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“Si una sola construcción se ubica dentro del área de humedales, debe ser destruida”. La frase la escribió Gustavo Petro Urrego, en su cuenta de Twitter, en noviembre de 2014. Por esa época, el hoy presidente andaba envuelto en una de las polémicas que enfrentó cuando fue alcalde de Bogotá: la manera en que una constructora, de propiedad de su familia política, había adquirido los permisos para construir el proyecto muy cerca del humedal La Conejera. En ese momento, publicaciones periodísticas, recursos judiciales e informes ambientales pusieron en entredicho la obra, pues todo indicaba que afectaba el medio ambiente y las aguas del humedal.
Después de 10 años, el Consejo de Estado le puso fin a esa polémica y confirmó que, en efecto, el proyecto que aprobó la administración Petro en la Alcaldía iba en contra de los derechos colectivos de la comunidad y afectaba gravemente el humedal de La Conejera. Con ponencia del magistrado Hernando Sánchez Sánchez, de la Sección Primera, el alto tribunal dejó en firme la esencia de un fallo de julio de 2019 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que confirmó los daños del proyecto urbanístico no solo en el humedal La Conejera, sino también en los derechos de la comunidad y el medio ambiente de la capital colombiana.
Cuando estalló la polémica, la constructora Praga Servicios Inmobiliarios era representada por Juan Carlos Alcocer, hermano de la primera dama, Verónica Alcocer, por lo que la Procuraduría del momento aceptó el impedimento que había expuesto el exalcalde Petro. Luego se supo que además de Alcocer, el presidente de la junta de la constructora era Carlos Gutiérrez, concuñado del hoy jefe de Estado. Las autoridades le pusieron la lupa a la manera en que la empresa había adquirido la licencia ambiental que le dio vía libre a la construcción del proyecto, pues ambientalistas resaltaron que era evidente que la obra invadía el humedal.
El hoy presidente Petro, además de advertir que si el proyecto tocaba el recurso natural, tendría que ser destruido, señaló que nada temía con las investigaciones judiciales (hasta la Fiscalía se metió en el asunto y abrió una investigación, cuyos resultados todavía se desconocen). Por ahora, el único expediente que llegó a una conclusión es el administrativo. El Consejo de Estado aclaró en su más reciente decisión que el proyecto de la familia del hoy presidente “producía daños en el entorno ecológico, contaminación sonora, presencia de residuos sólidos e incorporación al entorno de mascotas”.
El alto tribunal añadió que los efectos adversos de la obra también se podían ver en una “afectación de la conectividad ecológica y deterioro del hábitat para las aves que hacen tránsito o tienen como sitio de llegada el espejo de agua del humedal, además de todos los seres vivos que se desarrollan en su entorno”. Para tomar la decisión, el Consejo de Estado tuvo en cuenta informes periciales (que en su momento causaron también polémica porque eran contradictorios), así como las inspecciones judiciales y otros testimonios que sirvieron para confirmar los daños, especialmente porque la obra afectaba la “filtración de las aguas, las cuales a su vez recargan otros acuíferos”.
Lo anterior, aclaró la justicia, podía terminar, en un futuro no muy lejano, en la escasez del líquido en el humedal. Además, la Sección Primera destacó que Colombia hace parte del Convenio Ramsar, tratado internacional cuyo fin principal es la conservación de todos los humedales del mundo, y que, por disposición distrital, el de La Conejera hacía parte del listado de humedales protegidos en la capital. Así, el alto tribunal respaldó al Tribunal de Cundinamarca que hace cinco años había condenado al Distrito, a la constructora y a la curaduría que emitió la licencia por la violación de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente santo.
Quien advirtió a la justicia sobre esta situación fue Ricardo Cañón Prieto, entonces personero de Bogotá, quien en 2015 presentó una acción popular que acaba de ser saldada por el Consejo de Estado. Lo que pedía el exfuncionario, además de la protección de los derechos colectivos, era también velar por la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible. Además, la conservación de las especies animales y vegetales, y la protección de áreas de especial importancia ecológica. En contraste, en la defensa de la constructora estaban el abogado Julio César Ortiz (abogado de Gustavo Petro) y Reinaldo Chavarro Buriticá, exconsejero de Estado.
Pese a todas las advertencias, y mientras la justicia tomaba cartas en el asunto, la obra se realizó, aunque con algunas modificaciones al permiso inicial. No obstante, el alto tribunal le recordó al Distrito que, pese a que trató de librarse de toda culpa, sí tiene la responsabilidad de velar porque la planeación de la ciudad tenga sentido y respete zonas como un humedal, no solo porque tiene una Secretaría de Planeación, sino también tiene una encargada del medio ambiente (que por la época de los hechos era Susana Muhamad, hoy ministra de Ambiente). Así, diez años después de la polémica, el Consejo de Estado confirmó que la licencia que permitió el proyecto de la familia política del hoy presidente se expidió de forma irregular.
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