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Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, está contra las cuerdas. Como confeso corrupto en el marco de la contratación estatal, está entregando información a la justicia para obtener beneficios. Los datos que revele deben ser tales que la Fiscalía logre vincular a procesos penales a funcionarios y congresistas que habrían recibido millonarias tajadas por desviación de contratos de la Unidad. Su testimonio ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le ha permitido a ese alto tribunal iniciar investigaciones contra nueve congresistas, incluido el expresidente del Senado, Iván Name. Además, una reciente filtración de su testimonio puso de presente otro señalamiento de magnitud nacional: dinero de contratos de la Ungrd habrían terminado en manos del ELN.
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Según dijo Olmedo López a la Corte Suprema, él mismo tendría registros de la entrega de un contrato de la Ungrd en Arauca, que terminó financiando al ELN. El acuerdo público se habría dado justo cuando, a finales del año pasado, esa guerrilla anunció tener dudas con el futuro de los diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro y que, por ello, seguirían secuestrando a víctimas. Olmedo López explicó que, para evitar una ruptura en los diálogos, se habría dispuesto a su Ungrd para supuestamente entregar fondos a la guerrilla. “¿Y cómo se lo iban a garantizar? Pues con contratos, señora magistrada”, señaló. Y entregó el nombre de la congresista Karen Manrique, representante por Arauca, como la presunta mediadora del hecho delictivo. La política ya está bajo investigación de la Corte.
El Espectador consultó con fuentes en la región y encontró que, de por sí, la probabilidad de que el ELN adquiera recursos de contratación estatal es máxima, pero también que la Ungrd llevó a cabo al menos dos grandes proyectos justo cuando el ELN amenazó con volver a los secuestros. “La Ungrd entregó hace unos meses las ollas comunitarias, que fueron casi por $18.000 millones. Pero se las dieron a las organizaciones sociales y en el departamento fue un escándalo porque mucha gente denunció que la comida estaba en mal estado y que, si eran dos platos de comida, les daban solo uno”, le dijo a este diario Edgar Guzmán, exsecretario de la Gobernación de Arauca para el periodo 2022. Salió del departamento por amenazas de muerte.
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Por su parte, Eduardo Cedeño, politólogo y analista independiente, agrega que en los últimos meses la Ungrd entregó maquinaria, retroexcavadoras y material para intervenir varios municipios del sarare araucano como Saravena, Fortul, Arauquita, Tame, Cravo Norte y la capital Arauca. “En el departamento hay un problema geográfico grandísimo, que viene desde hace 30 años, con la expansión de la colonización campesina. Hay unos cambios de cursos de ríos y hay campesinos que se han hecho en lugares de riesgo, quienes están necesitando unas canalizaciones de las corrientes”, le dijo a este diario Cedeño. Y agregó que las autoridades judiciales no deben perder de vista esas inversiones, en el marco de las declaraciones filtradas de Olmedo López.
Aunque el testimonio López por ahora no tiene mayores consecuencias, el testigo prometió que, de escarbar en el asunto, podría ponerse en “riesgo la paz total” por presunta financiación a un grupo armado ilegal. Aunque es una teoría que hasta ahora empieza a ser investigada por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, las fuentes consultadas establecen que no es una idea nada descabellada pensar en que fondos de la Ungrd hubiesen terminado en el ELN. “La guerrilla ha logrado cooptar los presupuestos municipales, los contratos públicos y todo lo que tiene que ver con los fondos que maneja la gobernación”, explica Charles Larratt-Smith, profesor del departamento de Justicia Criminal de la Universidad de Texas, colaborador del centro de investigación Cinep.
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La Misión de Observación Electoral (MOE), en una monografía político-electoral sobre Arauca entre 1997 y 2007, concluyó que desde 1990 el Estado en el departamento fue “capturado”. El frente Domingo Laín Sáenz del ELN, explicó, a partir de ese momento “se involucró en los procesos electorales para garantizar que sus aliados ocuparan cargos de elección popular y, así, dominar el terreno estatal y capturar los recursos de las regalías del petróleo”. Según el politólogo Cedeño, la historia de Arauca está dividida en dos, tras el descubrimiento del yacimiento de petróleo Caño Limón en los ochenta. Antes de ello, las primeras células guerrilleras hicieron las veces de Estado, lo cual se incrustó en la cultura misma del araucano. Pero, con los réditos del petróleo, las instituciones colombianas llegaron a intentar institucionalizar lo que ya había sido cooptado por el ELN.
“El ELN siempre ha postulado sus propios candidatos para las alcaldías y la gobernación, a través del Partido Liberal. Esa dinámica duró hasta el 2002, con la llegada del presidente Uribe y, al tiempo, del Bloque Vencedores de Arauca de las AUC, que coopta la política hasta 2010″, agrega el profesor Larratt-Smith. A partir de entonces, agrega el académico, debe mirarse la relación entre la política y la contratación estatal como una obligación para cualquier autoridad, porque el ELN siempre pide entre el 5% y el 10% de todos los acuerdos públicos. El politólogo Cedeño agrega que también amarran el dinero “a través de los concursos estatales, porque el ELN no solo echa bala, también tiene gente con maestría, doctorados, ingenierías y educados en administración, que siempre se quedan con los contratos”, dice.
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El historial habla por sí mismo. El primer gobernador de elección popular, Luis Colmenares (1992-1994), fue investigado por supuesta entrega de dinero al Eln a través de fondos públicos de fomento. Colmenares fue asesinado por paramilitares en 2001. Su sucesor en la gobernación, José Vicente Lozano (1995-1997), fue condenado en 2010 por rebelión, pues fue alcalde de Saravena, diputado a la asamblea y gobernador, gracias a la promoción que recibió del ELN. Otro exgobernador, Héctor Gallardo (2001-2003), fue sentenciado en primera instancia por lo mismo, no obstante, su caso prescribió. Julio Acosta (2004-2007) también fue condenado por contratación irregular. Dos de los últimos gobernadores, Ricardo Alvarado (2016-2020) y Facundo Castillo Cisneros (2012-2015 y 2020-2021), están en juicio por presuntamente contratar con esa guerrilla.
Sobre Ricardo Alvarado y Facundo Castillo, la Fiscalía los relaciona con el presunto contratista del ELN conocido en la región como Jhonny Bello, el detenido Jhony Alexander Bello Ortega, exrepresentante legal de la empresa Coinsac. Por ejemplo, en la audiencia de imputación contra Castillo, la Fiscalía le reprochó haber pactado un contrato en marzo de 2013 por $551 millones, otro ese mismo mes por $405 millones y otros en 2014 y 2015. “Todos estos contratos tienen por objeto desde estudios técnicos y diseños de detalle de vías. Son obras públicas que fueron contratadas por la Gobernación y el integrante del Eln Jhony Bello. También hacen referencia a construcción de puentes y obras de movilidad”, agregó el fiscal del caso.
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Según el exsecretario de gobierno Edgar Guzmán, quien hizo parte del gobierno regional tras la salida de Cisneros y con el encargo presidencial al excomandante general de las Fuerzas Militares, Alejandro Navas Ramos, el puesto de Jhony Bello ahora lo tiene un contratista guerrillero que responde al alias de “El Salaito”. “La gente legitima las alianzas con el ELN, porque está acostumbrada. Pero hay un alto número de la población que está cansada, que ve que esa famosa lucha social no avanza y es un nido de corrupción”, concluye. Por ahora, las declaraciones filtradas de Olmedo López levantaron ampolla por la gravedad de su señalamiento. Por ello, la congresista Karen Manrique ya está bajo investigación, y la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia avanzan para despejar todas las dudas, incluyendo esta supuesta financiación, en el expediente Ungrd.
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