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Desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha dado pinceladas de su proyecto de reforma a la justicia. Algunas ideas fueron criticadas, como aquella que buscaba que los ladrones de celulares restauraran el daño pagando la mensualidad de su víctima, pero otras han sido ampliamente aplaudidas, como las que proponen una justicia al estilo norteamericano. Es decir, un sistema en el que se les conceda beneficios a los delincuentes y criminales, a cambio de develar las estructuras que les permitieron infringir la ley y de la reparación integral de sus víctimas. Tras casi dos años, y varias reuniones con expertos y miembros de la Rama Judicial, el Ministerio de Justicia presentará su reforma en la materia. Estos son los detalles, en boca del ministro Osuna.
Desde hace meses usted ha venido dialogando con una comisión de expertos para la reforma. ¿Cuáles son esos puntos clave?
En lo que más se ha avanzado es en una reforma al sistema penal acusatorio. El tema que más interés suscitó entre la comisión de expertos, la ciudadanía y que ha sido prioritario para la fiscal, para la Corte Suprema de Justicia y para el propio gobierno, es un proyecto de Ley corto que, a lo que tiende, es a volver al esquema premial negocial originario del año 2004 del sistema penal acusatorio. Es decir, restablecer la amplitud que tenía la figura del principio de oportunidad, de la mediación, de la aceptación de cargos. Que realmente tengamos un sistema penal acusatorio, en el que, a cambio de algunos premios al sindicado, se obtiene verdad plena sobre lo que ocurrió, la posibilidad de desmantelamiento de las redes criminales y la posibilidad de reparación a las víctimas.
Todo eso estaba desde 2004, pero la legislación que se ha expedido lo fue restringiendo a tal punto que, ahora, el sistema penal acusatorio no es tal, porque la gran mayoría de los casos que la Fiscalía inicia llegan a juicio. La idea era que solo llegara un número muy pequeño. La posibilidad de pactar beneficios por aceptación de cargos, indemnización, por reparación, no aplica sino para delitos muy menores, que no son los graves problemas de criminalidad que tiene la sociedad colombiana. El sistema de justicia tiene que tender a eliminar la impunidad. Y eso tiene que ver con la aceptación pronta de casos y la aplicación pronta de penas. La sociedad colombiana tiene que confiar en la sensatez de la Fiscalía y de los jueces y que, por tanto, no se les pueden prohibir que otorguen un beneficio.
En el pasado hablábamos del concepto de pasar a una justicia más norteamericana, ¿cómo se entenderá ello?
La intención es esclarecer la verdad de lo que ha ocurrido, desde un caso económico pequeño, hasta los grandes casos de violación de derechos humanos. El solo hecho de esclarecer la verdad es un acto de justicia. Hay personas que roban celulares a diario, pero detrás hay empresas criminales. Y si simplemente nos conformamos con el robo y no vamos más allá, la estructura seguirá funcionando. La persona que terminó en la cárcel simplemente es reemplazada. Pero, si fruto de su colaboración logramos desmantelar esa estructura y le decimos que va a ir menos años a la cárcel, develando quienes se lucraron, eso nos permiten ser mucho más eficaces contra la criminalidad.
La justicia norteamericana tiene un sistema en el que hay una amenaza de penas muy altas, a partir de la cual se conceden beneficios. Cuando se aprobó el último sistema penal acusatorio en Colombia, se aumentaron las penas, pero bajo la idea de que fuera un factor disuasivo para ir negociando al estilo de los Estados Unidos. Nuestro sistema está fuertemente inspirado en ello, pero no se aplica. Por eso buscamos modificaciones que amplíen la aplicación de figuras como el principio de oportunidad, un beneficio que es para delitos que tienen ciertas penas. Incluso, buscamos cambios desde el principio de los procesos. Por ejemplo, que el capturado en flagrancia se le permitan beneficios y que pueda ofrecer algo a la víctima para repararla.
La Corte Suprema habló en sus recomendaciones sobre la conciliación extrajudicial, ¿qué se ha elaborado sobre ello?
En materia penal lo que está llamado a tener más fuerza es la mediación. Cuando los delitos tienen una víctima directa, al que lo robaron o lo agredieron, a lo mejor es más justo que, con la ayuda de un mediador, se llegue a un acuerdo en el que el investigado termine reparándolo, indemnizándolo o haciendo un trabajo comunitario. Y eso, en lugar de la aplicación de todo el sistema penal acusatorio, con fiscales, jueces, el Inpec, cárceles. Habrá personas que pensarán que, si la reparan, sentirán que hubo más justicia en lugar de tener a su victimario en la cárcel. Estamos pensando en fortalecer esa figura de mediación a través de la Fiscalía o centros de conciliación que pueden ser de las universidades, de sociedades sin ánimo de lucro, de las cámaras de comercio o en las notarías.
¿Qué se ha pensado sobre los robos, qué siguen siendo de las principales preocupaciones de la ciudadanía?
Ahí hay que conciliar unas posturas. La necesidad de que nuestra ciudadanía urbana viva en condiciones de seguridad y tranquilidad, con la necesidad de respuesta punitiva del Estado. Aquí ha habido una dificultad que consiste en que hay personas que cometen delitos menores, los capturan y salen libres porque el robo era en cuantía pequeña. Y así es el ciclo. Ahí estamos buscando una solución. Hay un proyecto de Ley, que no es nuestra iniciativa, sino de la exalcaldesa Claudia López, para crear una figura contra la recurrencia en capturas, para permitir que en esos casos haya un tratamiento distinto para las personas que roban una y otra vez. Esa persona que se vuelve cliente habitual de las capturas y el Estado debe tomar una decisión ojalá restauradora, pero también un poco punitiva.
¿Qué le ha llamado la atención de la nueva fiscal Luz Adriana Camargo, con respecto a la reforma a la justicia?
Vemos que estamos enfrentando los problemas de criminalidad con una misma intención y preocupaciones. Hemos hablado de cosas como la siguiente: el gobierno había pensado en una ley de sometimiento. Un gran código para el desmantelamiento de estructuras criminales. Lo presentamos y no tuvimos el favor parlamentario. Luego, tuvimos una idea, cuya fuente era el mismo Congreso, que era la de prorrogar la Ley de Justicia y Paz para estas organizaciones. La fiscal Camargo y otras voces me dijeron: “ni lo uno, ni lo otro”. Y hemos llegado al consenso con la fiscal de que, con la legislación vigente, el código del procedimiento penal, ley 1908, y la modificación de cuatro o cinco artículos que permitirán el enjuiciamiento colectivo y la aplicación de algunos beneficios, lo tenemos.
Estamos en eso. Estamos escribiendo un proyecto de ley de modificaciones para aplicar a la legislación que ya está aprobado para temas de sugestión a la justicia, a estos casos. La iniciativa nos permitirá tener juicios colectivos. El problema que tiene la legislación actual es que obliga al fiscal a hacer acusaciones y a los jueces a resolver juicios uno por uno. Si pudiéramos hacer macrocasos, como en la JEP, en los que identificamos estructuras y hechos criminales, podríamos juzgar a toda la estructura y establecer quién puede tener una pena, quién un beneficio penal y quién una alternativa. Sin necesidad de juzgar caso a caso.
Pero ¿el gobierno sigue manteniéndose en separar los procesos de paz con organizaciones de carácter político como el Eln y estructuras criminales como el Clan del Golfo?
Sí. Para las organizaciones criminales el tratamiento es en justicia ordinaria. Esto es con Fiscalía, Corte Suprema de Justicia y cárceles ordinarias. Además, en lo otro, en lo que debemos dar un paso más, y la fiscal está de acuerdo, es en una mejor forma de reparación a las víctimas. La legislación vigente está mucho más pensada en el castigo. Buscamos darles a las víctimas más formas de resarcimiento como lo que hemos aprendido de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Ley de Justicia y Paz.
¿Cómo podrían, por ejemplo, reparar los Shotas y los Espartanos a los ciudadanos de Buenaventura?
Eso se puede de muchas maneras. Hay que distinguir a los jefes y a los jóvenes que hacen parte de esos grupos, pero quienes también son víctimas de estructuras criminales de las cuales no pueden salir. A esos jóvenes: educación, trabajos comunitarios, involucración con la sociedad. A los jefes sí una solución punitiva. Puede que haya alguna rebaja, pero tienen responsabilidad penal que pagar.
¿Y qué han pensado sobre los bienes de las estructuras criminales?
La legislación vigente permite la extinción de dominio y la posibilidad de que ellos conserven una pequeña parte de sus bienes para su sostenimiento. Que tengan ellos la ventaja de saber que tiene cómo montar un negocio o sobrevivir.
En esta entrevista podemos confirmar que Ley de Sometimiento y prorroga de Justicia y Paz quedan descartadas…
En este momento sí, y a cambio de esa propuesta inspirada en esa iniciativa de la fiscal general, que el gobierno acompaña. Creemos que puede dar la misma salida con el retoque normativo a algunas leyes vigentes.
¿Incluye al Clan del Golfo?
Sería una oferta abierta y ojalá muchos lo acepten.
Tenemos entendido que, para el gobierno, no ocupan el lugar de una organización con fines políticos y, por ende, son objeto de procesos de sometimiento y no de paz…
No, por parte del gobierno no se ha considerado la concesión de estatus político a ellos.
Expertos han publicado sobre la reforma y creen que, por ejemplo, hay muy pocos investigadores judiciales asignados a fiscales. ¿Se ha hablado con Camargo de fortalecer la institución?
No, por ahora. Si se llega a ver esa necesidad, el presupuesto está bastante estrecho, pero se mirará cómo.
Hablemos de la Procuraduría. ¿Definitivamente van a intentar eliminar la intervención judicial de los procuradores en los procesos penales?
Sí. Y aparte, yo cada día recibo, tanto en la comisión de expertos, como de gente que interviene en estos temas, la idea de que eso mismo podría ocurrir en toda la intervención judicial de la Procuraduría. Es decir, también los procesos administrativos, civiles, etcétera. Hay dos cosas interesantes: La primera, el reconocimiento de todas las personas con las que he hablado de la tremenda valía y capacidad profesional de esos procuradores judiciales. Personas que serían excelentes jueces, magistrados o fiscales. La segunda, es que la función de intervención de la Procuraduría en los procesos judiciales tuvo enorme valía a partir de la Constitución de 1886.
Pero, a partir del año 1991, con la creación de otras instituciones que de un modo más moderno y especifico vinieron asumiendo esas funciones como la Defensoría, la Fiscalía y los jueces de Garantías, esa función se ha desdibujó. Parece no ser armónica. Se ha vuelto una función de rendir un concepto que, por más juiciosos que sean, están pasando desapercibidos. Creo que podría ser mucho más eficaz para la justicia colombiana que esas personas, que son tan valiosas, se trasladaran al poder judicial. Considero, como profesional del derecho, que una de las cosas más nobles que uno puede hacer es ser juez. Podría ser más interesante espiritualmente que rendir conceptos desde la Procuraduría.
¿Y qué le dice la procuradora Margarita Cabello?
Mi relación con ella es muy cordial y amable, pero por supuesto en este tema mantenemos un desacuerdo. Ella tiene sus argumentos, que yo considero respetables y relevantes, y que hemos tramitado en un ambiente muy cordial.
De otro lado, usted aseguró que estaba dispuesto a “considerar” una ley de punto final, justo cuando la excúpula de las FARC intentó desligarse de la JEP. ¿Usted ha reconsiderado ello?
Si de esa manera se me entendió, me expresé de modo errado. Lo que el gobierno podría considerar es, si tenemos un mecanismo de obtención de verdad y de justicia que, con la institucionalidad actual, no sea fácil de obtener, estaríamos dispuestos a estudiarlo. Por ejemplo, una articulación entre JEP, Fiscalía y Justicia y Paz con efectos reales. Y hasta ahí. Leyes de punto final no. De hecho, solo por el nombre tiene una muy mala historia. Pero no, el gobierno no le apuesta a la impunidad, ni a un régimen más generoso del que ya tenemos pactado con la JEP.
Las víctimas, que no son ningunos expertos, pero sí el punto central de la JEP, decían qué más van a querer si ya tienen ese sistema…
Estoy de acuerdo con las víctimas. El mejor marco jurídico para todas las partes es la JEP. La apuesta del gobierno es obedecerla. Si me dijeran qué hacer, diría mantener las cosas como están y, si acaso, crear un momento de articulación que permita esa posibilidad de lo que uno dijo en la Fiscalía, y que después le dijo a Justicia y Paz, pero luego en la JEP, se pueda unir. No cuatro verdades que nos conduzcan a la impunidad. Si no una sola verdad.
El presidente ha hablado de una constituyente y ha tenido que responder serios cuestionamientos sobre si se quiere hacer reelegir. ¿Cuál es la postura oficial del ministerio de Justicia sobre una constituyente?
Hasta este momento no se ha dado ningún paso en ese sentido. La postura oficial del Ministerio de Justicia es el cumplimiento de la constitución y de la Ley. La Constitución prevé una forma para iniciar el camino para que el pueblo convoque una Constituyente. Si se llegara el momento y yo todavía fuera ministro, comenzaría ese camino: proponer un proyecto de Ley que el Congreso lo tramite y lo apruebe, que pase a la Corte Constitucional, que después el pueblo vote. Pero, hasta ahora, en nada se ha avanzado.
El presidente ha hablado del fortalecimiento de la soberanía popular. De que las autoridades obedezcamos lo que los ciudadanos mandan. Y no simplemente escuchemos como si esto fuera un buzón de queja. Ha utilizado la palabra constituyente. Ese discurso aviva una discusión democrática importante sobre qué cosas esta sociedad debe discutir y no ha querido o no ha podido. Que eso cristalice en un proyecto de convocatoria a una asamblea, no lo veo cercano.
En otros temas, las personas en Colombia han venido exigiendo que las prisiones tengan definitivamente inhibidores de señal. Cansados de que los llamen desde las cárceles y los extorsionen. ¿Cómo responderá el gobierno?
Vamos a tener algo mejor que inhibidores de señal. Según los datos que nosotros tenemos, alrededor del 35% de las llamadas extorsivas por teléfono provienen de las cárceles. Eso es muy grave, pero nos indican que no son todas. Incluso, los extorsionistas pueden llamar y decir que están desde las cárceles solo como un factor intimidatorio. ¿Qué pasa con los inhibidores? Es un sistema económicamente costos que tecnológicamente se desactualiza muy rápido. Podríamos comprarlos, pero en cosa de un año, se hacen inocuos. Además, hay aparatos que son susceptibles de vandalización.
Hay otra posibilidad, que requiere la colaboración de las empresas de telefonía celular y que está funcionando en México. Me he comunicado con la secretaría de Seguridad de ese país y con más autoridades, y allá les está funcionado muy bien. ¿Qué es? De un modo automático, los operadores de telefonía celular saben de dónde se originó una llamada telefónica. Pues tenemos la posibilidad de bloquear las tarjetas SIM desde las cuales se están produciendo esas llamadas y también los mismos aparatos. Quedan desactivadas, de tal manera que no servirían en Colombia ni en más de 140 países.
¿Cómo funcionará para la ciudadanía extorsionada o amenazada?
Estamos pendientes de celebrar los convenios y creemos que ahora en mayo empezarán a funcionar. Tendremos una línea telefónica de fácil acceso a la ciudadanía en la que la persona que ha recibido una llamada podrá comunicarse e indicarnos cuál fue el número desde el que lo están extorsionando. Con eso, el sistema informático podrá hacer un rastreo informático para saber si la llamada salió de una cárcel, de tal manera que se bloquea la tarjeta SIM y se inhibe el celular. Eso sucede en segundos. Yo no tenía ni idea de que eso se podía. De México me dicen que las llamadas extorsivas desde las cárceles se han reducido enormemente.
Política de drogas. Como van a hacer que los campesinos cocaleros vayan a unos lugares a trabajar, mientras de a poco van dejando la coca, por medio de compra de tierras y proyectos productos
Tenemos varios proyectos andando. En Tumaco (Nariño), tenemos varios proyectos de chocolate. El cacao está a muy buen precio. Ahí el Estado ofrece que el campesino no simplemente venda la pepa de cacao, sino una forma industrializada, como chocolate en polvo o los bombones. En Tumaco instalaremos las primeras plantas de producción de chocolate. También estamos pensando en industria de camarón, que pronto serán una realidad. También estamos bajo un factor que no depende ni de la Fuerza Pública ni del Estado colombiano y es la caída de los precios de la coca. Está muy detenido. Los campesinos pueden estar decepcionados de que el negocio anterior ya no está. Y eso ha hecho que el campesino se traslade a estos nuevos proyectos.
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