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Desde que la guerrilla de las Farc y el Gobierno colombiano iniciaron las negociaciones que llevarían al Acuerdo de Paz, las víctimas de minas antipersonales en el país se habían reducido ostensiblemente, gracias a que el grupo subversivo dejó las armas y la Fuerza Pública inició una labor de desminado en el territorio nacional. Estos dos hechos hicieron posible que el país pasara de ocupar el segundo puesto de la clasificación mundial de países con más minas en 2010, a ser el décimo en la actualidad. Sin embargo, desde 2018, distintas organizaciones, como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la oficina del Alto Comisionado para la Paz (ACP), han advertido su preocupación por un nuevo aumento de las víctimas de estos artefactos.
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Históricamente, estos artefactos, que han cobrado la vida de 11.751 personas desde 1990 a la fecha, según cifras oficiales, han sido instalados por las guerrillas del Eln y las Farc. Sin embargo, en la actual etapa, que se supone es de posconflicto, grupos criminales como el Clan del Golfo están instalándolos en Antioquia, Córdoba y Chocó, región donde este grupo sucesor del paramilitarismo tiene concentrada gran parte de los 7.000 hombres que lo conforman. En esta misma región, por donde pasa buena parte de los cargamentos de cocaína —con destino a los carteles mexicanos y la mafia italiana—, se encontraría alias Otoniel, líder del grupo criminal y el hombre más buscado por las autoridades colombianas.
Un hecho que prendió las alarmas de las autoridades fue el hallazgo por parte del Ejército de una fábrica de minas antipersonales en Riosucio (Chocó) en mayo pasado. El hallazgo se hizo en la vereda Consejo Mayor, zona limítrofe con el Urabá antioqueño. La subestructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo tenía almacenadas allí 563 minas compuestas por anfo, un tipo de explosivo de alta potencia que se elabora de manera improvisada. Además, hace cuatro días, en zona rural de Ituango (Antioquia) fueron capturadas 40 personas del Clan del Golfo que construían estos artefactos.
El general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, señaló en su momento que estos artefactos explosivos serían usados por esa organización criminal para tener control de los corredores del narcotráfico y los yacimientos de minería ilegal que existen en el norte del departamento. El alto oficial aseguró que el Ejército ha logrado la destrucción de manera controlada de 38 minas antipersonales pertenecientes a los diferentes grupos armados organizados que delinquen en esta zona del departamento, entre ellos el Clan del Golfo.
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La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha alertado a lo largo de 2019 sobre el uso de minas en los territorios donde hace presencia el Clan del Golfo. Esta dependencia de la ONU denunció que algunas comunidades de Puerto Libertador (Córdoba) y Juradó (Chocó) se encuentran confinadas y desplazadas por los enfrentamientos entre la agrupación de Otoniel y el Eln. Por estas dos situaciones en el occidente del país, la OCHA reportó más de 4.000 personas desplazadas.
En abril de 2019, Diego Mazo Castrillón, un joven de 16 años, perdió sus dos piernas luego de pisar una mina en la vereda La Flecha, de Puerto Libertador. Los habitantes de la región aseguraron que el hecho dejó en evidencia que no están dadas las garantías necesarias para que los desplazados retornen a sus sitios de origen, ya que el menor y su familia llegaron a ese lugar para que les fuera restituido un predio que la violencia paramilitar les quitó en el pasado. Por su parte, la Asociación Campesina del Sur de Córdoba responsabilizó a la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia, y al comandante Ramírez de lo ocurrido al menor, ya que la familia regresó al sitio por la “falsa” apreciación de seguridad que habían anunciado las autoridades. Así quedó reportado en el diario El Universal.
El aumento de víctimas
Otro dato que preocupa a las autoridades es que el número de víctimas de minas antipersonales en Colombia viene en aumento desde 2018. Ese año, 178 personas (93 civiles y 85 de la Fuerza Pública) fueron víctimas de estos artefactos. En lo que va corrido del 2019, han sido afectados 58 colombianos por la explosión de las minas (28 civiles y 30 de la Fuerza Pública). “En la última década veníamos en un decrecimiento en las cifras de víctimas de minas antipersonales. Sin embargo, en el año 2018, por la misma dinámica del conflicto armado hubo un incremento del 200 % con respecto a 2017, cuando se registraron 57 víctimas. Es una situación bastante preocupante”, señaló Doris Marcela Hernández, líder de Construcción de Paz y Doctrina Institucional de la Cruz Roja Colombiana.
Aunque no es posible determinar que el aumento de víctimas de estos artefactos esté relacionado con que el Clan del Golfo haya incursionado en la instalación de minas, la Defensoría del Pueblo ha emitido 31 alertas donde se tiene identificada la presencia del grupo armado de Otoniel y en las que también advierte del riesgo de contaminación con minas. Chocó, una vez más, sería el departamento con más episodios preocupantes para este organismo liderado por Carlos Negret. Las alertas dan cuenta de que los niveles de recrudecimiento del conflicto en ese departamento también está dejando bastante munición de guerra sin explotar, como granadas, lo cual dificulta aún más la situación de las comunidades.
El general del Ejército Jorge Eduardo Mora , comandante de la Fuerza de Despliegue Contra Amenazas Transnacionales, señaló en entrevista con El Espectador que informes de inteligencia y testimonios de miembros del Clan del Golfo capturados por las autoridades señalan que exguerrilleros de las Farc han sido reclutados por la organización de Otoniel para fabricar estos artefactos. “A raíz de la desaparición de las Farc, algunos disidentes del Acuerdo de Paz han pasado a engrosar grupos armados como el Clan del Golfo. Esta es la razón por la que este grupo empezó a utilizar las minas. Esto claramente ha dificultado el avance de la operación Agamenón 2”, señaló el alto oficial del Ejército.
¿Cómo va el desminado en Colombia?
El 4 de abril de 2019, en el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonales, el presidente Iván Duque viajó al municipio de Icononzo, Tolima, para declarar 75 municipios y dos departamentos libres de estos artefactos letales. “En la sensibilización que nos corresponde internacionalmente, estamos dándole una buena noticia al país. Son 75 nuevos municipios liberados de esta abominable amenaza; de estos, 40 han sido liberados en tan solo ocho meses de nuestro gobierno, y seguiremos recorriendo Colombia para acabar este flagelo ”, manifestó el primer mandatario.
Con este anuncio, ya son 346 los municipios libres de sospecha de minas, gracias a la labor de la Brigada de Desminado Humanitario, la Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería y Marina y The Halo Trust, organización civil internacional de desminado. Los municipios que fueron declarados recientemente libres de sospecha de minas son Abriaquí, Caicedo, Caramanta, Támesis, Caracolí, Gómez Plata y Sabanalarga (Antioquia); Sogamoso (Boyacá); La Dorada, Risaralda, Salamina y Supía (Caldas); Valparaíso (Caquetá); Albán, Caparrapí, Chaguaní, Guaduas, Gutiérrez, La Palma, Medina, Nilo, San Bernardo, San Juan de Río Seco, Topaipí y Une (Cundinamarca); Chámeza y Tauramena (Casanare); Mercaderes, Piendamó y Timbío (Cauca); Pueblo Bello (Cesar); Ciénaga de Oro y Montería (Córdoba).
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