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La Procuraduría General archivó la investigación disciplinaria que se adelantaba contra el concejal de Bogotá, Javier Palacio por presuntamente utilizar su cargo y posición social para beneficiar a una empresa de su familia con la celebración de contratos con el Ministerio de Defensa y otras entidades del Estado.
La investigación hacía referencia a los contratos firmados para la confección de prendas militares con la cartera de Defensa. Tras la recolección de elementos materiales de prueba se determinó que el cabildante no intervino ni tuvo injerencia en la celebración de los mismos por lo que se dio finalizado el caso.
“Existió un principio de legalidad y transparencia”, precisó el abogado del concejal en diálogo con Blu Radio al explicar que se consideró que no se presentó un tráfico de influencias en la celebración de contratos, ni se presionaron a funcionarios o presentaron hojas de vida para que se nombrar a personas con el fin de beneficiar a la empresa conformada por su núcleo familiar.
Ante esto se archivó la investigación que se adelantaba por las irregularidades en contratación con el Fondo Nacional de Vigilancia al considerar que no incurrió en una falta disciplinaria, pues no se pudo demostrar que el concejal tuvo influencia o participación para la firma de dichos convenios contractuales.
En este caso se recibieron las declaraciones de los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez –procesados por el ‘carrusel de la contratación’ así como funcionarios de la administración distrital y el Ministerio de Defensa. Al hacer la evaluación de los testimonios se determinó que el concejal no incurrió en los cargos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y tráfico de influencias.
Sin embargo, en contra del cabildante se adelanta cursa otra investigación en el Ministerio Público por las irregularidades en la celebración de contratos con la Secretaría de Salud.
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