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El sistema de tratamiento de basuras en Córdoba es un problema que cada tanto se sale de las manos. Sobre el relleno sanitario Loma Grande, que recibe las basuras de Montería y 17 municipios, pesan informes y decisiones judiciales que exponen el manejo inadecuado de los residuos. Lo más grave es que estaría permitiendo la filtración de aguas contaminantes al caño El Purgatorio, que abastece a otras fuentes hídricas. Tan insuficiente ha sido el manejo de las autoridades, que tuvieron que cerrar un relleno en 2015 y, ahora, con el relleno principal exigido, hay denuncias por irregularidades en la licencia para un nuevo depósito.
Los antecedentes
En los noventa y hasta 2005, en la región operó un botadero a cielo abierto llamado El Purgatorio, a casi 10 km de Montería. La Corporación Autónoma del Valle del Sinú (CVS) lo cerró, dado que los residuos sólidos que llegaban afectaron gravemente el suelo. En 2006, la CVS concedió licencia a un particular para crear Loma Grande. El predio, llama la atención, quedó colindante con el antiguo botadero El Purgatorio. Se suponía que tendría una vida útil de 20 años, pero con apenas cuatro años de operación se quedó pequeño. Y no era para menos, quedó con la carga de la capital y la mitad de los municipios de Córdoba.
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Cuando Loma Grande necesitó la ampliación, en 2010, la empresa Coraseo logró una licencia para crear paralelamente el relleno Cantagallo, en Ciénaga de Oro. Un proyecto dirigido a tres municipios, con vida útil de 30 años y que podía almacenar hasta un 1′080.000 toneladas. No obstante, este solo duró hasta 2015, luego de que la Corte Constitucional regañara a la CVS y a Coraseo por vulnerar el derecho a la participación de una comunidad del pueblo Zenú. Jamás se les comunicó el proceso de consulta previa, ni se les tuvo en cuenta en el Estudio del Impacto Ambiental. Y así, Cereté, San Carlos y Ciénaga inyectaron de nuevo sus basuras en Loma Grande.
Loma Grande, una bomba de tiempo
En la misma decisión de la Corte sobre Cantagallo, los magistrados ordenaron a la CVS pronunciarse sobre la ampliación de Loma Grande. El entonces operador del relleno, Servigenerales, pidió modificar la licencia ambiental para que el lugar pasara de 3,5 a 8 hectáreas, lo cual se cumplió en 2015. En el presente, las cuentas no cuadran porque el predio cuenta con 14,7 hectáreas. Esa es una de las irregularidades que halló la CVS en una reciente visita y que incluyó como prueba ante el Tribunal Administrativo de Córdoba. El despacho judicial estudia una acción popular radicada por la Procuraduría, pero ya emitió medidas cautelares.
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Hace un par de meses, el Tribunal le ordenó a la empresa Urbaser, actual dueño de Loma Grande, abstenerse de recibir el 40% de las basuras de 17 municipios, incluida la capital Montería. “Existen vertimientos de aguas que eventualmente pueden ser lixiviados, altamente contaminadas y condiciones de mala calidad, que pueden generar consecuencias nocivas tanto al medio ambiente, (…), como para la salud de los seres humanos”, consideró. Los lixiviados, según la docente investigadora de El Externado, Carolina Montes, son un “líquido oscuro, viscoso, maloliente y altamente contaminante, que resulta de la descomposición de los residuos”.
De acuerdo con Montes, todo sistema adecuado de disposición de residuos en Colombia debe tener una planta de tratamiento de lixiviados. Sin embargo, aunque la ampliación de Loma Grande contemplaba ese proyecto en menos de dos meses y para 2015, ni Servigenerales ni Urbaser cumplieron con ello. “Los lixiviados entran en contacto directo con el suelo, se filtran y pueden llegar a contaminar aguas subterráneas. Si no son tratados de una manera adecuada, incluso pueden afectar aguas superficiales”, agrega Montes. Urbaser, por su parte, responde que tales aguas contaminadas provienen del antiguo y clausurado botadero El Purgatorio.
La CVS agrega que Urbaser tendría responsabilidad por el vertimiento de aguas “color negro, con presencia de espuma blancuzca, de olor nauseabundo”. Y que “la comunidad percibe que las afectaciones ambientales principales son los olores ofensivos con el 83,3%. Al respecto de la salud, el 72% de los encuestados afirmó tener alguna prescripción médica”. La Procuraduría agrega que los lixiviados son tratados allí con un sistema de recirculación, el cual está agotando su máxima capacidad. “Los olores ofensivos se sienten en la vereda Caño Viejo, Las Pulgas, en Km 12 y hasta en el Estadio de Jaguares”, agregó el ciudadano Rafael Gómez.
“Urbaser no le puede seguir dando la espalda a la comunidad de Loma Grande”, señaló el alcalde Montería, Carlos Ordosgoitia, la semana pasada en un comunicado de prensa. La Secretaría de Infraestructura ha tenido problemas con el operador, como el descrito en un informe de visita de obras del pasado 22 de junio. Una ingeniera de la alcaldía intentó visitar Loma Grande, sin embargo, ni el vigilante ni uno de los ingenieros la dejó entrar, sin “autorización de la gerente”. La Fiscalía, por otro lado, investiga amenazas contra algunos operarios de los vehículos recolectores y bloqueos de la comunidad que no estarían permitiendo el funcionamiento.
Las dudas sobre la nueva licencia
La CVS, el año pasado, le otorgó licencia ambiental a la empresa Siempre Limpio para la construcción de un nuevo relleno de nombre Los Cerros, ubicado en la vía a Planeta Rica y a 25 km de Montería. Se supone que tendrá una vida útil de 30 años y dispondrá de un promedio de 154 mil toneladas de residuos por año. Significaría una vía de escape al exigido relleno Loma Grande, dado que tomará basuras de Montería, dos municipios del alto Sinú y ocho de la región de San Jorge. No obstante, no se ha recibido la primera bolsa y ya la Procuraduría y la Personería de Montería tienen quejas idénticas a las escuchadas en el caso constitucional de Cantagallo.
“La comunidad, unas 60 o 70 personas de la zona, manifiesta que no se le solicitó permiso previo a la licencia”, le dijo a este diario Carol Mora, de la personería. En un informe de hallazgos, de la Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales, se consigna que representantes de más de 20 veredas aledañas a lo que será Los Cerros aseguraron que nunca participaron de una socialización previa. La empresa Siempre Limpio respondió que, según el Estudio de Impacto Ambiental, se realizaron entrevistas directas con los líderes de las comunidades. Incluso, que en agosto del año pasado se procedió con una sesión virtual.
Sin embargo, miembros de la comunidad denunciaron que en esa supuesta socialización previa quedaron las firmas de personas que nada tienen que ver con el lugar. Por ejemplo, que la señora Casilda Torres no tendría inscrita su cédula en la Registraduría; que el señor Miguel Ortiz presenta novedad por muerte en 1994; y las demás personas tendrían puestos de votación lejos de la zona pensada para Los Cerros. “Los funcionarios de la autoridad ambiental omitieron el cumplimiento de sus deberes funcionales al conceptuar favorablemente para el otorgamiento de la licencia”, señaló la delegada, la cual remitió un informe con fines disciplinarios a la delegada para la Vigilancia Administrativa. La CVS, de nuevo en el ojo del huracán.
Incluso, el abogado Javier De La Hoz, apoderado de la empresa Apromiel, inició un proceso de revocación directa contra la licencia otorgada por la CVS. Esta última es una comercializadora de miel, conformada, entre otras personas, por mujeres cabeza de familia. “Siempre Limpio se limitó a que algunos de sus trabajadores se acercaran a Apromiel, compraran miel de abejas y aprovecharan ese momento para tomar fotografías y hacerlas ver ante la CVS como la supuesta socialización del proyecto”, señaló. La socialización es esencial, de acuerdo con la académica Montes, dado que las personas aledañas a rellenos asumen cargas ambientales desproporcionadas. “Hay efectos sobre su salud considerables y su agua está contaminada”, concluyó.
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