de torturas contra quienes fueron objeto de esta escabrosa práctica.
Según la imputación de la jurisdicción especial, mientras González Peña fue comandante de esa unidad militar, hombres bajo su mando cometieron 234 ejecuciones extrajudiciales. Para la JEP, el general (r) “no solo propició la formación de un acuerdo que facilitó la prolongación del patrón macrocriminal de presentación ilegítima de falsas bajas en combate, que ya se había generado en la Cuarta Brigada, al menos desde el año 2002, sino que también puso en riesgo a la población civil y fomentó esta práctica criminal”. En el caso de Pico Hernández, según detalló el órgano de justicia transicional, fue uno de los altos mandos militares que más replicó, con mensajes en radio a sus tropas, y en órdenes directas, el mensaje de que las muertes en combate debían ser diarias. Por su parte, Piza Gaviria y Rodríguez Clavijo habrían presionado a sus divisiones para que se cumpliera con el denominado body counting.
Para llegar a esa conclusión, la JEP escuchó diversas versiones, no solo de algunos imputados (que también incluye a 35 oficiales y suboficiales de la brigada con sede Antioquia), sino también de las propias familias que presenciaron los hechos. La Jurisdicción determinó que durante las retenciones previas a los homicidios se generaron golpes y amenazas contra las víctimas y quienes las acompañaban, pues por lo general los uniformados las sacaban de sus casas a la fuerza. “Igualmente, para retener a las víctimas, el método usado fue amarrarlas con cabuya de manos, cintura o cuello y así desplazarlas hasta el punto en el que serían asesinadas. Además, en algunos casos, las retenciones se prolongaron por varios días y las víctimas fueron llevadas a casas abandonadas mientras esperaban la orden de su ejecución”, explicó la JEP.
Uno de esos casos ocurrió en el municipio de Cocorná, el 3 de junio de 2004. Ese día fue asesinado Germán Darío Hernández, un campesino que se encontraba cortando caña a las 7:30 de la mañana en compañía de su hermano. Miembros del batallón BAJES llegaron a su vivienda, se lo llevaron, le quitaron el machete, lo golpearon con él y lo amarraron a la cintura. Según detalló la Jurisdicción, un guía de la zona lo habría señalado como colaborador de la guerrilla. Para corroborar esa información, también fue clave el testimonio del subteniente Andrés Mauricio Rosero, quien admitió que forzaron a un menor de edad del sector a identificar a Hernández como miembro de las Farc, pero el joven no lo reconoció. De acuerdo con el exuniformado, aun así, él mismo ordenó la ejecución y el montaje de la escena para simular un combate.
Más detalles: JEP imputó crímenes de lesa humanidad a cuatro generales (r) por falsos positivos
Otro hecho similar que tuvo en cuenta la JEP para tomar su decisión se dio gracias al testimonio de la prima de Efraín de Jesús Galeano, asesinado el 2 de agosto de 2004. Según su relato, él se encontraba afilando un machete en la casa de su tía después de terminar sus labores de carga de caña, cuando uniformados llegaron al lugar. A pesar de sus súplicas y las de su madre, le pusieron un lazo en la garganta y se lo llevaron retenido. Fue luego reportado como baja en combate, por parte de la contraguerrilla Bombarda 1 al mando del subteniente Yamid Díaz Tovar. “Me ataron a un palo de café, me sentaron y me pusieron las manos hacia atrás amarrándome. Ahí empezaron a decirme que me iban a cortar una mano, que me iban a cortar una oreja, que me iban a cortar un dedito, ahí torturándome”, señaló la familiar de la víctima.
A todos estos escenarios también se suman las voces de quienes fueron liberados o lograron escapar de la retención. De acuerdo con los exuniformados que reconocieron verdad ante la Jurisdicción, por lo general, luego de retener a las víctimas señaladas de pertenecer a la guerrilla, el siguiente paso era la ejecución. No obstante, algunos lograron evitar ese desenlace. Ese es el caso de Pedro Claver Salazar, quien fue señalado como guerrillero y detenido por miembros del BAJES el 25 de mayo de 2005. “Le apuntaron con los fusiles y lo golpearon hasta casi asesinarlo. Fue liberado luego de que alguien lo buscara y se acercara a hablar con los militares para defenderlo, explicando que era un campesino”, explica el auto de la JEP en el que se imputó a los cuatro exgenerales.
Aunque los hechos de tortura, por primera vez probados en auto contra quienes cometieron ejecuciones extrajudiciales, son un hecho novedoso, hay otro asunto preocupante: los asesinatos en contra de niños, niñas y adolescentes. Al menos 26 víctimas de las 442 documentadas entre 2004 y 2007, que luego fueron presentadas como bajas en combate, corresponden a menores de edad. Una de ellas era el joven Javier Augusto García, de 15 años, quien fue asesinado en 2005 en el municipio de Granada por miembros del batallón BAJES. De acuerdo con los hallazgos de la JEP, el menor se encontraba regando plantas a las afueras de su casa, pero uniformados asumieron que era un guerrillero, por lo que le dispararon en repetidas ocasiones para luego presentarlo como una muerte ocurrida en medio de un enfrentamiento.
Estos son tan solo algunos de los cientos de casos que conoció la JEP para tomar la decisión de imputar a los cuatro exuniformados por crímenes de guerra y lesa humanidad. Testimonios como el de la esposa de Luis Albeiro Avendaño fueron contrastados con la información aportada por los militares, quienes ahora deberán aceptar o rechazar las imputaciones. En caso de tomar la segunda vía, los exmiembros del Ejército podrían enfrentar un juicio adversarial y, de ser hallados culpables, una pena de hasta 20 años de cárcel. A un paso de llegar a ese punto está el general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante de la Cuarta Brigada, cuyo expediente fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (conocida como la Fiscalía de la JEP) por, precisamente, no reconocer su responsabilidad en 118 casos de ejecuciones extrajudiciales. Está a la espera de que se defina el juicio en su contra.
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Por Santiago Díaz Gamboa
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