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“Desde hace meses hemos planteado que el nordeste y el Bajo Cauca podrían convertirse en un nuevo Catatumbo y la gobernación no le está prestando suficiente atención”, advirtió Luis Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades). La alerta la hizo este líder social en diálogo con El Espectador, un día después del ataque a un helicóptero de la Policía Antinarcóticos en el que murieron 13 uniformados. Uno de los hechos más violentos en contra de la institución en los últimos tiempos y que es considerado como el primero en utilizar drones para atacar a un helicóptero en el aire. El hecho ocurrió el pasado 21 de agosto en la vereda Los Toros en Amalfi (Antioquia).
La gravedad de la alerta de Quijano la respalda, no solo las denuncias que ha hecho su organización, sino las de otros líderes de la región y datos de la propia Defensoría. En la última alerta temprana que emitió esa entidad por la inminencia del peligro en el nordeste de Antioquia hay pistas de lo crítico del panorama. No solo porque allí hacen presencia varios de los grupos armados más fuertes del país, sino porque la propia defensora, Iris Marín, explicó que desde hace un año no ha podido transmitirle al alto gobierno su preocupación por estas zonas. La evidencia que tiene la Defensoría es que la zona roja está en Amalfi y en los municipios vecinos de Anorí, Vegachí, Remedios y Segovia.
Allí, dice la entidad, hay presencia de hombres del Eln, de las disidentes de las Farc, conocidas como el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF). Además, del Clan del Golfo, del grupo paramilitar conocido como Los Caparros y otros grupos de crimen organizado. En el caso del helicóptero derribado, el gobierno atribuyó el hecho al frente 36 del EMBF, liderado por alias Calarcá. Las primeras versiones señalaron que la aeronave estaba recogiendo a un grupo de civiles que realizaban labores de erradicación manual de cultivos de coca cuando fue atacada con drones y otros artefactos explosivos. Solo cuatro policías sobrevivieron y el pasado viernes 22 de agosto fueron trasladados a Bogotá.
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A ese mapa de grupos dedicados al narcotráfico, desplazamiento, reclutamiento de menores, extorsión, secuestro y homicidios, hay que añadirle los motivos de su presencia en este enclave histórico del conflicto: la disputa territorial por controlar los recursos de la minería ilegal de oro y cultivos de coca, así como los corredores estratégicos para sus negocios. Una líder social, que pidió reservar su nombre por seguridad, relató así la situación: “Ellos se dan cuenta en el pueblo quiénes son mineros y piden dinero. Retienen los carros y amenazan. No podemos trabajar por el miedo y el temor de salir de la vereda. Los grupos nos mantienen presionados. Estamos solos. Aquí en el campo estamos solos”.
La realidad que presenta la líder ya tiene varios antecedentes puntuales de violencia en el nordeste antioqueño. El primero fue el asesinato del líder social de Segovia, Jaime Gallego, desaparecido el 3 de marzo de 2025, y encontrado muerto en la vía que conduce a Vegachí, una semana después. Gallego, quien era presidente de la Mesa Minera Agroambiental del Nordeste Antioqueño, llevaba años luchando por la formalización de los mineros ancestrales y denunciando los intentos de grupos armados que intentaban instrumentalizar el movimiento sindical minero. Por su asesinato, solo un hombre ha sido capturado: Arlenson González Vanegas, alias Sebastián o Máximo, presunto líder urbano del Clan del Golfo.
Como otro antecedente, Luis Fernando Quijano, de Corpades, recordó otro hecho de violencia en el territorio. El pasado 2 de junio, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió sobre las graves afectaciones que sufría la población de la vereda Los Toros, el mismo lugar donde se registró el ataque del 21 de agosto. De acuerdo con los reportes, la comunidad enfrenta un panorama crítico de amenazas contra líderes sociales, confinamiento y un riesgo elevado de desplazamiento forzado. Uno de los hechos más alarmantes que denunció Corpades fue la presencia de actores armados dentro de la escuela local, lo que llevó a detener las clases y expuso directamente a niños y niñas.
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Otro líder, que también por motivos de seguridad pidió reservar su nombre, relató que en la vereda Los Toros está ubicada en los límites de los municipios de Anorí, Zaragoza y Amalfi y hace parte del llamado Cañón del río Porce, “donde existen varias minas muy ricas en oro y, al parecer, hay cultivos de coca. Allí, en esa vereda, el Eln siempre ha tenido el control. Sin embargo, como el Clan del Golfo ha tratado de incursionar, las Farc llegaron a apoyar al Eln. La pelea radica en torno al control de la minería y demás rentas ilegales de la zona”.
Otro caso ocurrió el 9 de junio, cuando las autoridades registraron el desplazamiento forzado de al menos 18 familias de Amalfi que llegaron al municipio de Anorí, tras combates de grupos armados. “Hay una cosa que es real y es que estamos ante un proceso de fortalecimiento de estructuras, tanto de del mal llamado Clan del Golfo, como de las estructuras de las disidencias y Eln. Es un proceso de fortalecimiento a nivel logístico militar y territorial impresionante”, señaló Quijano. El experto también profundizó en las razones del interés de los grupos por quedarse con estos territorios de Antioquia.
“El nordeste antioqueño se caracteriza por ser un corredor estratégico de oro, coca y de sustancias ilícitas. Es un lugar muy apetecido porque conecta con el Bajo Cauca y está pegado al sur de Bolívar, donde ya hay un proceso de enfrentamientos muy fuertes”, detalló el presidente de Corpades. Justamente, en esta última zona se presentó otro ataque con explosivos lanzados desde un dron que dejó como resultado un soldado muerto y siete más heridos el pasado 14 de agosto de 2025. El hecho fue atribuido al Eln y se registró en la vereda La Pradera, municipio de Santa Rosa del Sur. El soldado muerto fue identificado como Jhon Redondo Jiménez y murió mientras era evacuado a Bucaramanga.
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Quijano señaló que estos hechos son la suma de una escalada violenta que se entrama en un mismo corredor geográfico. El experto agregó que el ataque contra el helicóptero “es la muestra del fracaso de la estrategia de seguridad de la Gobernación de Antioquia”. A esta situación convulsa, le hace falta un detalle no menor: la disidencia de Calarcá, señalada de ser responsable del ataque, lleva negociaciones con el Gobierno Petro, en el marco de su política de paz total. “Pero, con un ataque como este, ¿de qué paz hablan? ¿Cómo responderá el Estado para proteger a la población que queda en el medio?”, se preguntó Quijano, dejando las respuestas abiertas.
Amalfi, una zona ligada al conflicto
En este municipio de 28.000 personas nacieron seis personas que conformaron la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo paramilitar que, a finales de los noventa y principios de los 2000, dejó más de 200.000 víctimas, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Los tres líderes de ese grupo armado organizado, Carlos, Vicente y Fidel Castaño, nacieron en una familia de 12 hermanos (cuatro mujeres y ocho hombres). Otros hombres claves en la expansión de los paramilitares, y que son oriundos de Amalfi, son los hermanos Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán; y Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario.
El primero fue clave en la expansión del Bloque Élmer Cárdenas en el Urabá chocoano; y el segundo, lideró en su momento el Bloque Centauros en los Llanos Orientales. Otro amalfitano clave en la expansión de las AUC fue Miguel Arroyave, alias Arcángel, quien también fue fundamental la llegada de los paramilitares al Meta. Este ficha clave de los hermanos Castaño, quien fue asesinado por sus lugartenientes en septiembre de 2004, lideró la incursión de los paramilitares en Bogotá con el denominado bloque capital. Otra de las personas que hizo parte del círculo cercano de la cúpula de las AUC, y que también es de Amalfi es Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Mono Leche.
Según los expedientes judiciales, este hombre fue guardaespaldas de Vicente Castaño y administrador de sus bienes. Esa tarea la compartía con la amalfitana Sor Teresa Gómez, hermana de crianza de los Castaño y cabeza del plan criminal que terminó despojando tierras a cientos de campesinos pobres del Urabá. Amalfi no solo es la cuna de estos recordados hombres de la historia de la guerra en Colombia, sino que también fue escenario de masacres, asesinatos selectivos, desaparición forzada, secuestro, desplazamiento y violencia sexual durante más de 30 años. Sus protagonistas siempre fueron los mismos: primero, los Castaño y un plan de venganza por el asesinato de su padre, y luego los hermanos Rendón Herrera.
Entre el 4 y 6 de agosto de 1982, hombres armados al servicio de Fidel Castaño llegaron al corregimiento de El Tigre en Amalfi. El CNMH documentó, en el informe “Silenciar la democracia”, que asesinaron a nueve personas y desapareció a otras más en un caserío llamado Lagartos. Con lista en mano, los criminales sacaron de sus viviendas a las víctimas, los atacaron y asesinatos con fusiles y machetes, mutilando sus cuerpos y quitándoles sus ojos y lenguas. Además, una mujer fue violada delante de los pobladores. La investigación del centro, además, reseñó que en estos hechos participaron hombres del batallón de infantería 42 “Batalla de Bomboná”.
De acuerdo con la investigación del portal Rutas del Conflicto, esa matanza obedeció a un plan de venganza de los hermanos Castaño, por el secuestro y asesinato de su padre, Jesús Antonio Castaño González, en agosto de 1981, luego de un secuestro, al parecer, por un grupo guerrillero. “Las víctimas habrían sido las familias que habitaban las casas en donde supuestamente estuvo secuestrado Castaño González”, sostiene el CNMH. Los hechos que ocurrieron en El Tigre fueron los primeros de una prolongada y sanguinaria época de violencia política, que incluyó el exterminio de la Unión Patriótica. “El proceso de violencia vivido por la región fue una guerra de masacres”, concluye el informe.
Más de 347 civiles fueron asesinatos, 147 de ellos, fueron homicidios cometidos en masacres. El último acontecimiento de estas características en Amalfi ocurrió el 12 de diciembre de 2014, cuando hombres armados ingresaron a una casa de la vereda Silencio Monos. Sin mediar palabra, dispararon contra sus ocupantes, entre quienes estaba una bebé con apenas 45 días de vida. Ella sobrevivió, pero siete personas murieron, entre ellas, dos menores de edad. Lo que se supo luego de los hechos fue que las víctimas eran familiares de El Alemán y Don Mario. Según la revista Semana, Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo líder del Clan del Golfo hasta mayo de 2022, tras su extradición, ordenó la masacre.
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