Amenazas empañaron el día nacional de DD.HH.

Este 9 de septiembre se celebró el Día Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, la conmemoración estuvo manchada por tres correos electrónicos en los que desconocidos amenazaron de muerte a 88 defensores de diversas organizaciones sociales en todo el país. En el primero de los panfletos, recibidos el pasado lunes, un remitente denominado José Peralta envió un correo masivo que rezaba: «estas son las personas que son declaradas objetivo militar por nuestra organización», aunque no precisó a qué grupo se refería, y añadió que «los vamos a acabar uno a uno. Ustedes y sus organizaciones tienen que pagar con sangre, sabemos dónde están cada uno de ustedes y sus familias, prepárense para morir».

En un segundo correo, enviado el 9 de septiembre desde la dirección electrónica aguilasnegrasbloquecapital@gmail.com, se lee: «este comunicado es para que vayan sabiendo que son objetivo militar. Dejen de mariquiar (sic) con su cuento de defensores de derechos humanos, que ese cuento no se lo come nadie: guerrilleros. La siguiente lista es de todos los que vamos a matar. Estamos defendiendo la patria y la democracia, no admitimos guerrilleros comunistas». La última amenaza, enviada por el mismo remitente, consistió en tres obituarios en los que se invitaba a las exequias de las defensoras Ana Cecilia Prada, Karen Borrero y Virgelina Chara, cuyo homicidio se fijó para el próximo 18 de septiembre a las 11 de la mañana.

Entre las personas amenazadas se encuentran Jael Quiroga, directora de la corporación Reiniciar; Antonio Madariaga, director de Viva la Ciudadanía; Wilfredo Cañizares, director de la fundación Progresar; Marina Gallego, de la Ruta Pacífica de las Mujeres; Camilo Villa, del Movice; Adriana Cuellar, exintegrante del Colectivo José Alvear Restrepo y actual asesora del representante a la Cámara Alirio Uribe; y Yanette Bautista, una de las víctimas que integró la primera delegación a La Habana y a quien le asesinaron a su hermana, Nidia Erika, militante del M-19. Sin embargo, otras personas que ya no están vinculadas a organizaciones defensoras de derechos humanos también fueron incluidas e, incluso, algunas que se encuentran fuera del país.

Estas y otras razones han despertado suspicacias respecto al verdadero origen e intención de las amenazas. Una de las hipótesis que toma fuerza entre los defensores se refiere a un presunto interés de empresas y personas vinculadas a la Unidad Nacional de Protección que, temerosas del inminente recorte masivo de recursos a esa entidad, estarían buscando generar un ambiente de zozobra que obligara al Estado a mantener y reforzar los esquemas de seguridad. El tema no es de poca monta si se tiene en cuenta que el escándalo de corrupción destapado por el secretario de Transparencia, Rafael Merchán, y por el propio director de la UNP, Andrés Villamizar, cruzaría la línea de la apropiación ilegal de recursos públicos y abarcaría nuevos y graves delitos.

Para Diana Sánchez, coordinadora de Somos Defensores, «es preocupante que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, haya dicho que el déficit en la UNP es de $70.000 millones. Eso afectaría, obviamente, el presupuesto de esa entidad, pero también a los operadores particulares, a las empresas de seguridad y a esas alianzas estratégicas que se hicieron para contratar volúmenes tan grandes de protección con esas empresas. Lo que estamos mirando es que hay que ligar la crisis de la UNP y el posible recorte de los recursos con esta campaña de intimidaciones, que buscaría generar pánico para que el gobierno tenga que inyectar recursos porque entonces ‘qué va a pasar con estas personas desprotegidas’».

Más grave aún, Sánchez señaló que «nos preocupa que quienes estén haciendo esto puedan hacer efectiva una amenaza para mostrar que el riesgo existe». Por ahora, la UNP anunció que inició una ruta de protección para 20 de las personas incluidas en las listas, de las cuales nueve ya cuentan con esquemas de seguridad. Asimismo, informó que le pedirá a la Fiscalía identificar la dirección IP desde la cual se enviaron los correos electrónicos y dijo que «rechaza y condena enfáticamente las amenazas de muerte dirigidas a estos activistas». Por su parte, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos les exigió en un comunicado público “al general (r) Óscar Naranjo, superministro para los Derechos Humanos y el Postconflicto; al Ministro del Interior; al Consejero de Derechos Humanos y al Director de la UNP, apersonarse de esta situación y tomar las medidas competentes». Desde Suiza, la Organización Mundial contra la Tortura también rechazó estos hechos.

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