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Después de tres horas de discusión, la Sala Plena de la Corte Constitución aplazó el estudio de la tutela que busca la adopción de parejas homosexuales al no ponerse de acuerdo en la votación sobre el tema.
En este sentido, la magistrada encargada Adriana María Guillén tendrá que decidir si presenta una nueva ponencia o si retoma la existente, la cual fue radicada por el expresidente de la Corporación, Juan Carlos Henao, la cual tiene concepto favorable frente a la adopción.
Según la posición argumentativa presentada por el magistrado Henao, en este caso la adopción sería un beneficio para la menor de edad, considerando que se protege el derecho fundamental a tener una familia.
Para el magistrado se debe tener en cuenta el cambio que ha sufrido la adopción en los últimos años en nuestro país, como lo es el hecho de que parejas en unión libre puedan adoptar, así como la entrega de niños a una sola persona (hombres o mujeres cabeza de familia).
Se espera que en los próximos días se presente una decisión sobre la tutela que busca legalizar la adopción de hijos por parejas del mismo sexo.
El alto tribunal estudiará la tutela interpuesta por una pareja conformada por dos mujeres que busca la adopción de la hija biológica de una de ellas, la cual fue negada por el Bienestar Familiar al comprobar su condición sexual.
En este sentido confirma el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia que ordenó al Bienestar Familiar tramitar la adopción.
Y es que en este trascendental punto se menciona el hecho de que en estos casos se han protegido y velado por los derechos de los menores de edad, comprobando que han salido adelante gracias al apoyo de sus nuevos padres.
Hasta el momento se conoce que hay tres magistrados en abierta oposición a la adopción, otros tres convencidos de conceder el beneficios y dos indecisos.
Lo cierto es que la discusión al interior de la Corte está orientada a establecer si en este caso sólo se le ordena al Bienestar Familiar darle el trámite a la solicitud de las dos mujeres que pretenden adoptar o si hay un pronunciamiento de fondo sobre el tema concediendo el beneficio.
El proceso
La acción judicial fue instaurada a finales de 2009 por dos mujeres, una colombiana y una alemana, que conviven hace cinco años en la ciudad de Medellín.
Una de ellas tiene una hija biológica y busca que junto a su compañera puedan adoptarla, lo que implícitamente llevaría a la ampliación del concepto de familia.
Sobre este tema la Procuraduría General y la Iglesia han presentado serias críticas y cuestionamientos al considerar que solamente las familias conformadas por hombre y mujer pueden acceder.
La Corte Constitucional ha reconocido derechos a parejas del mismo sexo, como el que se puedan afiliar a los sistemas de salud y pensiones de sobreviviente, así como uniones civiles, entre otros.
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