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Ante la Fiscalía General de la Nación fue radicada una denuncia penal por parte del alcalde encargado de Villa de Leyva, Nicolás Méndez Figueroa, por presuntas amenazas recibidas mediante mensajes de texto desde que asumió funciones en reemplazo de Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, capturado el pasado 7 de mayo. Según el funcionario, los mensajes intimidantes advierten que tenga cuidado con las decisiones que toma siendo mandatario.
En la denuncia conocida por El Espectador, el funcionario puso en conocimiento de la Fiscalía que el 29 de mayo de 2026, tres semanas después de ser designado como alcalde encargado, empezó a recibir mensajes amenazantes relacionados con su cargo actual. Ese día, sobre las 11:25 de la mañana, se comunicaron con él por medio de mensajes de texto en los que le advirtieron que podría terminar en la cárcel como su anterior jefe.
“Oiga, señor alcalde encargado, espero que sepa tomar decisiones porque si no ya sabe lo que le va a pasar, vea cómo terminó su jefe”, decía el mensaje amenazante, según la denuncia. Y agregaba: “O mucho peor, puede terminar con una cruz encima. Ya sabe, deje de joder el pueblo”. Después recibió otro mensaje desde un número telefónico con indicativo de Argentina y registrado a nombre de “Thiago González”, en el que le pedían devolver la llamada.
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No se trata de una amenaza menor. Gamboa Chaparro está hoy preso y fue llamado a juicio, como lo menciona la denuncia de la amenaza recibida por el alcalde encargado, por su presunta responsabilidad en un caso que involucra a María Victoria Solarte Daza, hija del fallecido megacontratista Luis Héctor Solarte y propietaria de la hacienda Nuestra Señora del Buen Suceso, una mansión en Villa de Leyva cuya construcción tiene varios líos judiciales.
Gamboa Chaparro está acusado por su presunta responsabilidad en los delitos de concusión y prevaricato por acción. Según la investigación de la Fiscalía, el funcionario le habría exigido a la empresaria Solarte Daza, en marzo de este año, un soborno superior a los COP 100 millones, que sería el 20 % del valor de una ampliación de licencia de construcción para las obras de su hacienda, que no cumplía con los lineamientos ambientales y urbanísticos.
Según el fiscal del caso, el Gamboa Chaparro habría pedido ese soborno a cambio de frenar y archivar varias actuaciones administrativas y sanciones ambientales contra el proyecto inmobiliario, que está ubicado en el exclusivo sector de Sabana, en ese municipio declarado Monumento Nacional en 1954. Uno de esos procesos en contra de Inversiones San Jacinto (la empresa de Solarte Daza) y su hacienda pasó por las manos del hoy alcalde encargado.
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Se trata de una querella policiva que el municipio de Villa de Leyva inició en abril de 2023 en contra de Inversiones San Jacinto por comportamiento contrario a la integridad urbanística en las obras de Nuestra Señora del Buen Suceso, una mansión que incluye, entre otras cosas, dos lagos artificiales, capilla y caballerizas. La administración argumentó que para las obras se habrían desviado dos quebradas y se habría talado una zona protegida.
En su querella, la administración local argumentaba que las obras no tenían licencia para su desarrollo y que estaban cometiendo graves infracciones urbanísticas y daños ambientales. La querella fue resuelta el 11 de abril de 2026 por el inspector segundo de Convivencia y Paz de Villa de Leyva, William Yesid Molina García. Le ordenó a Inversiones San Jacinto demoler la construcción y pagar una multa cercana a los COP 232 millones.
Esa decisión fue apelada por los Solarte y quien debía resolverla en segunda instancia era el entonces alcalde en funciones, Víctor Gamboa Chaparro. Pero antes de que revisara el expediente, el 7 de mayo de este año, fue capturado. El entonces secretario de Gobierno, Nicolás Méndez Figueroa, fue designado en su reemplazo como alcalde encargado y la responsabilidad de resolver el problema de la hacienda de María Victoria Solarte pasó a sus manos.
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Inversiones San Jacinto le pidió el 22 de mayo a la Procuraduría hacer una vigilancia preeventiva al caso y a la decisión que Méndez Figueroa debía tomar sobre la sanción en contra de su proyecto. Un funcionario designado el 16 de junio de forma temporal por el Ministerio Público recusó al alcalde encargado y lo dejó por fuera del expediente que hoy está varado en la Procuraduría Regional de Boyacá, mientras definen quién lo resuelve en segunda instancia.
En diálogo con El Espectador, el alcalde encargado de Villa de Leyva señaló que no es la primera vez que lo amenazan en los 26 años que lleva ejerciendo como funcionario. Incluso, en 2025 había interpuesto otra denuncia por amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, por un episodio similar ocurrido el 24 de septiembre de ese año. Sin embargo, la Fiscalía nunca le dio respuesta alguna a su denuncia.
Pero la más reciente amenaza, según narró, hace referencia a un caso que además ha sido de público conocimiento. “Prácticamente me decían que no fuera a cometer ninguna estupidez con respecto a decisiones que tenga que tomar como alcalde del municipio de Villa de Leyva, haciendo énfasis precisamente en lo que pasó con el alcalde Víctor Gamboa, quien hoy está en esta situación”, narró el funcionario a este diario.
Agregó que todo se dio en el marco de la decisión que debía tomar, ya desde el rol de alcalde encargado, sobre la sanción en contra de la construcción de la hacienda Nuestra Señora del Buen Suceso. “Me hacían referencia a esto específicamente por una decisión que estaba en curso de tomar en una segunda instancia, de la cual fui recusado”, detalló. Aunque puso la situación en conocimiento de las autoridades, aseguró que no ha recibido protección.
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Tras la denuncia, la Policía le respondió a Méndez Figueroa señalando que no estaba dentro de sus competencias y que lo remitiría a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Aunque la fuerza pública tomó decisiones preventivas de apoyo, después de que el alcalde encargado le pidiera a la Defensoría del Pueblo que interviniera en su caso. Los uniformados le han prestado acompañamiento mediante revistas periódicas, pero no de forma permanente.
Sobre la respuesta de la UNP, Méndez Figueroa narró que ha sido nula. “Hoy por hoy no he tenido ningún acompañamiento, ninguna cercanía, ninguna indagación al respecto. Absolutamente nada (…) No cuento en este momento con alguien que esté encargado de mi protección y la UNP ni siquiera se ha manifestado. No me han contactado para absolutamente nada respecto a este tema”, señaló el funcionario. Las denuncias tampoco han avanzado.
Incluso, mencionó que en 2023 puso en conocimiento de la Fiscalía que había recibido amenazas de un posible atentado, pero el caso nunca avanzó. “Estas denuncias son muy demoradas (…) La Fiscalía no ha sido diligente en esas situaciones donde les aporté incluso videos, entrevistas y un sinnúmero de material probatorio. No se han manifestado sobre esta última situación ni sobre la que me sucedió en el municipio de Chiquinquirá”, expresó.
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El alcalde encargado les pidió a las autoridades que no ahorren esfuerzos en investigar esta situación. “Es lamentable la falta de protección y garantías para uno como servidor público, que tiene que tomar decisiones en muchos ámbitos. El tema en Villa de Leyva es preocupante en el entendido de la magnitud de las influencias, de las situaciones que se han presentado, en especial con el caso de Víctor Gamboa y que, como efecto colateral, me afecta a mí como alcalde en función temporal del municipio”, señaló.
También le pidió a la UNP que asuma la protección de sus garantías y su seguridad como funcionario público. “A pesar de que llevo tantos años en este medio, uno no está exento de cualquier situación que le pueda suceder. En vista de las circunstancias, le pido ese favor a la UNP. Y a la Policía Nacional le agradezco porque han cumplido su labor y me han ayudado en esta situación por la cual estoy pasando”, concluyó el alcalde encargado.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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