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El 7 de agosto de 2002, cuando Álvaro Uribe Vélez se posesionó por primera vez como presidente de Colombia, 14 rockets explotaron a metros de la Casa de Nariño y el Congreso, donde el recién elegido leía su primer discurso bajo el manto presidencial. El objetivo se salvó de lo que terminó siendo un ataque letal para 27 personas que vivían en el barrio conocido como El Cartucho. A las víctimas mortales, y a las otras 67 personas que resultaron heridas, los une un elemento en común: la mayoría eran habitantes de calle sin recursos para iniciar procesos judiciales contra los perpetradores y, en varios casos, los restos terminaron en una fosa común, pues nadie pudo pagar los servicios fúnebres.
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Veintidós años después, y con apenas seis sentencias contra los responsables, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de incluir el expediente dentro del macrocaso que investiga los crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las FARC y sus medios y métodos ilícitos de guerra. Así se lo notificó la Jurisdicción Especial a la Dijín de la Policía, al Ejército, Batallón Guardia Presidencial y a la Alcaldía de Bogotá. En el documento que llegó a esas instancias, que conoció El Espectador, la JEP ordenó una inspección a esas cuatro entidades para recolectar información que sirva para identificar a las víctimas del atentado, así como la obtención de otros datos que permitan avanzar en la investigación de los hechos.
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Además de ordenar la inspección, la JEP también programó otra diligencia clave en el caso: el 12 y 13 de agosto de 2024 escuchará en versión voluntaria a nueve exmiembros de las FARC, grupo que encabeza Rodrigo Londoño (más conocido como Timochenko), Julián Gallo Cubillos (alias Carlos Antonio Lozada), Milton de Jesús Toncel (alias Joaquín Gómez), Fabián Ramírez Cabrera, Floresmiro Burbano (alias Martín Corena), Jaime Tapiro García (alias Rubén Polanco o Chencho), José Edwin Aldana (alias Leonardo Posada) y los hermanos Herminsul y Fernando Arellán Barajas. Los seis últimos también están vinculados al expediente por el atentado contra el Club El Nogal, ocurrido en febrero de 2003.
Además de la inspección, a la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIPOL) también llegó otro documento de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP en el que pidió información sobre las víctimas de los rockets. En concreto, la Unidad busca establecer los nombres de las personas que fallecieron o resultaron heridas, así como de sus familiares, y de personas que indirectamente se hayan visto afectadas por el atentado. En la comunicación que llegó a la Policía se lee que la información que pide la JEP tiene como “fin el de coordinar con esa unidad diligencias de inspección y documentos que permitan vislumbrar el tiempo, modo y lugar y las víctimas que derivaron de los hechos del 7 de agosto de 2002″.
El atentado dirigido contra el recién elegido presidente falló en su blanco, pero no en su objetivo político, pues fue el recibimiento de una guerrilla que había volcado al país a una realidad de terror: secuestros y tomas a estaciones de Policía y puntos estratégicos para el Ejército, más su expansión a ciudades como Bogotá. La violenta “bienvenida” de las FARC a Uribe correspondió al día siguiente en Valledupar, donde lanzó oficialmente su política de seguridad democrática y presentó su Plan Meteoro, que buscaba la presencia masiva de fuerza pública en las carreteras. Tres días después, el presidente Uribe declaró el estado de conmoción interior en todo el país.
Con base en ese decreto, el Gobierno empezó a expedir decretos para reforzar su política militarista, que incrementó el accionar de las Fuerzas Militares contra la guerrilla, especialmente en regiones como Arauca, Sucre y Bolívar. Según la Fiscalía, el comienzo del primer cuatrienio de Uribe marcó también el momento de mayor auge de acciones armadas de las FARC. En un informe que le envió a la JEP, el ente investigador explicó que, en 2002, la guerrilla se decidió “al sabotaje económico, a los atentados en centros urbanos y al secuestro de figuras reconocidas (políticos y funcionarios públicos) con el objeto de presionar por un acuerdo humanitario”.
No obstante la presión de la guerrilla, el recién elegido presidente había criticado desde su campaña electoral cualquier acuerdo de intercambio humanitario, sin compromisos definitivos de la guerrilla en materia de paz. Es más, ya había hecho público que era mucho más cercano a la idea de un rescate militar como fórmula idónea para aliviar el drama de los secuestrados. En ese contexto, las FARC recibieron a Uribe en la Casa de Nariño con 14 rockets de los que se logró salvar, pero hoy la JEP quiere ponerle la lupa a ese atentado por haberse tratado de un hecho cometido por redes urbanas de la guerrilla, en un acto de terrorismo, en el que fueron atacadas personas que no estaban en combate.
La JEP ya está buscando la manera de acreditar a las víctimas del atentado, labor que no ha sido tan sencilla como en otros casos de la Jurisdicción, pues en este expediente la mayoría fueron habitantes de calle. A cargo de la investigación están las magistradas Marcela Giraldo y Julieta Lemaitre, quienes escucharán a los exmiembros de las FARC en cinco meses, junto con el magistrado auxiliar, Hugo Escobar Fernández de Castro. Mientras eso sucede, la pregunta que reposa es si el expresidente Uribe se acercará a la JEP para acreditarse como víctima, aunque él mismo ha dicho que no reconoce a esta jurisdicción de paz. Por ahora, la Policía, el Ejército y la Alcaldía de Bogotá alistan la visita de la JEP y de su Unidad de Investigación y Acusación, para poder encontrar a las víctimas.
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