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El asesinato de cuatro personas, incluidos dos niños, en Tame (Arauca) el pasado domingo 17 de abril, prendió de nuevo las alarmas en esa zona del país. Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, vive una ola de violencia desde finales del año pasado, por la guerra entre disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), quienes pelean el control del territorio. El más reciente hecho, que según las primeras hipótesis se dio por incumplir con una restricción de movilidad impuesta por uno de los grupos armados, deja en entredicho la efectividad de la militarización de la zona fronteriza y abre de nuevo el debate sobre el abandono estatal de esa región.
A la violenta muerte de los dos menores de edad y los dos adultos en Tame, que seria responsabilidad de las disidencias de las Farc, se le sumó que sus cuerpos no fueron levantados sino hasta después de 20 horas del asesinato. Según el personero de Tame, Juan Carlos Villate, “no es la primera vez que han ocurrido masacres en el departamento, y que la Fiscalía por medio del CTI se ha demorado más de 24 horas para hacer el levantamiento”. Pobladores de la zona han manifestado que los levantamientos muchas veces son hechos por las funerarias, pero sin siquiera tener el acompañamiento de la Policía o alguna autoridad que les garantice seguridad.
¿Cómo entender lo que pasa en Arauca?
Luis Eduardo Celis, experto en conflicto armado, le explicó a este diario que en Arauca hay un enorme conflicto armado desde hace cuatro décadas “que expresa un desarraigo en la sociedad araucana, una gran desconfianza con el poder central y el Estado. Sobre esa desconfianza es que ha permanecido el conflicto durante tanto tiempo. En esa zona, como en otras donde hay conflicto armado, no se ve el poder central como un amigo, como un socio, sino que se le ve como un enemigo”.
Celis sostiene que “después de la firma del Acuerdo de Paz cambió, porque las Farc eran una fuerza muy importante en el territorio, como lo es el Eln”. Son dos organizaciones que conocen el territorio y que, además, dice el experto, “tienen vínculos con comunidades, que regulan la vida de la sociedad, que ejercen como estados paralelos; lo que hacen estas organizaciones es ser un Estado paralelo en la medida en que ejercen un poder territorial concreto, dicen qué se puede hacer, qué no se puede hacer, interfieren en todas las dinámicas y ejercen también funciones de tributación, de seguridad y de justicia a su manera ilegal”.
“Uno acá puede decir que el Estado colombiano no tiene un control sobre ese territorio, lo vimos con el asesinato múltiple que vimos el domingo en Tame, donde los cuerpos no pudieron ser recogidos, tuvieron que ser levantados por sus seres queridos para las exequias y demás”, dijo el experto. Asimismo, Celis sostuvo que “este pequeño ejemplo muestra que es un territorio bastante complicado, en el cual autoridades como la Fiscalía o el Ejército no se pueden mover con facilidad”.
Para Celis, “hay un conflicto vivo, el Estado no puede controlar a la guerrilla, no los puede derrotar y tiene el agravante de que es una zona de frontera”. De igual manera, el experto recalca que “la guerrilla colombiana tiene presencia al otro lado de la frontera, allí ha echado raíces, no es un tema nuevo, esto viene desde los años 80. Hay además una relación compleja entre el Eln y las autoridades venezolanas que de alguna manera han perdido soberanía sobre su territorio. Allí se ve corrupción, negocios compartidos, identidades políticas, por eso está la variable Venezuela que contempla todo esto”.
Los grupos armados que hacen presencia en Arauca
El conflicto en los municipios de Arauca está concentrado entre dos actores armados: el Eln y las disidencias de las Farc. La disputa del territorio se da porque es una zona estratégica que conecta con Venezuela y a su vez se abre a rutas para el narcotráfico y el paso de contrabando, situación apetecida y aprovechada por estos grupos. Asimismo, Tame, Fortul, Saravena y Arauquita, en el oeste de Arauca, habían sido por años lugares de concentración del Eln, hasta la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, cuando parte de las disidencias de esa guerrilla se replegaron en ese territorio, mientras que otras fueron hacia Venezuela.
Por parte del Eln, hay órdenes de captura vigentes contra miembros del Comando Central, integrado por Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía o Carlos Emilio Marín Giraldo, alias Pablito; y Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas. De igual manera, las autoridades buscan a Juan de Dios Lizarazo Atroza y Moisés Bautista Núñez, miembros de la Dirección Nacional de esa guerrilla; y los líderes del Frente de Guerra Oriental, Ramiro Torres Rodríguez y Arturo Archila Rincón. Estas
Por su parte, las disidencias de las Farc tienen 22 órdenes de capturas por delitos como homicidio, homicidio en grado de tentativa, fabricación o porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, secuestro, amenazas, desplazamiento forzado, terrorismo y concierto para delinquir agravado. Las autoridades buscan, principalmente, a los líderes del Frente Décimo Martín Villa, comandado por Fabián Guevara Carrascal, alias Ferley y Gerardo Antonio Sanguino Franco, alias Anderson, entre otros integrantes de ese grupo criminal al servicio de alias Gentil Duarte.
Un tercer grupo armado que pasó de agache por mucho tiempo, pero cuya presencia fue muy sonada a finales del 2021, es “El Tren de Aragua”. Esta banda criminal venezolana, de acuerdo con la información de las autoridades, hace presencia en Colombia en Arauca, Bogotá, Santander y Atlántico; así como en otros países, dentro de los cuales están Perú y Ecuador. Según las investigaciones adelantadas por autoridades colombianas, esta banda tenía un pacto de no agresión con las disidencias de las Farc, acuerdo que se mantuvo hasta septiembre del año pasado, cuando uno de los disidentes fue asesinado por hombre que pertenecerían a la banda.
Los problemas de la frontera
La situación más compleja que se ha vivido en los últimos meses en esta zona fronteriza dejó una masacre de 23 personas, según la Fiscalía y que, de acuerdo con fuentes militares colombianas, se produjo luego de que se rompiera un pacto de no agresión entre las disidencias de las Farc y el Eln. El grave hecho dejó cientos de familias desplazadas y miles de personas confinadas. Además de la grave situación humanitaria que generó la masacre, El Espectador conoció que hasta los narcotraficantes que operan en la zona tuvieron que cesar la salida de alijos de cocaína por esta región hasta que uno de los dos grupos se hiciera con el control de total.
Incluso, medios de comunicación mexicanos advirtieron que emisarios de los carteles narcotraficantes de ese país viajaron a esta zona fronteriza, más precisamente al estado venezolano de Apure, para mediar en la guerra que se desarrolla. La prensa de ese país informó que en esa mediación serían fundamentales algunos miembros del Ejército venezolano que están metidos en el narcotráfico. De acuerdo con la inteligencia colombiana, ciertos uniformados de ese país son quienes permiten y coordinan las salidas, por pistas clandestinas, de avionetas cargadas de cocaína a Centro América y que luego son conducidas a los Estados Unidos.
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