Alcaldía de Bogotá evalúa conciliar por caso Rosa Elvira

Un ofrecimiento público de disculpas, la renuncia de la jefa jurídica de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, Nayive Carrasco, y la promesa de que se cambiará la respuesta que ese despacho le dio a la demanda presentada por la familia de Rosa Elvira Cely: ese fue el desenlace que generó la denuncia de El Espectador , en la que la Secretaría indicó ante un juez administrativo que Cely tenía la culpa del brutal ataque en el que murió en 2012.

“De todos en el establecimiento educativo era de conocimiento la clase de personas que eran tanto Javier Velasco como el otro compañero con los cuales salió la noche del 23 de mayo de 2012 (…) Si Rosa Elvira Cely no hubiera salido con los dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en horas de la noche, hoy no estuviéramos lamentando su muerte”, se lee en el documentode la Secretaría .

La renuncia de Carrasco, delegada en ese cargo por el secretario de Gobierno Miguel Uribe Turbay el pasado 5 de enero, ya fue radicada Lo otro, la promesa de modificar la contestación de la Secretaría, está en veremos. El 11 de abril de este año, día en que esa entidad radicó ante el Juzgado 37 Administrativo de Oralidad su respuesta, se vencía el plazo para contestar la demanda de la familia Cely. Miguel Uribe Turbay anunció que el juez no tendría en cuenta los argumentos absurdos que se plantearon, como que Rosa Elvira se puso en riesgo “hasta el punto” que la mataron. El lío es que, por ahora, no hay manera de desandar lo andado. Cuando empiecen las audiencias, entonces tendrá que pararse un vocero de la Secretaría de Gobierno de Bogotá ante el juez y cumplir la promesa que el secretario Uribe hizo.

En redes sociales el tema fue tendencia, y la gente, atónita ante tremenda respuesta de la Secretaría de Gobierno, les reclamaba tanto al secretario Uribe Turbay como al alcalde, Enrique Peñalosa. La reacción del mandatario de Bogotá fueron, en primer lugar, trinos desde su cuenta de Twitter a primera hora: “Estoy indignado con posturas de abogadas de la Secretaría de Gobierno sobre Rosa Elvira Cely. Me duele que eso haya ocurrido”, y luego un comunicado pidiendo que se replanteara aquel absurdo. El secretario Uribe Turbay, por su parte, también aseguró que desconocía lo que se había afirmado desde su Secretaría, aunque su oficina de prensa sabía desde el jueves que El Espectador iba a publicar algo al respecto.

Respuestas, en general, bastante desacertadas para los funcionarios que tienen en sus manos uno de los casos más emblemáticos de violencia de género no sólo de Bogotá sino del país. No por nada la Ley 1761 de 2015, con la cual se endurecieron las penas para quienes asesinaran a una mujer “por su condición de ser mujer” y el feminicidio fue reconocido en el Código Penal, se llama Ley Rosa Elvira Cely. No es un asunto emblemático: el nombre de ella está en el documento oficial.

Como en la política colombiana el yerro de los dirigentes de hoy es la fiesta de los que ayer estaban en el poder, el antecesor de Peñalosa, Gustavo Petro, no desaprovechó la ocasión. También desde Twitter dejó saber sus puntos de vista frente a la respuesta de la Secretaría de Gobierno e hizo sus respectivas recriminaciones. “Este es el concepto central de la seguridad turbayista, el abuelo de la seguridad uribista”, dijo anexando el concepto sobre Rosa Elvira Cely divulgado por este diario. Y luego agregó: “No es problema de las funcionarias solamente, es un problema de concepción de política de seguridad que ud (Peñalosa) implementa”. Frases que no se estarían pronunciando hoy si, por ejemplo, la administración Petro hubiera conciliado con la familia Cely, pues la solicitud de reparación comenzó cuando él era el alcalde de Bogotá.

Esa demanda es la raíz de todo e el embrollo. ¿Por qué la familia Cely cree que el Estado, representado por las secretarías de Salud y de Gobierno de Bogotá, así como la Policía y la Fiscalía, les falló? La madre de Rosa Elvira y sus hermanos han señalado en ese documento que, desde las 4 a.m. del 24 de mayo de 2012, Rosa Elvira Cely empezó a llamar a la Línea 123, pero sólo hasta las 6 a.m. fue hallada a pesar de que estaba a 87 metros de la Estación de Carabineros. Según la demanda, Rosa Elvira logró comunicarse con la Línea 123 a las 4:50 a.m., pero la ambulancia tardó casi dos horas en llegar. La Secretaría de Gobierno está a cargo de la Línea 123. A la Policía le reprochan el haber tardado casi dos horas en dar con ella.

Por otra parte, los protocolos de las ambulancias son responsabilidad de la Secretaría de Salud: la demanda cuenta que Rosa Elvira fue trasladada al hospital Santa Clara, el cual se encontraba a 25 minutos de distancia cuando, a máximo siete minutos, estaban el hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana y el Hospital Militar Central. La familia Cely denuncia que al llegar al Santa Clara, ella, herida gravemente (había sido apuñalada, abusada sexualmente y torturada) y con hipotermia, se quedó en una silla rueda de ruedas sin atención durante una hora hasta que sufrió un paro cardiorrespiratorio. Las heridas causadas por su atacante, Javier Velasco, le habían causado una peritonitis. Según su familia, hacerla esperar sólo empeoró su diagnóstico.

La Fiscalía también podría tener una cuota amplia de responsabilidad. En 2007 su exmujer había denunciado que Javier Velasco había abusado de las dos hijas que ambos tenían, que para esa época eran menores de edad. La Fiscalía no había hecho nada al respecto. En agosto de 2008, una mujer llamada Nohora Cupiera ya había denunciado que Velasco había abusado sexualmente de ella. Cuatro años más tarde, cuando Rosa Elvira Cely fue asesinada, la Fiscalía no había hecho nada al respecto. Además estaba el antecedente de 2002, cuando Javier Velasco fue condenado por asesinar a una mujer llamada Dismila Ochoa. Entonces fue declarado inimputable por su “trastorno de personalidad”, se le prohibió consumir alcohol y se le obligó continuar en tratamiento con Alcohólicos Anónimos. Desde hacía años Velasco no pisaba una sede de A.A., pero nadie hizo nada. La Fiscalía, al igual que la Policía y las secretarías, tampoco quiso conciliar.

Antes de presentar esta demanda, en agosto de 2014, la familia de Rosa Elvira Cely había acudido a la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría. El 28 de julio de ese mismo año, el Comité Interno de Conciliación de la Secretaría Distrital de Gobierno, encabezado por la abogada Luz Stella Boada (la misma que escribió el documento en el que se habla de la “culpa exclusiva de la víctima”, en el caso de Rosa Elvira), señaló que la recomendación era “no presentar ninguna fórmula conciliatoria” porque la Línea 123 había cumplido con sus funciones de forma “eficaz y eficiente”, dice el documento. Ese mismo argumento, sumado a que fue Javier Velasco y no el Distrito quien atentó contra la vida de Rosa Elvira Cely, también lo esgrimió Boada en la respuesta ante el juez 37 administrativo.

Ahora, le confirmó la Secretaría General de Bogotá, además de que quieren unificar los criterios de las secretarías de Salud y de Gobierno, “se va a pedir al Comité de Conciliación revise la posibilidad de conciliar. Para hacerlo, se evaluarán los argumentos que presentó la anterior administración para no conciliar en su oportunidad”. Mientras la administración Petro y la de Peñalosa parecen querer iniciar una pelea por este tema, en el medio continúa una familia que representa lo que tantas otras han sufrido: la desidia del Estado.

“Me llena todavía de orgullo y de satisfacción que la sociedad nos apoye y que esté presente el nombre de mi hermana. En cuanto a las acciones de la Alcaldía, me sigue entristeciendo. No es culpa de una sola persona, es un equipo el que tiene a cargo la responsabilidad de tomar acción frente a estos casos de violencia. Siento que valió la pena demandar al estado. Hoy se confirma que las barreras siguen pero que hay mucha gente apoyándonos. Esto es por nosotras, las mujeres”, dijo Adriana Arandia Cely, hermana de Rosa Elvira.