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En 15 días se celebrará una nueva audiencia en la cual la defensa de Andrés Felipe Arias presentará el recurso de apelación en contra de la decisión de un juez que negó la solicitud de libertad bajo fianza del exministro de Agricultura, quien fue capturado el pasado 24 de agosto por una solicitud de extradición presentada por el Gobierno de Colombia.
Las autoridades norteamericanas tienen otro plazo de 15 días para presentar sus argumentos frente a este recurso. Los nuevos abogados del exjefe de la cartera de Agricultura argumentarán que Arias Leyva es un perseguido político y no se justifica que se encuentre privado de la libertad en un centro carcelario puesto que no representa un peligro para la sociedad.
En este sentido, se ha podido establecer, presentaran diferentes certificados sobre la solicitud de asilo presentada por Arias ante las autoridades de Estados Unidos. El exministro de encuentra en ese país desde abril de 2014 cuando se filtró que iba a ser condenado por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.
Los abogados del exprecandidato presidencial por el Partido Conservador le solicitaron al juez un plazo de 40 días para conocer el caso. Igualmente la Fiscalía tiene 45 días para analizar la situación, hecho por el cual la audiencia en la que se conocerá si es extraditado a Colombia a no se celebrará a mediados del mes de enero.
En septiembre de 2014 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 17 años y seis meses de prisión a Arias Leyva por su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros por la entrega irregular de milonario subsidios agrícolas.
El alto tribunal determinó que el entonces ministro de Agricultura no cumplió con sus funciones de control y vigilancia en la celebración de contratos con el IICA para la entrega de millonarios subsidios de riego y drenaje del programa Agro Ingreso Seguro. Los mismos terminaron en manos de familias adineradas y empresarios.
La sentencia establece que el ministro era consciente de estas irregularidades y no tomó cartas en el asunto. Igualmente le dio validez a la teoría de la Fiscalía frente a la utilización de estos recursos con el fin que los beneficiarios apoyaran y financiaran su campaña a la Presidencia de la República.
“Persecución política”
El pasado 26 de septiembre una jueza del Distrito de la Florida (Estados Unidos) negó la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa del exministro al considerar que representa un peligro para la sociedad y existe riesgo de fuga. Esto tras citar que salió de Colombia cuando enfrentaba un proceso penal.
Sin embargo, su defensa sostiene que el proceso penal que se le adelantó hizo parte de una arremetida de las autoridades judiciales de Colombia en contra de los funcionarios del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Señalan además que se le ha vulnerado el derecho al debido proceso y a la defensa.
Por estos hechos de corrupción administrativa fue destituido e inhabilitado por 18 años para ocupar cargos públicos. Esta sanción disciplinaria se encuentra en estudio actualmente en el Consejo de Estado.
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