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Luego de que el Estado colombiano aplazara durante siete años la extradición de José del Carmen Gelvez Albarracín, alias El Canoso, finalmente, el pasado jueves, se conoció que el ministro de justicia Wilson Ruiz Orejuela firmó la orden de extradición del exjefe político del Frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Desde su desmovilización en 2006, El Canoso se ha comprometido a colaborar con las autoridades y a aportar la verdad sobre lo que conoció cuando integró la organización armada. Por eso, durante sus años de detención ha tenido el ventilador encendido comprometiendo con sus declaraciones a reconocidos empresarios y políticos del país.
Gelves Albarracín es un exparamilitar no es un paramilitar común. Antes de vincularse con el grupo al margen de la ley, estuvo en el Ejército Nacional, fue funcionario público y hasta aspiró al Concejo de Santa Marta, y precisamente en la carrera por llegar a esa Corporación, además de acercarse a la comunidad de la región, terminó enredándose con las autodefensas que controlaban la zona, lo cual cambió abruptamente el rumbo de su vida. Nació el 10 de julio de 1964 en Salento (Quindío) y durante su formación académica siempre mostro un interés especial por la política. Apenas terminó el bachillerato, entró al Ejército Nacional donde se desempeñó como suboficial durante cuatro años (1985 – 1989).
Pero en el escenario castrense no encontró su lugar. Se retiró y empezó a trabajar en diferentes entidades públicas, mientras en la noche estudiaba administración de empresas. Durante esos años trabajó en la clínica El Prado en Santa Marta, en la multinacional Prodeco, en la Registraduría Nacional del Estado Civil de Magdalena, en la Secretaría de Hacienda de Santa Marta, en la Personería Distrital y también en el Instituto Distrital de Santa Marta para la Formación Deportiva en el área financiera. Además de su larga trayectoria laboral, en 2004 hizo una especialización en Gobierno Municipal y un curso de verano en Política Pública para Latinoamérica.
Esa formación iba más encaminada a su mayor aspiración: la política. Se lanzó entonces al Concejo de Santa Marta y empezó a moverse por su candidatura al punto que contactó a quien después se convertiría en su jefe, Hernán Giraldo, alias El Patrón. Este último era el jefe paramilitar de la región y Gelves Albarracín le pidió ayuda para ganarse un cupo en el Concejo. “Le dije a Giraldo que quería que me diera la oportunidad de ser concejal (…) que veía la región muy abandonada por la politiquería y quería trabajar en el desarrollo de obras sociales para la comunidad. Me dijo que le parecía muy bien, que tenía buenas referencias mías”, le contó El Canoso al portal VerdadAbierta.com.
Y tanto habrá creído Giraldo en El Canoso que este último terminó convertido en el representante político del Frente Resistencia Tayrona. Llegó a un grupo, para entonces, sin direccionamiento político y que usaba las armas para mantenerse económicamente a través de la extorsión y el narcotráfico. Por eso, según algunos analistas, la llegada de El Canoso al grupo paramilitar fue ponerle cerebro al uso de las armas de El Patrón. Su labor fue la de dar avales a candidatos, para luego ponerlos a trabajar al servicio de las Auc.
Tras el sometimiento de Giraldo a Jorge 40 y Carlos Castaño, Gélves Albarracín siguió con su tarea política con los nuevos comandantes y supuestamente formó parte del grupo que impulsó el plan de los jefes paramilitares de “refundar la patria”. Dicen que su tarea fue manejar todo el aparato electoral del departamento, un botín clave para las aspiraciones del grupo. Y gracias a esto hoy es catalogado como el custodio de los pactos secretos del paramilitarismo con dirigentes del Magdalena y empresarios. Según él, su papel era hacer acuerdos a la sombra con “la crema y nata” de la política en Santa Marta.
Por eso, desde su desmovilización el 6 de febrero de 2006, ha disparado acusaciones contra políticos y empresarios, con quienes, al parecer, tuvo contacto en el Magdalena. Ese mismo año, El Canoso se postuló a la ley de Justicia y Paz y lo primero que reveló oficialmente ante ese tribunal especial en Barranquilla fue el conocido “Pacto de El Difícil” realizado en la finca “Alemania”, en Magdalena, una reunión que se celebró en 2003 y en la que supuestamente se acordó el porcentaje en los contratos que debían entregar los alcaldes elegidos a las arcas de las autodefensas. Además, reveló nombres de dirigentes políticos que supuestamente habían recibido apoyo de las AUC, mencionó, por ejemplo, a los ediles Fredy Lara Campo, Johana Paola Ramírez, Rafal Cabana, y otros.
Pero en cada declaración se ha llevado por delante a una gran cantidad de reconocidos personajes. Ha salpicado a conocidos dirigentes como el exalcalde de Santa Marta José Francisco Zúñiga; Yesid Sangregorio Ramos, exfuncionario de la Gobernación; a los senadores Luis Eduardo Vives y Dieb Maloof; a los exrepresentantes a la Cámara Jorge Caballero y Alfonso Campo Escobar. “La elección de Dieb Maloof fue el resultado de mi trabajo político. Él era de Atlántico y su mayor votación la obtuvo en Magdalena”, aseguró en su momento El Canoso. (Le puede interesar: Las perlas de ‘El Canoso’)
Tras su sometimiento a la justicia colombiana, el 30 de noviembre de 2009 la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio, desaparición forzada y concierto para delinquir, Gelves Albarracín se allanó a los cargos, y desde ese año se encuentra recluido en el pabellón de paz de extraditables de la cárcel La Picota, en Bogotá. El proceso avanzó y el 10 de agosto de 2011 el Juzgado Cuarto Penal Especializado de Descongestión de Santa Marta lo condenó a tres años de prisión (36 meses). Luego, por el lado de Justicia y Paz, el 18 de diciembre de 2018, la Sala de Conocimiento de ese tribunal emitió una sentencia parcial transicional de 40 años de prisión contra El Canoso por su participación en más de 30 delitos.
A eso, se suma que el exparamilitar carga con una solicitud de extradición de vieja data que acaba de ser aprobada para su ejecución. El tema de la extradición se remota a julio de 2005 cando la Corte de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida dictó una acusación formal en su contra por delitos relacionados con narcotráfico. Como ya se dijo, un año después (2006), El Canoso se desmovilizó y quedó a merced de la justicia colombiana rindiendo cuentas por los crímenes cometidos en el país. Al mismo tiempo, el proceso en Norteamérica avanzó y en diciembre de 2010 Estados Unidos notificó a Colombia de la solicitud formal de extradición de Gelves Albarracín.
El Gobierno nacional empezó a evaluar el caso y, finalmente, en septiembre de 2012 autorizo la extradición El Canoso. Sin embargo, como el exparamilitar, en calidad de postulado de Justicia y Paz, estaba colaborando con las investigaciones, entregando información y participando en calidad de testigo en otros procesos, el país condicionó su extradición y determinó que Gelves se quedaría en el país mientras siguiera contribuyendo al esclarecimiento de los hechos relacionados con las autodefensas y el conflicto armado en el país. Bajo esa premisa, la extradición del exparamilitar se prorrogó durante siete años (desde septiembre de 2012, hasta noviembre de 2019).
Sin embargo, este año, el Ministerio de Justicia determinó no renovar la prórroga para que se suspendiera la extradición y, tal como se lee en la resolución 231 fechada del 12 de noviembre de 2020, firmada por el vocero de esa cartera, se ordena la entrega de Gelves Albarracín para que comparezca a juicio ante las autoridades de Estados Unidos por concierto para importar a los Estados Unidos desde cinco kilogramos o más de cocaína y concierto para poseer cinco kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla.
Aunque no se conoce la reacción de El Canoso ante la reciente decisión del Ministerio de Justicia de ordenar su entrega al país norteamericano, sí se sabe que Gelves Albarracín se encontraba muy inconforme con el trato que le ha dado la justicia colombiana a él y a su proceso, pese a la colaboración y disposición que ha evidenciado cada vez que lo han requerido. Por lo menos así se lo hizo saber a la presidenta de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, a finales de octubre de 2018, a través de una carta escrita a mano en la que le solicitó un cupo en ese tribunal.
“No he gozado de los beneficios de Justicia y Paz siempre me han tenido sometido en patios diferentes a los creados para los desmovilizados y lo anterior por mis declaraciones por temas de política y contar la verdad ante estos (…) Dra. Linares he sido víctima de dos atentados contra mi vida denunciados en la Fiscalía, sin que hubieran hecho nada; he tocado en mis declaraciones gente importante de este país y no ha pasado nada, todo se devuelve en mi contra y es por esto que el Inpec como institución politizada actúa en contra mía y me ha tenido en las peores cárceles del país, dejándome vulnerable ante los que quieren asesinarme”, manifestó.
En la misiva, se comprometía a entregar información de cómo surgió el Bloque Tayrona, contar cómo fue el inicio de esas filas que contaron con la participación de “personas de civil, militar y policial”, cómo y quienes financiaron la creación del grupo refiriéndose a gremios de políticos, agricultores, palmeros y empresas como Ecopetrol, Drummond y Prodeco que, según él, aportaron dinero y participaron en hechos violentos. Y es que entre tribunal y tribunal, El Canoso se ha despachado a punta de comprometedores testimonios en reconocidos casos judiciales.
Por ejemplo, dijo que Hernán Giraldo (El Patrón) le había ordenado apoyar la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez en 2002, con un aporte de $120 millones. Además, en 2011, salpicó a los hijos del expresidente, Tomás y Jerónimo Uribe, asegurando que estos usaron su condición como hijos del exmandatario para influenciar la entrega de la concesión del Parque Tayrona a un grupo de empresarios que contaban con el respaldo de los paramilitares El Patrón. Incluso, indicó que conoció a los hijos de Uribe en una reunión entre el 2004 y 2005, a través del exconcejal Héctor “Nacho” Rodríguez (extraditado a Estados Unidos por traficar coaína) pues entre los Uribe y el exconcejal “mantenían una relación de negocios y hasta parrandearon juntos”.
Gélvez Albarracín ha sido una pieza clave en distintos procesos por parapolítica en la Costa Caribe como el del expresidente del Congreso, Javier Cáceres, quien fue condenado a nueve años de prisión por sus vínculos con las autodefensas. Además de Cáceres, El Canoso ha vinculado en sus declaraciones a varios políticos y empresarios de la Costa que financiaron y apoyaron a los paramilitares como Trino Luna, Luis Eduardo Vives y los entonces representantes a la cámara Jorge Caballero y Alfonso Campo Escobar, todos condenados por parapolítica.
Además, El Canoso ha declarado en el proceso que lleva la Corte Suprema contra el exsenador Alonso Acosta, quien habría contado con el respaldo de “Jorge 40” para reelegirse en el Congreso. Según Gelves, se reunió con Acosta y otros políticos para lograr aprobación de la Ley de Justicia y Paz. Las citas habrían ocurrido en restaurantes de Bogotá como la Pesquera Jaramillo, Crepes and Waffles y el Hotel Raddison. Sus testimonios también se han incluido en investigaciones como la de la supuesta financiación de la Drummond al frente denominado Juan Andrés Álvarez de las AUC.
Asimismo, ha declarado en contra del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Sin embargo, en este último caso, el exparamilitar se ha desdicho de sus acusaciones contra el mandatario regional en una serie de homicidios ocurridos mientras fue rector de la universidad departamental. A su vez, rindió testimonio en el caso de la exrectora de la Universidad Autónoma de Barranquilla, Silvia Gette, por el homicidio del ganadero Fernando Cepeda, pero inicialmente dijo que querían sobornarlo para que ayudara a Gette, y luego se retractó. Estos, por mencionar algunos, son los procesos en los que ha incidido el exjefe paramilitar quien, peses a sus intentos de permanecer en el país, ahora deberá ajustar cuentas en Estados Unidos.
Actualmente, El Canoso sufre de diabetes y estuvo contagiado de COVID-19. Por eso, en el documento que ordena su extradición, el Ministerio le solicitó al Inpec que “se adopten las medidas que se estimen pertinentes para preservar la salud del ciudadano (preso en La Picota)”. Además, también pidió que se le informe a la Fiscalía sobre esta situación, para que en el trámite de entrega de El Canoso a las autoridades gringas no se ponga en riesgo su vida.
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