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La Procuraduría indicó que no encontró pruebas de que Olarte hubiera incurrido en alguna irregularidad en la realización de unas supuestas actas falsas que, al parecer, les habrían permitido a varios magistrados auxiliares y seccionales de la Judicatura pensionarse con millonarias jubilaciones con apenas algunos meses de trabajo. El escribiente de la Judicatura, Alberto Barrera, también fue beneficiado con la decisión. Al respecto, la viceprocuradora aseguró que “de las pruebas recaudadas en esta actuación no es factible predicar que los investigados cometieran alguna conducta reprochable”.
Esta determinación se presenta, precisamente, en momentos en los que la Fiscalía adelanta un proceso penal contra Olarte por supuestamente haber incurrido en el delito de falsedad en documento público. Además de archivar la investigación, en su fallo la viceprocuradora solicita compulsar copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que investiga a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga, Julia Emma Garzón y Angelino Lizcano por su presunta participación en este escándalo. Aunque esta corporación ya archivó la investigación por las supuestas actas falsas, igualmente se ordena informar del fallo a la magistrada de esa misma corporación María M. López, debido a que información presentada por ella fue determinante para que se iniciara el proceso en contra de Olarte y Barrera.
López es una de las denunciantes de las supuestas actas falsas. Las declaraciones de López han generado toda una controversia en el interior de la misma Judicatura y, de hecho, López fue denunciada por su colega Henry Villarraga, y por ello es investigada en la Comisión de Acusación. Abelardo de la Espriella, abogado del magistrado Villarraga, aseguró que a la magistrada López “se le están devolviendo como un bumerán las acciones judiciales que ha empezado en contra de sus compañeros de Sala, simple y sencillamente porque tales denuncias fueron falsas y no corresponden a la realidad de los hechos”.
Por ahora, mientras la Procuraduría archiva su investigación, Contraloría y Fiscalía continúan con sus respectivos procesos para esclarecer este escándalo. Recientemente, la Contraloría les abrió pliego de cargos a 13 magistrados y exmagistrados de la Judicatura y, por su parte, la Fiscalía citó a interrogatorio a siete exmagistrados auxiliares de esa corporación para que den su versión de los hechos. Ya ocho exmagistrados seccionales fueron escuchados por el ente investigador.