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Andrés Felipe Arias Leiva, ministro de Agricultura durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y uno de sus alfiles políticos favoritos en su mandato, recuperó su libertad este miércoles, después de pasar 10 años y 25 días en prisión, purgando una condena por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, impuesta por la Corte Suprema de Justicia. Aunque Arias ya no estará tras las rejas, su libertad será condicional una vez pague al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad una caución de 15 salarios mínimos -lo que equivale a $19’500.000-, condición con la que se le otorgó el beneficio.
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La decisión de dejar en libertad al exministro Arias la tomó el juzgado después de determinar que cumplía todas las condiciones para obtener ese beneficio, principalmente, porque ya purgó las tres quintas partes de su condena privado de la libertad. El exministro estuvo detenido 125 meses y 24 días (10 años y 24 días) de la pena a la que fue condenado: 209 meses y 8 días (17 años y 8 días). Además, según su abogado, Víctor Mosquera, durante el tiempo que estuvo encarcelado desarrolló “labores de manera continua de creación literaria, recuperador ambiental, labores de servicios, entre otros. Cumpliendo efectivamente con las condiciones objetivas y subjetivas para ser merecedor de recuperar su derecho fundamental a la libertad”.
La liberación de Arias da un nuevo giro en un caso que fue histórico en Colombia, no solo por tratarse de la condena contra un exministro, sino porque fue el primer caso en el que la Corte Suprema dio una segunda instancia a un aforado, es decir, un funcionario público de la talla de congresistas, gobernadores o ministros. En 2014, el alto tribunal encontró al exministro Arias responsable de haberse valido del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), pensado para subsidiar a campesinos afectados por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, para realmente terminar beneficiando a poderosos terratenientes, sobre todo en la Costa Caribe.
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Tras su condena huyó a Estados Unidos, pero la Corte Suprema de Justicia lo pidió en extradición en 2019. Inicialmente, Arias estuvo recluido en Bogotá, en el Cantón Norte del Ejército, desde donde encontró un vacío en la normatividad del alto tribunal, del cual se valió para una ingeniosa tutela para obtener una segunda instancia en la Corte. Al exministro se le otorgó el derecho, lo que significó la creación de una sala especializada para su caso y para los demás aforados que empezó a funcionar a partir de 2020. Tres años después, en febrero del año pasado, el magistrado de la Sala Penal Gerson Chaverra confirmó la condena contra el exministro Arias, convirtiéndose en la primera sentencia en segunda instancia de la historia de la Corte.
Arias no fue el único que pagó cárcel por el escándalo de AIS. Por ejemplo, el exviceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar Rueda fue condenado a 10 años de cárcel, per recobró su libertad en 2017 bajo el compromiso de testificar en contra de Arias, su antiguo jefe.
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Otros procesados en el caso fueron Camila Reyes del Toro, exdirectora de Comercio y Financiamiento del Ministerio de Agricultura, y Javier Enrique Romero Mercado, director de Desarrollo Rural del mismo Ministerio. Juan David Ortega Arroyave, exsecretario general de esa cartera; Óscar August Schroeder Muller, exasesor jurídico del Ministerio, y Tulia Eugenia Méndez Reyes, exjefe de la Oficina Jurídica seguían en juicio hasta hace muy pocos meses. A su vez, también fueron procesados Rodolfo Campo Soto, exgerente del Incoder; Daniel Montoya López, coordinador del programa Agro Ingreso Seguro; Jairo Cano Gallego, coordinador técnico del programa; Julián Alfredo Gómez Díaz, director del programa, y Julio César Daza Hernández, de la oficina jurídica.
Arias y Odebrecht
En noviembre de 2022, tres meses antes de que la justicia le negara uno de sus primeros intentos de quedar en libertad, este diario reveló una declaración que volvió a poner su nombre en la palestra pública. El Espectador publicó en ese momento la declaración de Yesid Arocha, exdirector jurídico de Odebrecht en Colombia, la firma brasileña que repartió sobornos a políticos en Latinoamérica para quedarse con importantes obras de infraestructura. Arocha indicó que la empresa dio $197 millones desde 2009 hasta 2012 a través de una empresa por su función de lobista. Incluso, ese contrato fue uno de los que alertaron la auditoría de Price Waterhouse Cooper luego de estallar el escándalo.
Además de Arocha, el exsenador y testigo estrella del caso Otto Bula y el condenado exministro Gabriel García Morales le han contado a la Fiscalía que Arias recibió pagos por su apoyo cuando la empresa aterrizó en el país con el propósito de quedarse con millonarios contratos de infraestructura. Lo cierto es que con la reciente decisión de un juez de concederle la libertad condicional y que la Fiscalía tampoco lo vinculó formalmente a una investigación penal por su posible papel en el escándalo de Odebrecht, hoy Andrés Felipe Arias es un hombre sin cuentas pendientes con la justicia.
La decisión de dejar al exministro en libertad cierra el oscuro capítulo que vivió no solo él, sino el uribismo que lo respaldaba en la época en la que con las banderas del Partido Conservador buscó hacerse como candidato a la Presidencia de la República. Uribe, quien veía en Arias a su posible sucesor como presidente, defendió hasta el último momento la inocencia que siempre dijo que tenía su exministro.
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