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Por segunda oportunidad fue aplazada la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra del concejal Andrés Camacho Casado por su presunta participación en el llamado ‘carrusel de la contratación’.
Esto debido a la no asistencia del cabildante del partido de la U y de su abogado, lo que obligó a la Fiscalía a solicitar la reprogramación de la diligencia judicial.
Según se ha podido establecer, el concejal estaría adelantando unos acercamientos con la Fiscalía General con el fin de lograr un preacuerdo en el que aceptaría los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. (Ver El preacuerdo de Camacho Casado)
Camacho Casado es investigado por las irregularidades que rodearon la entrega del convenio para la unidad de mantenimiento vial en Bogotá.
Camacho Casado, concejal desde 2008, es señalado de ser una de las fichas claves del contratista Julio Gómez –hoy en día uno de los principales testigos de la Fiscalía y a la espera de firmar un preacuerdo–.
Al parecer, ambos hombres, junto con Iván Hernández Daza, exdirector de la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá y amigo íntimo de Camacho, se habrían apropiado de dineros correspondientes a contratos para la reparación de las calles de la capital.
El testigo estelar del carrusel, Emilio Tapia, en varias de sus declaraciones involucró directamente al concejal Camacho con el cartel de la contratación.
El contratista ha asegurado en la Fiscalía que el cabildante ha logrado apropiarse de dineros públicos desde hace varios años, porque el eje de toda la investigación que ha adelantado la Fiscalía contra Camacho Casado gira en torno a contratos que obtuvo con la administración Distrital antes de ser concejal.
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