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Tras la firma final del Acuerdo de Paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las extintas Farc, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se convirtió en el mecanismo más importante para encontrar verdad, justicia y reparación. Aunque desde su creación ha tenido detractores, nunca la habían atacado frontalmente como, al parecer, lo hizo el Clan del Golfo el pasado sábado. Un mensaje intimidante anunciando que enviarían una corona fúnebre a la casa del magistrado de esa jurisdicción, Alejandro Ramelli, además de declararlo objetivo militar, prendieron las alarmas en Colombia y en la comunidad internacional.
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“A partir de la fecha ustedes se les declara objetivo militar ya que usted y su auxiliar han venido desenterrando un pasado que ya está enterrado”, es un aparte del mensaje que firma las AGC o el Clan del Golfo y, que fue enviado vía WhatsApp a Ramelli quien, con su magistrado auxiliar Hugo Escobar, investigan el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales en Antioquia. El jurista ha realizado varias intervenciones en el cementerio Las Mercedes, en Dabeiba (Antioquia), y ha encontrado fosas comunes con víctimas de desaparición forzada. La labor, que la adelanta con un grupo forense, ha estado marcada por los testimonios de exmiembros de la fuerza pública que han revelado información. El suceso resulta importante porque, además, se investiga la responsabilidad de altos mandos del Ejército que no han sido llevados ante la justicia.
Levis Contreras, un soldado profesional, quien ha sido pieza clave en develar el flagelo de los “falsos positivos”, también hace parte del hostigamiento del Clan del Golfo. “Urabá es nuestro territorio y no queremos que sigan metiendo las narices en esta zona”, dice el mensaje que recibió Ramelli. Además, los intimidan para que no sigan adelantando labores en el macrocaso que investiga desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales porque, de lo contrario, se podrían convertir en las nuevas víctimas. Si bien este es el primer mensaje amenazante que recibe Ramelli, ha trascendido que su equipo de trabajo también ha sido hostigado en terreno.
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El magistrado, en diálogo con este diario, dijo que ya presentó la denuncia ante las autoridades y pidió que se reforzara su seguridad y la de su familia. La Jurisdicción Especial para la Paz, por su parte, acompañó el clamor de Ramelli. Rechazó las amenazas en su contra e instó a la Fiscalía investigar y esclarecer la identidad de los responsables que están detrás de los hostigamientos. Del mismo modo, le pidieron al Gobierno de Gustavo Petro desarticular los grupos armados que atentan contra la paz. El jefe de Estado también se pronunció y, a través de su cuenta de Twitter, rechazó la amenaza.
“La búsqueda de la verdad siempre será el principio fundamental de todo proceso de paz. Si el Clan del Golfo no entiende que la paz implica la verdad, es mejor que lo diga y no perdamos el tiempo”, dijo Petro. El señalamiento lo hizo, precisamente, porque con el grupo ilegal se está acordando un eventual sometimiento a la justicia. El ministro de justicia, Néstor Ozuna, a través de la misma red social, rechazó los hostigamientos. Reseñó que se ponía a disposición porque conoce que Ramelli es un “ciudadano justo y comprometido con la justicia”. Desde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) también rechazaron la amenaza.
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“Desde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) exigimos respeto por la vida, la dignidad, la tranquilidad y el trabajo que realizan las y los servidores públicos de la Jurisdicción Especial para la Paz, las cuales deben ser protegidas. Su función pública es esencial para la paz de Colombia”, resaltó la entidad a través de un comunicado. La comunidad internacional también reaccionó a lo sucedido, con pronunciamientos todavía más críticos. Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, dijo que la independencia y seguridad de los magistrados es fundamental para el avance de la justicia transicional y la paz.
La oficina de Julieta Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de rechazar los hostigamientos, le pidió al Gobierno que tome medidas para la protección de los magistrados. Así mismo, instó al desmantelamiento de grupos armados como quedó estipulado en el Acuerdo de Paz. La Embajada de Estados Unidos solicitó investigar y sancionar a los responsables de los hostigamientos. Guilles Bertrand, embajador de la Unión Europea, también mencionó que amenazar la JEP es amenazar la paz. “Con la JEP, el país ha construido un potente antídoto contra la no repetición del conflicto”, expuso.
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Human Rights Watch, en cabeza de Juan Pappier, también rechazó los hostigamientos e instó a la Fiscalía a avanzar con una “investigación seria y creíble” para llevar a los responsables ante la justicia. El clamor de los entes nacionales e internacionales están enfocados en proteger a los magistrados y también en esclarecer responsabilidades. Mientras tanto el Clan del Golfo hizo público un documento en el que se libran de responsabilidad. Mencionaron que el grupo ilegal y sus frentes no tiene entre sus planes afectar la institucionalidad ni la labor de la Rama Judicial.
En ese mismo comunicado, el grupo culpa a los organismos de Inteligencia y Contrainteligencia de una campaña de desprestigio en su contra para entorpecer las conversaciones con el Gobierno. Las investigaciones serán claves para determinar si finalmente el responsable es el Clan del Golfo o, por el contrario, si existen otros protagonistas ejerciendo esa presión. Mientras tanto, lo que sí es cierto es que la protección para ambos funcionarios judiciales se convierte en una prioridad inaplazable.
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