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Por tercera vez consecutiva fue aplazada la diligencia judicial en la cual la Fiscalía le iba a imputar cuatro delitos al contratista Emilio Tapia en el proceso que se le adelanta por el llamado carrusel de la contratación en Bogotá.
Tapia, considerado uno de los mayores contratistas del Distrito, se encuentra negociando un preacuerdo con la Fiscalía el cual incluye la devolución del dinero del peculado, cifra que se desconoce actualmente, y más de 2.500 millones de pesos por los anticipos de las obras viales en Bogotá.
De llegarse a un acuerdo formal con la Fiscalía, el contratista se convertiría en uno de los principales testigos en los procesos penales que se adelantan contra el suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas; la exdirectora del IDU Liliana Pardo; el excontralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi, entre otros.
La Fiscalía le iba a imputar al contratista los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y peculado por apropiación.
El contratista es investigado por su participacón en irregularidades en la contratación en la consultoría de la fase tres de Transmilenio, la malla vial y la valorización en la capital del país.
Se espera que en los próximos días se fije una nueva fecha para la diligencia judicial, en la cual se espera se exponga la decisión sobre el preacuerdo.
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