Alarmas prendidas en la Unaim

En la Unidad Antimafia de la Fiscalía (Unaim) están prendidas las alarmas porque hace una semana, por orden de un juez de la República, recuperaron la libertad cuatro personas señaladas de pertenecer a una sofisticada organización dedicada a suministrar insumos químicos para el procesamiento de drogas a grupos de narcotráfico que operan en el sur del país. El motivo del desconcierto en el ente acusador radica en que el juez del caso no halló méritos suficientes para mantenerlos en prisión, aunque para la Fiscalía son evidentes las conexiones de estos individuos con las mafias del tráfico de estupefacientes.

Lo más grave de este episodio es que, una vez se produjo la captura de los nueve miembros de esta organización, vinculados a la empresa Destipetrol, las autoridades anunciaron que habían logrado desvertebrar una compañía legalmente constituida, que servía a la sombra a los intereses de grupos de narcotraficantes. La firma, incluso, contaba con permiso de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) para la compra y utilización de sustancias controladas, con el supuesto objetivo de producir pegantes industriales, pinturas asfálticas, inmunizantes para madera, barnices, y lacas.

Sin embargo, la Fiscalía logró constatar que bajo la fachada de la venta de inmunizante para madera y pentagasoil, un producto patentado por la compañía Destipetrol, se hacían despachos a empresas ubicadas en Puerto Gaitán y Villavicencio, Meta, y al departamento de Nariño. Aunque las firmas que recibían los envíos estaban inscritas en Cámara de Comercio, la mayoría no existían y otras no desarrollaban el objeto social para el que fueron constituidas. Así quedó en evidencia con la incautación que hizo la Policía de 26 canecas de dichos insumos en cercanías de Tumaco, Nariño, en abril de 2005.

La investigación adelantada por la Fiscalía constató que la firma Destipetrol incumplió todos los parámetros legales para el almacenamiento de estas sustancias, al punto de que, incluso antes de obtener el permiso de la DNE, transportó estos químicos a Nariño y Meta con fines muy distintos a desarrollar proyectos industriales, sino para favorecer los planes de los capos del narcotráfico, que son los amos y señores de estas regiones, estratégicamente ubicadas para el envío de alucinógenos al exterior.

Las abundantes evidencias del expediente hicieron que cinco integrantes asociados a esta firma se acogieran a sentencia anticipada. Los otros cuatro: Carlos Ayala Castellanos, Jorge Toledo Rivas, Alfonso Bonilla Hernández y José Edilberto Chacón Romero, aunque siguen vinculados a la investigación, quedaron en libertad porque, en criterio del juez, no hubo suficiente claridad de la Fiscalía para explicar el modus operandi de una firma que con todas las credenciales legales terminó, al parecer, como un eslabón de la cadena de producción de droga.

Pese a la posición del juez, la Fiscalía insiste en que interceptaciones telefónicas realizadas por la Policía Judicial demuestran que Carlos Ayala Castellanos, propietario y gerente de Destipetrol, ideó una estratagema que consistió en camuflar como barniz para madera un producto que contenía acetato de etilo, “sustancia controlada por la DNE que sirve para la extracción de la base de cocaína”, según aclaró el ente acusador. Éste añadió que las operaciones ilegales de la empresa se iniciaron a finales de 2004, es decir, seis meses antes de que la DNE la autorizara para la adquisición de los insumos.

El expediente en contra de esta sofisticada red dio cuenta de que en un momento Ayala presentó algunos problemas con el envío de estas sustancias a Nariño y Meta, por los operativos que venía desarrollando la Fuerza Pública. Es por esto que en abril de 2005, cuando le decomisaron un camión con químicos con destino a Tumaco, buscó afanosamente una empresa legal en ese municipio para que certificara el pedido que nunca existió.

Desde entonces y hasta el momento de su captura y la de sus socios, ocurrida poco tiempo después, la Fiscalía documentó con archivos y grabaciones cómo operaba esta red al servicio de la mafia. Por eso, con la reciente decisión del juez del caso, en la Unaim están con los pelos de punta, porque consideran que los cuatro miembros de esta organización que recuperaron la libertad son peligrosos delincuentes que nunca debieron salir de la cárcel y, en consecuencia, se teme que puedan evadir la mano de la justicia por razones de un formalismo o la errónea interpretación de un funcionario judicial.