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Ha habido decisiones injustificadas de parte de los jueces que han entorpecido el normal desarrollo de los procesos que se adelantan por las ejecuciones extrajudiciales denominadas en Colombia como ‘falsos positivos’, reconoció la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Su presidenta, la magistrada Julia Emma Garzón de Gómez, admitió en diálogo con ElEspectador.com que han sido numerosos los casos en los que los operadores jurídicos asignados remiten actuaciones al organismo a su cargo, alegando supuestos conflictos de competencia entre la Justicia Penal Militar y la Justicia Penal Ordinaria, cuando no hay argumento legal ni constitucional para ello y ni siquiera se le ha preguntado al Juez castrense acerca de su interés en conocer del proceso.
Es decir, los defensores de los uniformados, en la mayoría de los casos, argumentan que el facultado para juzgar a sus representados es la Justicia Militar; en respuesta, los jueces determinan que es la Judicatura la que debe decidir qué tipo de Jurisdicción debe conocer el proceso, sin antes preguntar a su par castrense y sin exponer los argumentos por los cuáles él mismo debe precisar si tiene la competencia o no para adelantar el juicio.
"En muchos de los conflictos de los mal llamados ‘falsos positivos’ el Consejo Superior tuvo que abstenerse de resolver porque no se había escuchado a la otra Jurisdicción para ver si quería o no conocer, entonces esa responsabilidad deberá recaer sobre el Juez, que no trabó el conflicto en debida forma", sostuvo la magistrada Garzón.
Entre tanto, constitucionalistas como el ex presidente de la Corte, José Gregorio Hernández, advierten que el país se está exponiendo a la intervención de organismos multilaterales si no imparte justicia en este tipo de procesos.
Al ser consultado por este medio, el jurista precisó que el no descubrir la verdad y no castigar a los culpables de crímenes de esta naturaleza, que para él son de lesa humanidad, es darle pie a la Corte Penal Internacional para que intervenga, lo que sería un fracaso para el administrador de justicia nacional.
"Si no se llega a establecer nada por la vía de nuestra administración de Justicia, tiene que operar la Corte Penal Internacional (…) Yo creo que los presupuestos se dan en el momento en que no se sepa nada, en que no se descubra nada en que haya impunidad", aseguró.
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