Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Aunque no le concedió las medidas provisionales, el Consejo de Estado admitió la tutela que interpuso la magistrada Cristina Lombana Velásquez contra sus compañeros de la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia. Lombana, quien también es mayor del Ejército, consideró que sus derechos a la igualdad y no discriminación, al buen nombre y la honra, al debido proceso, y a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político fueron vulnerados.
Los demás magistrados de la Sala, después de que el senador Iván Cepeda recusara a Lombana, consideraron que la magistrada podría no ser imparcial por su doble condición de jueza y militar. De esta manera, fue apartada de dos procesos en particular: los que se adelantan contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos. En la recusación de Cepeda, el senador del Polo explicaba que Lombana fue subordinada de Uribe.
(Lea aquí: Magistrada militar radica tutela contra sus compañeros por asegurar que no es imparcial).
Lombana, entonces, argumentó en su tutela que los otros magistrados se habían extralimitado en sus funciones. “Sin mediar ningún interés particular en los procesos, procedí a instaurar la mencionada acción al no estar de acuerdo con el contenido de la providencia (…) Con su decisión, la Sala pone en entredicho mi imparcialidad, independencia, buen juicio, compromiso con la justicia y honestidad”, señaló en el recurso, en el que pidió que no fuera apartada, como medida provisional y mientras se resuelve el caso de fondo.
En el documento en el que se aceptó la recusación de Cepeda, la Sala de Instrucción hizo un fuerte reparo a la magistrada por mantener el régimen de carrera de los oficiales de la Justicia Penal Militar, así como su rango militar y la vinculación a las fuerzas armadas: “Dos calidades deben tener los jueces: estar libres de conexiones e influencias inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y con las partes del proceso; y ostentar la apariencia de ser libres e independientes frente a ellos”.
(También: Magistrada Lombana responde a Daniel Coronell por caso Uribe).
Así las cosas, el Consejo de Estado aceptó la demanda de Lombana, al considerar que cumple con los requisitos necesarios. De esta manera, ordenó poner en conocimiento, a más tardar el próximo miércoles, de la Corte Suprema de Justicia la decisión. También solicitó que el Ejército y el Ministerio de Defensa certifiquen que Lombana es miembro activa de las fuerzas armadas, incluyendo la fecha de su vinculación.
Sobre las medidas provisionales, el alto tribunal resolvió no las concedió. El Consejo consideró que “se dirigen a cuestionar los argumentos expuestos por la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para declarar fundada la recusación presentada contra” Lombana, un asunto que se debe resolver en la sentencia. Además, porque no constató “la existencia de ‘hechos abiertamente lesivos o claramente amenazadores de un derecho fundamental’, como los ha calificado la Corte Constitucional, en detrimento de la” magistrada.
Conoce más