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Una amenaza de plan pistola contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue anunciada el pasado 4 noviembre, justo después de que motociclistas le dispararan a quemarropa a un miembro de la sede central de la entidad. La víctima fue Kevin Romero López, de 20 años, quien cumplía funciones administrativas y logró sobrevivir a pesar del asalto. Horas después del hecho, a la oficina central del Inpec llegó un panfleto que habría sido firmado por la banda extorsiva Los Satanás, que exigían la reubicación del “patrón, y al hermano, del patio 10 (de la cárcel de Girón) a un lugar donde tengan todos los beneficios”. En época de emergencia carcelaria, ahora el Inpec se enfrenta a una máxima, pues sus uniformados están siendo acribillados.
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Desde el instituto dicen que necesitan la ayuda de las autoridades judiciales por fuera de prisión. El contenido del panfleto decía que el plan se extendería “hasta que muevan al patrón a un patio con todos los beneficios”, al parecer, refiriéndose a José Manuel Vera, quien permanece aislado en una celda en la cárcel de Girón (Santander) en febrero de este año. A esa prisión llegó para ser vigilado en condiciones especiales como resultado de la “emergencia carcelaria” decretada por el gobierno, ante los crudos antecedentes contra los guardias. Sin embargo, en diálogo con este diario, el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, señaló que, por ahora, no ha sido posible verificar la autenticidad y autoría de esta amenaza, la cual es examinada por la Policía y la Fiscalía.
Esa amenaza es solo una de las 375 reportadas oficialmente por el Inpec en 2024, en un año en el que han sido asesinados 10 funcionarios. Entre las muertes está la del coronel Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo de Bogotá, quien fue baleado el pasado 16 de mayo en Bogotá, al salir de la cárcel y sin contar con esquema de seguridad. Por su caso, el pasado viernes 8 de noviembre fueron capturadas tres personas por su presunta participación en el crimen. Otro de los expedientes es el de dos funcionarios atacados en la Vía Panamericana, entre Popayán y Cali, el 17 de octubre y que murieron un día después por la gravedad de las heridas. Ese mismo día, en la mañana, otro guardia fue atacado a bala cuando llegaba a la cárcel Modelo en Bucaramanga (Santander), para iniciar su turno.
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Un mes antes, en Barranquilla, un dragoneante fue asesinado con un disparo luego de terminar su turno en el centro carcelario El Bosque. Frente a la nueva amenaza, Gutiérrez aseguró que ya gestionó la incorporación de del Grupo de Operativos Especiales de Seguridad de la Policía (GOES) y grupos de inteligencia de la Policía, para incrementar las medidas de seguridad alrededor de la sede central del instituto. Además, emitió circulares internas con instrucciones para la autoprotección de los funcionarios. Desde ahora, además, se pedirán los antecedentes penales de los familiares que van a visitar a los presos en las 128 cárceles del país. Además, Gutiérrez señaló que está en permanente diálogo con la Unidad Nacional de Protección (UNP), que tiene bajo su protección a 59 funcionarios.
Una vez determine la autenticidad del panfleto, emitirá las alertas a las autoridades judiciales. Por su parte, el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Ludwing Joel Valero, señaló que tiene todo listo para mejorar las condiciones de trabajo del cuerpo que custodia y vigilancia del Inpec, pues la semana pasada el gobierno Petro firmó un documento Conpes para liberar liberará recursos. El Espectador conoció que la Uspec tiene el presupuesto para hacer una inversión de $2.000 millones, que se distribuirá en la compra de 1.353 cartuchos de gas lacrimógeno, 2.165 aspersores de gas pimienta y 1.083 granadas con cargas químicas. Para ello se abrirá un proceso contractual en enero de 2025.
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Además, desde inicio de año, una de las promesas en contexto de la “emergencia carcelaria” fue la designación de dos fiscales especializados que han trabajado las investigaciones relacionadas con la criminalidad asociada al sistema penitenciario, como la corrupción, las extorsiones y la violencia. Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, confirmó en diálogo con este diario que se asoció con la Fiscalía para adicionar al trabajo investigativo a otro fiscal, quien ha estado encargado, en exclusiva, de los asesinatos de guardias. “Estamos trabajando en conjunto de manera apresurada. En menos de 90 días sacaremos algunos resultados que ya están mostrando las investigaciones”, añadió Buitrago.
Gutiérrez, por su parte, concluye que “no hay un descontrol de las cárceles. Lo que está sucediendo es un problema de orden público”. Por ello, considera clave el trabajo de la Policía y la Fiscalía con respecto a quiénes estén ordenando y ejecutando las amenazas. Valero, desde la Uspec, está listo para asignar recursos específicos para que los funcionarios tengan mecanismos para defenderse. El gobierno ha realizado 30.083 revistas al interior de prisiones y ha desarrollado al menos 500 consejos de seguridad. Aun así, este ha sido el año que más asesinatos se han reportado, duplicando la cifra de 2023 y triplicando la de 2022. Por ello, si la reciente amenaza viene de Los Satanás o no, no es el foco del problema, cuando promesas de muerte de esa naturaleza han sido cumplidas sin firma alguna.
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