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Hoy parece haber condiciones para que se inicie un proceso de negociación entre el Estado colombiano y grupos criminales. Diferente a las negociaciones de las últimas dos décadas, en las que las contrapartes del Estado eran movimientos con un origen explícitamente político e ideológico-insurgentes y contrainsurgentes, en este caso se trata de empresas criminales cuyo interés es generar ingresos a partir de mercados ilegales como la venta de drogas, la extorsión y la explotación ilícita de minerales. Un conjunto amplio de estos grupos manifestó al nuevo gobierno su disposición a negociar. El nuevo gobierno ha señalado que también está dispuesto, en virtud de su objetivo de lograr una “paz total”. Aquí discuto algunos aspectos importantes de esta negociación, que vienen de más de seis años de trabajo sobre crimen organizado con colegas de la Universidad EAFIT, la Universidad de Chicago e Innovations for Poverty Action.
¿Cuáles son las condiciones para la negociación? Por lo general, las cartas del Estado son visibles. Puede ofrecer reducciones de penas o amnistías para miembros de grupos criminales. Puede permitir también que mantengan algunos o todos los activos que obtuvieron ilegalmente. Las cartas del crimen organizado son más confusas. El Estado no tiene toda la información —líneas y tamaños de negocios, rutas de tráfico, operaciones de lavado, territorios controlados, vínculos con la política y el sector productivo, entre otros—. Esto genera un proceso de negociación asimétrico, que puede derivar en beneficios excesivos para el crimen organizado, comparado con un escenario con “todas las cartas sobre la mesa”.
¿Cuáles son los incentivos del crimen organizado para negociar? Para los líderes de estas estructuras es más fácil el análisis: pueden intercambiar parte de su libertad y activos por la eliminación de su pasado criminal y la posibilidad de disfrutar de una parte de su riqueza. Ahora, para los rangos medios o inferiores la historia es diferente. Apenas están construyendo su patrimonio y muchos aún no tienen registros criminales. Aún más, si sus jefes entran en la negociación van a dejar un vacío en la estructura, y quién más preparado para llenarlo que quien lleva haciendo fila por años. Con los rangos medios e inferiores se trataría más bien de una especie de acto altruista para retirarse del grupo, y si bien es cierto que esto puede ocurrir, sería ingenuo pensar que sería la regla general.
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¿Es posible una negociación conducente a la paz total? El problema fundamental de una negociación de esta naturaleza, en mi opinión, está en las fuerzas del mercado de drogas. La principal renta del crimen organizado es el tráfico de cocaína. Este es un producto demandado globalmente. Según cifras de Naciones Unidas, cerca de dos terceras partes de la cocaína global se produce en Colombia. El tamaño de la demanda y lo poco sensible que es a cambios en el precio hace pensar que incluso si todos los grupos signatarios de la carta se retiraran del negocio, muy probablemente llegarían otros a sustituirlos. Y como es un mercado ilegal donde la regulación se produce con las armas, estos procesos serían naturalmente violentos. Esta lógica es extensiva a otras rentas importantes como la extorsión y la minería ilegal.
¿Cuál es la paz posible? En un contexto en el que Colombia no tiene posibilidades reales de legalizar unilateralmente la cocaína, quedan algunos caminos. Lo más realista, aunque complejo, sería implementar un mecanismo de represión condicionada con estas estructuras. Esto tiene varios atributos. Primero, es necesario reconocer que estos grupos van a seguir existiendo mientras exista una demanda global de cocaína. Luego estamos en un escenario de búsqueda del mal menor y no de una paz total. Segundo, también es necesario reconocer que el Estado, con las capacidades actuales del sistema de justicia criminal, es incapaz de eliminar estos grupos por la vía de la fuerza bruta. Esto nos lleva a lo tercero: es necesario priorizar. El Estado tiene que trazar unas líneas rojas—en temas observables—y poner todas sus capacidades cuando estas líneas se crucen. Solo así es posible cumplir con la amenaza de sancionar. Esto conlleva, implícitamente, a dejar algunos asuntos por detrás de la línea roja. La línea roja podría establecerse, por ejemplo, cuando hay violencia homicida o reclutamiento de menores. Estos puntos deben comunicarse explícitamente.
Otro camino complementario sería el de disminuir el tamaño del negocio ilegal. Para esto podría, por ejemplo, legalizarse la marihuana —otra renta importante del crimen organizado— o flexibilizarse la tasa de interés de los créditos —lo que reduciría sustancialmente el mercado de préstamos informales. Estas son medidas que no necesariamente tienen que ver con una negociación, que no eliminan el problema, pero posiblemente reducen su complejidad en diferentes márgenes.
* Departamento de Economía, Universidad EAFIT
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