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Para acceder a cualquier cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores se debe hacer carrera diplomática. Las personas interesadas en trabajar en embajadas, consulados o misiones de Colombia en otros países se forman y van subiendo en un escalafón hasta llegar a los grados más altos. Por eso, el representante a la Cámara David Racero, no se explica cómo llegó la abogada Carolina Gutiérrez Bacci a ser nombrada tercera secretaria de la misión permanente ante Naciones Unidas (ONU) en Estados Unidos, pues, al parecer, la funcionaria no contaría con los requisitos profesionales. El congresista demandó el nombramiento y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya está estudiando el recurso, admitido hace unas semanas.
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Según reza en el sistema de contratación pública (Sigep), la única experiencia profesional de Gutiérrez Bacci fue haber trabajado en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del excongresista y hoy candidato a la alcaldía de Medellín, Alfredo Ramos —miembro del Centro Democrático e hijo del excongresista Luis Alfredo Ramos, hombre muy cercano al uribismo—. De ahí saltó al cargo de tercer secretario de relaciones exteriores de la misión permanente de Colombia ante la ONU en Nueva York, a donde llegó el 28 de mayo de este año y donde devenga mensualmente un salario de algo más de $3 millones.
Con el decreto 919 del 28 de mayo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gutiérrez Bacci llegó al cargo. Según el documento, “en virtud del principio de especialidad, podrán designarse en cargos de Carrera Diplomática y Consular, a personas que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente sobre la materia, no sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular para proveer dichos cargos”. En otras palabras, según la Cancillería, no había personas de Carrera que pudieran ocupar el cargo y por eso recurrieron a la abogada, quien no pasa de los 30 años.
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Lo que reprocha el congresista, según la demanda que ya está en el despacho del magistrado Luis Manuel Lasso del Tribunal de Cundinamarca, es que sí había personas formadas y capacitadas para cuando se dio el nombramiento. A través de derechos de petición, Racero le exigió al Ministerio que le dijera qué personas de planta sí cumplían con los requisitos exigidos para ese cargo por las fechas por las que fue nombrada Gutiérrez Bacci. La respuesta arrojó tres nombres: Liz Carolina Lozano, Leonardo Andrés González y David Camilo Salgado, quienes trabajaban en Bogotá y podrían haber asumido el rol que se le dio a la abogada bajo el pretexto de que no existía gente preparada.
Asimismo, Racero explica en su demanda que “el Ministerio pudo nombrar en los cargos que designó en provisionalidad a funcionarios de planta interna, que estuvieran comisionados o encargos en planta externa en un cargo inferior o superior”. Es decir, antes de nombrar a alguien que no tuviera la carrera, la Cancillería pudo recurrir a otros funcionarios que estaban en cargos más altos o en comisiones temporales. De nuevo, a través de una petición al Ministerio, el congresista pudo establecer que por lo menos 15 personas que sí contaban con los requisitos del cargo podrían haber sido nombradas en lugar de Gutiérrez Bacci.
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Así las cosas, bajo el argumento jurídico de que existió una “falsa motivación” en el nombramiento de la abogada, el congresista busca que la justicia declare que el acto administrativo que la llevó al cargo en Nueva York, sea declarado nulo. Para Racero, con las pruebas que allegó al Tribunal — por ejemplo, los derechos de petición que le contestó el Ministerio— “se demuestra que se desconoció el requisito de comprobación de inexistencia de personal de planta disponible para realizar el nombramiento en provisionalidad de la señora Carolina Gutiérrez Bacci”, asegura la demanda.
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